Una nueva puerta está por abrirse para resarcir el daño causado por la violencia de género en Puebla. El Congreso del Estado perfila la aprobación de las primeras dos reformas más importantes de este año: la tipificación de la violencia ácida y la Ley Monzón.
Este 27 de febrero, las comisiones de Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia, avanzaron con la aprobación de ambas iniciativas que llevaban más de medio año en espera de ser dictaminadas.
Las reformas, sentarán un precedente para la impartición de justicia a favor de las mujeres. En el caso de la Ley Monzón, Puebla será la primera entidad donde se apruebe. Los diputados guardan con esperanzas que las dos leyes sean replicadas en todo el país.
La tipificación de la violencia ácida se remonta al 6 de junio del 2022, fecha en la que se presentó por el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina. En los meses siguientes, diputadas del PAN y Morena presentaron sus versiones, dando un total de 5 dictámenes que fueron homologados.
Esta propuesta impacta al artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se agrega el concepto de violencia ácida. Se entiende como cualquier agresión con sustancias corrosivas, perpetrados contra una mujer.
También, se modifica el artículo 338 Quinquies del Código Penal estatal. Con esto, los ataques de ácido se tipifican como tentativa de feminicidio, dando así una pena de 26 a 40 años de prisión. Este punto es sumamente importante. La Fundación Carmen Sánchez y la saxofonista María Elena Ríos, destacaron que debía legislarse de esa manera para abrir una impartición correcta de la justicia.
Y es que, de mantenerse como agravante de lesiones, los casos no se atenderían por la Fiscalía General del Estado (FGE) con el peso que merecen.
Con la violencia ácida, hablamos de un daño irreparable que sufren las víctimas, al borrar su identidad con la desfiguración de su rostro. Es como “eliminarlas en vida”, según han destacado las víctimas.
El objetivo principal de atacarnos con ácido es matarnos; y ‘matarnos’ que no se entienda simplemente en esta idea que convenimos en que se desprenda el alma del cuerpo (…), sino la forma en cómo te matan en vida, cómo matan tus anhelos, los proyectos, tu vida completa y que a pesar de que sobrevives, te tienes que levantar”, dijo María Elena Ríos en su visita al Congreso de Puebla, el 10 de noviembre del 2022.
Una deuda con Cecilia Monzón
Igual que la violencia ácida, la Ley Monzón es relevante. Así se le conoce a la reforma presentada el 20 de julio del año pasado por la diputada del PT, Mónica Silva Ruíz. Posteriormente, se sumaron otras dos iniciativas del PAN y PRI.
Va dirigida al Código Civil y Penal estatal, para quitar la guardia y custodia y patria potestad a los padres feminicidas. Los jueces tendrán facultades para modificar la custodia de los padres.
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Solo aplica a las personas que hayan sido vinculados a proceso. Tendrán la oportunidad de recuperar la custodia de sus hijos, en caso de ser inocentes. De esa manera, la custodia de los menores de edad quedará a cargo de los familiares de la víctima.
Mónica Silva ha hecho hincapié en que esta reforma salvaguarda el bienestar de los niños. Ha destacado que los menores no pueden quedar en un ambiente familiar, donde dependan del hombre que asesinó a su madre.
El nombre de esta reforma no es decorativo. Es una manera de saldar la deuda que se tiene con Cecilia Monzón Pérez, la activista y abogada que asesinaron por orden de su expareja, el expriista Javier López Zavala y con quien tenía un hijo del que él ex secretario de Gobernación peleaba la patria potestad desde la cárcel.
El feminicidio lo perpetró López Zavala, a 12 años de haber alcanzado la cúspide política con el exgobernador Mario Marín Torres. Zavala Ordenó que Cecilia Monzón fuera asesinada por dos hombres en motocicleta. Dispararon a la activista en San Pedro Cholula, el 21 de mayo del 2022. El 6 de junio, la FGE dio a conocer la detención del exfuncionario estatal, tras la intensa presión que hubo a nivel internacional.
Acelerarán votación de la violencia ácida y la Ley Monzón
La Fiscalía detalló el modus operandi. El expriista trajo a Puebla a su sobrino, Jair N., y le entregó una pistola calibre 9 milímetros y la motocicleta para cometer el delito. Jair N. contrató a Silvestre N., con quien vigiló por varios días a la activista para establecer su rutina. El día del feminicidio, siguieron a Cecilia Monzón desde el fraccionamiento La Rivieira de San Pedro Cholula.
Tras dispararle a un metro de distancia, se resguardaron en una casa para, posteriormente, salir en una camioneta Durango. El auto, lo proporcionó por Santiago N., secretario particular de López Zavala.
Para tratar de salir impunes, Jair N. regresó a Chiapas, de donde es originario. Silvestre N. se fue a Veracruz. Lo detuvieron el 30 de julio de ese año.
Se prevé que la tipificación de la violencia ácida y la Ley Monzón sean votadas en el Pleno del Congreso del Estado el próximo 2 de marzo, antes de que termine el Periodo Ordinario.
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