La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vigiló a una colectiva de mujeres feministas en Puebla, pues calificaron su lucha contra el patriarcado como un asunto de seguridad regional. En lo general, pusieron énfasis en todas las colectivas, al considerarlas como un peligro similar al del crimen organizado.
De acuerdo con una revisión a los Guacamaya Leaks, hecha por El Sol de Puebla, funcionarios del Ejercito, la Fiscalía General del Estado (FGE) y del gobierno de Puebla, consideraron a finales del 2020 que el surgimiento de una colectiva afectaba los intereses gubernamentales.
Omitiendo el nombre de la organización para no vulnerar sus derechos, el periodista Daniel Cruz expuso que, en una Mesa de Coordinación de Seguridad, los funcionarios mostraron fotografías, nombres y apellidos de ocho jóvenes, algunas de ellas exalumnas de la BUAP.
A principios de 2020, estudiantes de dicha institución se destacaron por denunciar al sistema patriarcal dentro de la universidad. Expusieron el acoso que han sufrido por parte de docentes y personal administrativo de la institución, lo que derivó en la toma de algunos planteles.
La Sedena calificó a la colectiva feminista en cuestión como “radical”, debido a que buscaban “fortalecer el movimiento feminista en el Estado” y a que impulsaban la interrupción legal del embarazo, la cual, es una de las mayores exigencias en la entidad poblana.
Según la Sedena, la colectiva feminista de Puebla se fundó por la influencia de otra organización similar de Jalisco. También acusó que recibieron aportaciones de dicho colectivo y destacó que la colectiva poblana pretendía entregar alimentos y ropa a personas de escasos recursos y en situación de calle.
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Clasifican a feministas con un nivel de peligrosidad similar al del narco
En uno de los correos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, se descubrió que la Sedena calificó a organizaciones nacionales con un nivel de amenaza media y alta para la seguridad del Estado. De esa forma, clasificaron a grupos feministas junto al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en nivel de peligrosidad.
Además de las colectivas y el CJNG, fueron clasificados en la escala del 10 al 15, a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra, el Sindicato Libertad y el grupo disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En la escala del 5 al 10, figuran organizaciones criminales como La Familia, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, La Unión Tepito y Cártel del Centro.
También, la Sedena agregó a grupos que defienden sus territorios contra macroproyectos económicos. Es el caso de los 12 pueblos originarios de Tecámac, el Frente de Pueblos Originarios Unidos en Defensa del Agua.
A su vez, aparece en el mismo rango de “peligrosidad”, Antorcha Campesina, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, e incluso los familiares de niños con cáncer, madres usuarias de guarderías infantiles y exmiembros de la extinta Policía Federal.
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