La comunidad de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) prepara una marcha kilométrica para este viernes 4 de febrero a las 13:00 horas. Se trasladarán del campus universitario hasta el zócalo de Puebla, para continuar exigiendo la liberación de la institución.
Con el nombre de “Marcha estudiantil por una UDLAP y una educación libre”, los estudiantes han pedido el apoyo de otros estudiantes para manifestarse, así como a los ciudadanos y a los comerciantes de Cholula, que señalan han sido afectados por el cierre de las instalaciones.
Suman siete meses desde que la universidad fue tomada por un nuevo patronato. Pese a que los estudiantes han hecho diversas manifestaciones para que la operación vuelva a manos de la dirección histórica, encabezada por la familia Jenkins, no han funcionado. Esta vez anunciaron que marcharán hacia el centro de Puebla capital.
Los estudiantes han alzado la voz en puntos como la 14 Oriente, donde se encuentra una entrada de la UDLAP, en la Fiscalía General del Estado, en Casa Aguayo y por tres días consecutivos han cerrado dos vías rápidas la Recta a Cholula y el Periférico Ecológico.
Los cierres viales de los estudiantes han provocado el descontento de la sociedad y diversos automovilistas se han enfrentado con los universitarios por afectar su circulación.
El conflicto de la UDLAP inició en junio de 2021
El conflicto comenzó el 29 de junio de 2021, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio ingresaron al campus y desalojaron a los estudiantes, maestros y al personal administrativo.
La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, impuso a un nuevo patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez, quien informó que promovió ante el Poder Judicial de la Ciudad de México un juicio ordinario civil.
Lo anterior, a fin de recuperar los bienes que fueron distraídos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, a través de un conjunto de actos delictivos de simulación y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que fueron denunciados ante las autoridades federales y locales.
En el transcurso de los siete meses, el patronato histórico ha presentado suspensiones definitivas y exhortos, que ordena la devolución de la institución; sin embargo, estos han sido devueltos a los jueces.
El pasado 1 de febrero la jueza de control, Magally Escamilla Rodríguez resolvió en audiencia que debían generarse las condiciones para reanudar las actividades académicas en las instalaciones, bajo la certeza por parte de los maestros, directivos y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sin embargo, los estudiantes que se estaban manifestando se negaron a ingresar hasta que la rectora Anaya Berríos les notificará que sería seguro.
Horas más tarde, la rectora interina dijo que no volverían a clases presenciales hasta que un juez les haga entrega de las instalaciones de manera formal, y deje de legitimar al patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez.
Posteriormente el 2 de enero, el abogado de la UDLAP, Carlos Robledo declaró que el exhorto del Poder Judicial del Estado de Puebla para que los estudiantes retomaran las actividades académicas era espurio, pues no tenía ninguna consecuencia legal.
A su vez, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta llamó a los estudiantes a la prudencia y al diálogo para retomar sus actividades presenciales, al señalar que quedó acreditado que no hay ningún obstáculo para que se ocupe el campus.
Consideró que el tema del recinto universitario se está tomando como estrategia de defensa de los que saquearon la Fundación Mary Street Jenkins, derivado del anunció sobre que no volverán hasta que el patronato histórico tenga el control total de la institución.
dando clic en el periódico