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La Comisión de Derechos Humanos (CDH) comenzó una investigación por el desalojo de habitantes de la planta de Bonafont, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, quienes acudieron por orden de un juez.

El organismo autónomo informó que recibió una copia del escrito dirigido a la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, donde el colectivo “Pueblos Unidos” acusó presuntas violaciones a sus derechos, por parte de los elementos de seguridad.

La CDH informó que el 18 de febrero iniciaron sus indagaciones, turnadas a la Segunda Visitaduría General, asentadas en los expedientes 926/2022 y 927/2022.

De esa manera, solicitaron un informe detallado de los sucesos en la planta de Bonafont a los Ayuntamientos de Juan C. Bonilla y Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, así como a la Guardia Nacional.

Desalojo ocurrió sin agresiones físicas

La CDH informó que como parte de sus indagaciones, realizaron entrevistas a los habitantes de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, quienes fueron desalojados de la planta de Bonafont en Juan C. Bonilla, municipio de Puebla, con la finalidad de identificar a gente que haya sido agredida físicamente.

Sin embargo, las personas entrevistadas por personal de esta CDH manifestaron no conocer a personas agraviadas por dichos hechos. Además, ninguno de los entrevistados quiso presentar queja alguna o ratificar la misma”.

Durante la madrugada del 15 de febrero, 400 elementos de la Policía Estatal y de la GN arribaron a la planta de Bonafont de Puebla, en respuesta a una solicitud de un juez estatal, quien exigió la liberación de las instalaciones.

De esa forma, los habitantes de la junta de Santa María Zacatepec, autonombrados como “Pueblos Unidos”, fueron expulsados del sitio, a más de siete meses de tomar el espacio por señalamientos contra la empresa de extraer agua de las comunidades.

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