El exhorto del Poder Judicial del Estado de Puebla por medio de la Jueza de Control, Magally Escamilla Rodríguez para retomar las actividades académicas en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es espurio, no tiene ninguna consecuencia legal, dijo el abogado del patronato histórico, Carlos Robledo.
En conferencia de prensa, explicó que las autoridades judiciales no hacen exhortos, dictan resoluciones para que se cumplan, por ello, es necesario que un juez civil haga la entrega de manera formal y de fe del inventario que hay en la universidad, para verificar si hubo un saqueo.
Indicó que la comunidad universitaria está impedida a ingresar a las instalaciones porque violentarían los procesos judiciales y el patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez podría ejercer acciones en contra de las personas que ingresen a la institución.
Haría un llamado a los alumnos y profesores que no violentaran algo que no es necesario violentar, la ley está de nuestro lado y los jueces nos han dado la razón, si se meten por la fuerza podría haber una complicación personal incluso para ellos, porque la posesión de la universidad la siguen teniendo los espurios y ante eso ellos siempre tendrán la posibilidad de ejercer acciones en contra de quien se meta sin una orden judicial”.
Destacó que actualmente las acciones legales están en manos del Juez 60 de la Ciudad de México, luego de que el Juez 24 regresó los exhortos por una cuestión procesal, acción por la cual habrá una sanción en su contra.
El patronato histórico tiene una suspensión provisional para recuperar el campus
Robledo recordó que el patronato histórico encabezado por la familia Jenkins presentó desde julio un amparo, donde el Juzgado Tercero de Distrito de Puebla revocó las medidas que utilizó el nuevo patronato para tomar la universidad.
Durante la última semana de julio, se dictó una suspensión provisional a dichas medidas y las autoridades judiciales ordenaron la restitución de la UDLAP determinando que la operación total de la universidad debía quedar bajo la dirección histórica y a cargo de Cecilia Anaya Berríos, su rectora interina.
Al no acatar las resoluciones, el 4 de noviembre se generó una nueva sentencia definitiva y se tramitaron dos exhortos al Poder Judicial de Puebla, que no acató y devolvió al juez 24 de la Ciudad de México.
Carlos Robledo declaró que desconoce el tiempo que tomarán los juicios para recuperar el campus; sin embargo, aseguró que las clases continuarán y consideran aceptar un convenio con otra institución para retomar las clases presenciales.
Fue el pasado 1 de febrero cuando la jueza de control, Magally Escamilla Rodríguez resolvió en audiencia que debían generarse las condiciones para reanudar las actividades académicas, bajo la certeza por parte de los maestros, directivos y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sin embargo, los alumnos que se estaban manifestando se negaron a ingresar hasta que la rectora Anaya Berríos les notificará que sería seguro.
Horas más tarde, la rectora interina dijo que no volverán a clases presenciales hasta que un juez les haga entrega de las instalaciones de manera formal y deje de legitimar al patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez.
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