Por unanimidad, el Congreso de Puebla aprobó la iniciativa del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, para establecer el procedimiento para la destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) si no satisface con su desempeño contra la corrupción.
En Sesión Ordinaria, los diputados avalaron una serie de modificaciones a la Constitución local, para permitir que el titular sea destituido si su desempeño no complace al Legislativo en investigar posibles casos de corrupción.
También, si no informa sobre sus labores y si permite la injerencia de actores políticos en la revisión de cuentas o en la imposición de sanciones.
El titular de la Auditoría Superior del Estado podrá ser removido, exclusivamente, por causa grave, con la misma votación requerida para su nombramiento (…) se entiende por causa grave: contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de fiscalización (…) No satisfacer los requisitos o actualizar los supuestos de prohibición establecidos en el presiente artículo, ausentare de sus labores por más de un mes, sin que medie autorización del Congreso, no presentar su informe anual, conducirse con parcialidad o aceptar injerencia de los partidos políticos (…) obtener una evaluación no satisfactoria dos años seguidos por parte del Congreso, incurrir en faltas administrativas graves, cualquier otro acto de corrupción”, señala la reforma.
Quedará en manos del Legislativo decidir si el titular debe ser removido. De igual forma, se plantea la creación de una Unidad Técnica dentro del Congreso local “para el control, vigilancia y evaluación” de la ASE.
Al respecto, la presidente de la Comisión Superior Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, Olga Romero Garci Crespo, negó que esta iniciativa esté hecha para destituir al actual auditor, Francisco Romero Serrano.
Aseveró que la reforma solo es para generar contrapesos en la ASE, con el objetivo de garantizar la imparcialidad en la revisión de cuentas.
Es una razón de pesos y contrapesos. No todo el poder puede recaer en una persona, debe ser redistribuido”.
La iniciativa entrará en vigor en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial del Estado (POF).