Entre coronavirus, hoy no circula y rivalidad gubernamental

Por Facundo Rosas / /

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Esta columna cumple su primer año de “vida”. Agradezco a Viridiana Lozano y Edmundo Velázquez la oportunidad de ofrecer a mis paisanos una aproximación al fenómeno delictivo y su impacto en términos políticos, económicos y sociales, desde una nueva categoría de análisis, pero sobre todo de incluir la “versión no contada”, esa que de otra forma no sería conocida por los cada vez más lectores del “Periódico Central”.

Justo cuando el nivel de contagios por coronavirus se agudiza y para reducirlos es puesto en marcha el programa “Hoy no circula” en 21 municipios del estado de Puebla, la relación entre el ejecutivo estatal y varios alcaldes se deteriora, por aquello de que algunos de ellos “solo están tomando café” para evitar el contagio.

En medio de esta crisis multicausal hoy no sabemos cuantos automovilistas violaron tal disposición y fueron remitidos al corralón, pero una cosa sí es segura, no fueron solo 21 a nivel estatal durante el primer día como se informó. Reportes viales indican que solo en un punto de revisión sobre periférico llegaron a acumularse hasta 10 vehículos en forma simultánea.

Para aproximarse a la realidad habría que esperar a que cada gobierno municipal reporte sus cifras de vehículos sancionados y el interesado en saber efectúe una sencilla operación matemática, sin embargo, hasta el segundo día de operación esto aún no es posible.

¿No sería más fácil que el denominado C5 concentrara toda esta información y el gobierno estatal, que finalmente fue el que emitió el decreto para poner en marcha dicho programa, informara a la ciudadanía?

Por si esto no fuera suficiente, el programa “Hoy no circula” arranca en medio de la incertidumbre de los policías viales del estado, cuya área de trabajo podría ser desaparecida por el alto nivel de corrupción que existe en su interior, ya que según el gobernador toda la vida se han dedicado a extorsionar.

Sobre el particular habrá que recordar que no es la primera vez que esta área de policía sufriría un cambio radical que la pondría al borde de su desaparición, a no ser que las labores de peritaje en accidentes de tránsito impidan borrarla de un plumazo.

Cabe recordar que, en 2013 después de varias investigaciones de campo y una serie de estudios demoscópicos se determinó que para evitar que la corrupción siguiera afectando a los ciudadanos, en particular campesinos y artesanos, lo mejor era desaparecer la Policía vial estatal y que sus integrantes pasaran a formar parte de la Policía Estatal Preventiva, donde realizarían funciones de prevención y combate frontal al delito.

Entre los hallazgos de dichos estudios destacó que en el 80% de los casos en que un policía vial o de tránsito detenía a un automovilista, el conductor era el que le ofrecía una dádiva a cambio de que no sancionarlo o remitir su unidad al corralón y solo en el 20% restante, era el servidor público el que solicitaba dinero para no proceder conforme al reglamento.

Un hallazgo adicional indicaba que un alto porcentaje de automovilistas no cumplían con los requisitos de documentos personales y del vehículo para poder circular, mientras que en otro tanto eran las condiciones de la unidad vehicular las que no cumplía los estándares mínimos, destacando que muchos no portaban placas de circulación o sus vidrios estaban polarizados de tal forma que impedían la visibilidad al interior.      

Para lograr el objetivo de abatir la corrupción en dicha área se realizó una reingeniería que concluyó con la desaparición de las 35 Delegaciones distribuidas en toda la entidad, dejando solo a los peritos en 8 Regiones y su trabajo de atención de accidentes fue acompañado y supervisado por personal de la Policía Estatal. Adicionalmente se dejó un grupo de 100 elementos en áreas centrales, cuya función fue de apoyo al programa “Monitor vial”, hasta que administraciones posteriores decidieron revivirla con el apoyo de viejos policías agrupados en la denominada “H”, que nunca dejaron de tener influencia.

Las reacciones no se hicieron esperar y las críticas fueron en el sentido de que no se podía desaparecer a una de las áreas de mayor tradición dentro de la policía, que era alimentada con cuadros de la corporación municipal de Puebla, sin embargo, el verdadero temor era pasar a combatir a la delincuencia, esa que sí podía responder y defenderse, no como la ciudadanía que además de ofrecer dinero hasta los felicitaba.

Al respecto siempre he sostenido que no es lo mismo “morder” a una inofensiva planta, emulando a una especie herbívora, que hacer lo mismo con una “fiera”, emulando a una especie carnívora, ya que en este último caso la presa “mordida” puede responder en forma violenta si se quiere sacar ventaja de la situación.

Años después y luego de una serie de cambios en las administraciones de gobierno estatal, la Policía vial fue reintegrada y un poco más tarde su nombre cambió a Policía Estatal de Carreteras, copiando a las conformadas en los estados de Tlaxcala y Nuevo León, sin embargo, las prácticas persisten y están a la vista.

Es la oportunidad para que el gobierno del estado en turno efectúe los ajustes en plena pandemia y en medio de un conflicto con varios alcaldes (particularmente Puebla), quienes se tendrían que quedar con algunas funciones de vialidad, no así de los peritajes en accidentes de tránsito. Por supuesto que hay elementos comprometidos con su trabajo y en ellos habrá que pensar al momento de hacer una cirugía mayor.

Un dato al calce, la primera mujer en estar al frente de Vialidad estatal no es Karina Suceda, como se manejó hace algunas semanas, sino Victoria Villalpando, quien en 2013 le tocó iniciar el programa “Monitor Vial”, mejor conocido como “Fotomulta”, que por cierto hace algunas semanas fue puesto en marcha nuevamente, luego de que en años anteriores fue objeto de severas críticas por razones políticas e incluso mediáticas, pero todo parece indicar que si el cristal con que se mira es de otro color, sus objetivos ya no son tan perversos ni sus fines tan recaudatorios.

Versión no contada

Hoy me remontaré al año 2013, cuando un grupo de artesanos de madera del estado de Puebla se acercaron en busca de apoyo para resolver un problema de la mayor gravedad.

Luego de darle algunas vueltas al asunto plantearon que eran objeto de extorsión por parte de los policías viales del estado por no traer sus documentos en regla (licencia de conducir y tarjeta de circulación) y que no estaban dispuestos a gastar hasta 2 mil quinientos pesos por cada viaje por concepto de “mordidas” y que necesitaban una especie de “salvoconducto” verbal o por escrito del titular de la SSP.

Al indicarles que eso no era posible porque no había poblanos de primera y de segunda, se les ofreció apoyo para tramitar e incluso gestionar un descuento para la licencia y tarjeta de circulación. En respuesta dijeron que pese ser más barato que una “mordida”, ellos querían andar “toreando a los policías de tránsito” porque no todos sus agremiados podrían reunir dichos documentos, por eso querían un salvoconducto.

Es deseable que a más de 7 años de distancia las cosas hayan cambiado y los artesanos hayan salido de ese 80% que ofrece dádivas a los policías viales y se hayan pasado del lado de la legalidad.