A punto de cumplir 21 años de existencia, la Policía Municipal de Puebla enfrenta una de sus peores crisis, y no precisamente porque la incidencia delictiva se haya desbordado.
No es la primera vez que esto sucede, gobernadores y presidentes municipales han ido y venido y el problema persiste, particularmente cuando tienen el mismo origen partidista, como pasó con el extinto Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera, al inicio de su administración.
Quizá uno de los mejores momentos, en términos de mejora en la incidencia de delitos del fuero común y federal, fue entre 2013 y 2015, sin embargo, tampoco estuvieron exentos de conflictos de orden político que terminaron eclipsando descensos significativos con cifras de dos dígitos.
Dicho en otras palabras, más allá de los resultados, lo que han buscado y buscan gobernadores y presidentes municipales es el control político más que el mando de los policías, ya que estas corporaciones se encuentran íntimamente asociadas al poder.
Los paganos de este tipo de conflictos siempre han sido y serán los habitantes de la capital poblana, mientras que los verdaderos ganadores son los grupos delictivos que operan sin mayor preocupación, algunos de los cuales con toda seguridad se aprestan a efectuar actos vandálicos y saqueos en centros comerciales, así como en tiendas de autoservicio y de conveniencia, como sucedió durante los primeros días de enero de 2017 con el denominado “gasolinazo”.
Lo curioso del caso es que, a tres años de distancia, el problema no deriva del incremento en el precio de la gasolina, sino de la crisis de abasto y salud generada por el aumento en las personas infectadas con coronavirus en Puebla.
Sobre el conflicto generado por el nombramiento del responsable de la seguridad pública en el municipio de Puebla, habrá que hacer un poco de historia.
En 2017 se firmaron los convenios entre el gobierno del estado y los municipios conurbados para poder operar sin que los límites territoriales fueran impedimento para hacer frente a la delincuencia, la cual no conoce fronteras ni ámbitos de competencia de los gobiernos federal, estatal y municipal.
En ese entonces se pensó que el espíritu de los convenios superaría cualquier diferendo político y operativo, pero por lo visto sus impulsores se equivocaron y el día de antier los policías municipales de Puebla fueron prácticamente “desalojados” de sus espacios y tuvieron que regresar a sus instalaciones de Rancho Colorado con sus cosas en la batea de las patrullas.
Habría que ver cómo están los términos del convenio porque hasta donde se sabe, el municipio de Puebla aportó recursos económicos, tecnológicos y capital humano y no podrían correrlo por una desavenencia de esta naturaleza, porque si de eso se trata, en una de esas hasta los integrantes de la extinta Policía Federal, hoy incorporada a la Guardia Nacional, podrían correr la misma suerte y ser “lanzados” del Arco de Seguridad de Huejotzingo (que opera bajo jurisdicción estatal) para regresar a las instalaciones que ocupaba anteriormente, ubicadas cerca del Río Atoyac sobre la autopista México-Puebla. Habrá que tomar en cuenta que la GN solo ha venido pagando el costo del mantenimiento y algunos servicios en el Arco de Seguridad, pero no realizó inversión alguna en su construcción.
Al respecto no hay que perder de vista que, tras estallar el conflicto entre el municipio de Puebla y el gobierno del estado, la presidenta municipal (que no Alcaldesa), recibió el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, haciendo una especie de frente común en contra del gobierno estatal.
Conflictos como el generado por la designación del mando de la Policía Municipal de Puebla alejan por el momento cualquier intento por implantar un Modelo de Coordinación operativa entre los municipios conurbados a la capital y se acercan peligrosamente hacia un “Mando único” impuesto, que seguramente traerá mayores resistencias.
Y mientras este problema concentra la atención de ciudadanos, políticos y empresarios poblanos, la incidencia de delitos de alto impacto se incrementa y amenaza con romper la racha de descensos mensuales en la capital y el estado de Puebla.
Una probable salida a este tipo de conflictos podría inspirarse en el Municipio del Centro, Tabasco, donde se ubica Villahermosa. En la capital de Tabasco no existe Policía municipal y la seguridad pública corre a cargo de la SSP estatal.
Un municipio que funcionaba de la misma manera era Morelia, donde no existía Policía municipal, pero en diciembre de 2015 se les ocurrió construir una corporación de ese tipo, misma que tras 5 años no acaba de resolver problema alguno.
Muchas veces la solución se parece a la frase escrita en el espejo retrovisor derecho de los vehículos, que a la letra dice “Los objetos reflejados en el espejo están más cerca de lo que aparentan”, solo es cuestión de interpretar el mensaje.
Versión no contada
Corría el año 2015 y la capital del estado de Puebla y los municipios conurbados requerían estar coordinados desde una instalación en la cual se tuviera representación física y tecnológica de cada uno de ellos; así surgió el proyecto de construcción del Complejo Metropolitano de Seguridad de Puebla, cuya sede tentativa era el Periférico ecológico, pero en el otro extremo, es decir hacia Haras del Bosque en el municipio de Puebla.
Su principal reto era la forma en que cada municipio aportaría recursos económicos y humanos para hacerlo realidad. Al igual que hoy, la falta de acuerdos políticos y de espacios físicos disponibles obligó a que se construyera a un costado del Velódromo de Puebla, en el municipio de Cuautlancingo.
Menos mal que se construyó en esta última demarcación y no en el municipio de Puebla, de lo contrario los “expulsados” del Complejo hubieran sido los elementos de la Policía Estatal Preventiva, en represalia por no alinearse.
Nadie sabe para quien trabaja.