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Gerardo P., y Sharon P., detenidos tras irrumpir en el fraccionamiento donde vive el candidato a la gubernatura Eduardo Rivera, estarán en prisión todo el tiempo que dure el proceso en su contra. 

Ambas personas fueron vinculadas a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y robo. 

En horas recientes concluyó la audiencia en la que un Juez de Control tomó dicha determinación contra los dos detenidos por los hechos ocurridos en el fraccionamiento de Eduard Rivera. 

Aunado a esto, el juez dictó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que continuarán en prisión. 

Al Ministerio Público se le otorgó un plazo de cuatro meses para que realice la investigación complementaria. 

La noche del sábado 4 de mayo el candidato a la gubernatura por la coalición “Mejor Rumbo por Puebla”, reportó los hechos. 

Eduardo Rivera Pérez indicó que sujetos armados vulneraron la seguridad del fraccionamiento donde vive, en la zona de Zavaleta. 

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De acuerdo con la información del caso, un grupo de personas burlaron la seguridad del fraccionamiento e irrumpieron en el domicilio de sus vecinas. 

Los sujetos preguntaron por “el político” y señalaron que lo iban a esperar para darle un disparo en la cabeza. 

Tres mujeres, madre e hijas, fueron golpeadas y retenidas por los delincuentes, y minutos después se dieron a la fuga en una camioneta. 

Tras el reporte de lo ocurrido, se registró una importante movilización de elementos de la Policía Municipal y Estatal. 

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron la búsqueda de la unidad y lograron ubicarla. Después se reportaron los dos detenidos por los hechos en el fraccionamiento de Eduardo Rivera. 

Eduardo Rivera aseguró que los sujetos iban por él 

El exedil ofreció una conferencia de prensa un día después de lo ocurrido en la que señaló que se trató de un ataque directo en su contra. 

Agregó que mantenía comunicación con sus vecinas y aseguró que se iba a mantener en la contienda.  

Exigió a las autoridades federales y estatales cumplir con su obligación para garantizar la paz y condiciones elementales para el desarrollo de un proceso democrático. 

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