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En la última sesión del Segundo Periodo legislativo, el Congreso local aprobó la designación de Edgar Sánchez Farfán, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo y Claudette Hanan Zehenny como magistrados de Sala Especializada en Materia de Responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, encargada de juzgar faltas graves que cometan funcionarios.

Este martes, el Pleno avaló con 35 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la propuesta presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta el pasado 10 de marzo.

Tras la aprobación, los tres nuevos magistrados rindieron protesta ante la Mesa Directiva.

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Rinden protesta como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla

Sánchez Farfán fungirá por nueve años como magistrado, dejando su actual cargo como director general de Asuntos Jurídicos del Congreso local, siendo un perfil que fue afín al morenovallismo.

Por otra parte, Urtuzuástegui Carrillo estará en este Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla durante 15 años. En julio del 2021, dejó la Secretaría de Administración estatal sin mantener enemistades con Miguel Barbosa, quien entonces la calificó entonces como una persona honrada y de confianza.

En cambio, Hanan Zehenny estará por 12 años, siendo postulada pese a que, el pasado 15 de diciembre, el Congreso local la designó como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itapue).

La Sala Especializada

Ellos serán los primeros magistrados que integren la Sala Especializada, cuya creación fue aprobada por el Congreso local en diciembre del 2021. Su función será determinar responsabilidades contra servidores públicos por irregularidades administrativas graves.

Posteriormente, en febrero del presente año, el Poder Legislativo avaló una serie de reformas complementarias, donde se definió que las faltas graves que ocurran en la Auditoría Superior del Estado (ASE) serían resueltas por ellos.

En entre esas, algunos casos de corrupción que pudiera haber cometido el entonces auditor Francisco Romero Serrano, quien el pasado 25 de febrero fue detenido por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita, o también por irregularidades de Guillermo Aréchiga Santamaría, ex titular de Movilidad y Transporte que cobró moches en la entrega de concesiones y orquestó un fraude con las licitaciones de cámaras y botones de pánico.

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