Violencia contra las mujeres sí aumentó en confinamiento

Por Facundo Rosas / /

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Pese a que las Carpetas de Investigación sobre violencia familiar reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) disminuyeron durante el primer mes de confinamiento (abril del 2020) y que el gobierno del estado señaló que su comportamiento no sufrió cambio alguno en la entidad poblana, la realidad es que este delito sí aumentó, más allá de las denuncias formales, como lo adelanté en este mismo espacio el pasado 20 de mayo.

Lo que faltan son indicadores que permitan medir de forma más objetiva este fenómeno, que por diversas razones no se denuncia ante el Ministerio Público, entre ellas que las mujeres callan y “se quedan con su golpe” por falta de canales de denuncia ágiles y seguros.

Por lo menos es lo que se desprende de las declaraciones de la Secretaria de Igualdad Sustantiva del gobierno del estado vertidas el día de ayer, en el sentido de que es prácticamente natural que se enardezcan los ánimos cuando se llevan días encerrados con “nuestras parejas”, peor aún, cuando muchas mujeres han perdido su empleo y tienen que soportar más violencia, por lo que en los albergues han sido recibidas 42 víctimas.

Además, indicó que varias mujeres no tienen acceso a una red de ayuda, reconociendo tácitamente que los mecanismos de que dispone el gobierno estatal, entre ellos dos líneas de Whats app habilitada para atender a las mujeres violentadas, han sido insuficientes, no solo para conocer las cifras reales sino para atender un fenómeno que no conoce a cabalidad.

Cabe enfatizar que dichas líneas funcionan desde la segunda quincena de abril para ofrecer asesoría jurídica y orientación psicológica a las mujeres que lo requieran, con un horario diurno (09:00 a 18:00 horas) y únicamente de lunes a viernes, cuando las agresiones pueden suceder a cualquier hora del día y no solamente en días hábiles, lo cual provoca que no cumplan con su cometido.

Sin embargo, los datos más contundentes los proporcionó la Subsecretaria de Prevención de la Discriminación y la Violencia, particularmente que se han emitido más de 3 mil órdenes de protección durante la emergencia sanitaria.

Dichas acciones fueron complementadas con el “acompañamiento telefónico” de 10 mil 300 casos de mujeres en situación de violencia, mientras que presencialmente han sido 900 los casos, recibiendo todas ellas ayuda jurídica, psicológica y médica.

Estas cifras rebasan con mucho las 766 Carpetas de Investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado durante el mes de abril y se acercan un poco más a la denominada cifra negra (delitos no denunciados).

Un elemento de análisis que no debemos perder de vista es que hasta el día de hoy no se ha informado sobre los avances de la Alerta de Violencia de Género, que el 8 de abril cumplió su primer año de haber sido declarada en 50 municipios de la entidad poblana, lo cual evidencia que las cosas no van bien después de transcurridos más de 10 meses de la actual administración.

Lo anterior obliga a sumar a las organizaciones de la sociedad civil que han manifestado su deseo de colaborar con las instancias de gobierno, primero en términos de enlace para mejorar la confianza en las autoridades y después en aportar su experiencia, cercanía con la ciudadanía e incluso espacios físicos que podrían a incrementar la infraestructura de respuesta y resguardo de las mujeres que han sido víctimas de la violencia.

En síntesis, el hecho de que las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres se elaboren a partir de las denuncias que se reportan mensualmente al SNSP y no se tome en cuenta la cifra negra, que indica que solo 1 de cada 10 delitos de este tipo se denuncian, se traduce en acciones e instrumentos con un alcance limitado, dejando a miles de mujeres sin algún tipo de cobertura, que bien podrían ser atendidas en forma articulada y complementaria por instancias no gubernamentales.

Por lo menos así lo indica la experiencia de otros años, como en 2010-2012 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual podría ser instrumentada en la entidad poblana, solo es cuestión de perderle el miedo a la participación de la sociedad que también sabe organizarse y ser solidaria.

Habrá que esperar que al final de la fase de confinamiento se disponga de nuevos mecanismos para conocer los casos que realmente sucedieron, incluso si estos no se traducen en una Carpeta de Investigación.

Versión no contada

A principios de 2015 y estando a frente de la SSP estatal me correspondió conocer una serie de casos de violencia contra las mujeres, en particular para apoyar en la fase de manejo de crisis, por lo que en el primero de ellos ofrecí trasladarme a un albergue administrado por una organización de la sociedad civil para atender presencialmente a la víctima, como lo había hecho en los más de 15 años en que me había tocado atender a familiares y víctimas de secuestro y extorsión.

Cual sería mi sorpresa que la persona responsable del albergue me dijo que ningún funcionario, del nivel que fuera, estaba autorizado a conocer la ubicación y menos a ingresar al mismo, que lo que ellos requerían era la asistencia vía telefónica y a través de una asistente por lo riesgoso del caso.

Si las medidas de confidencialidad en los albergues siguen siendo las mismas, estoy seguro que los resultados al final de la pandemia serán contundentes y marcarán un hito en la historia de la atención de mujeres víctimas de la violencia en Puebla, experiencia que debería ser aprovechada por las diversas instancias de gobierno.