Contrario a la política del gobierno federal, en el sentido de no incorporar a las organizaciones de la sociedad civil a la Estrategia de seguridad, debido a su protagonismo y hasta cierto punto oportunismo, en el estado de Puebla todo parece indicar que sí serán tomadas en cuenta para enfrentar las causas de la violencia.
Así lo indica el reciente anuncio del gobierno estatal en el sentido de que con su participación se busca generar las acciones que permitan disminuir la violencia y recuperar la seguridad y tranquilidad en el estado.
La hoja de ruta indica que el 18 de diciembre habrá una primera reunión con la sociedad civil y en enero del 2020 se pondrán en marcha las primeras acciones.
Iniciativas de este tipo no son nuevas en México, la más cercana es la intervención del gobierno federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2010, para hacer frente a la crisis de violencia que le costó haber sido considerada como la ciudad más violenta del mundo, al registrar una tasa de homicidio doloso de 206 por cada 100 mil habitantes, sólo superada por Medellín, Colombia en 1995 con una tasa de 236 casos.
Para que los lectores de esta columna tengan la dimensión de la gravedad de lo vivido en Ciudad Juárez, el promedio diario de homicidios dolosos en 2010 fue de 8; actualmente se registran 3.5 al día (cifra aún alta). En el caso de Medellín el promedio diario de homicidios en 1995 fue de 12; actualmente el promedio es de solo 1.7 casos diarios.
En el caso de Puebla capital, ciudad similar en número de habitantes a Ciudad Juárez, el promedio de homicidios dolosos entre enero y octubre de 2019 es de 1 caso cada 2 días (163 en cifras absolutas), es decir estamos muy distantes del municipio fronterizo y de Medellín, pero no habría que esperar a que las cosas empeoren.
Como lo referí en este espacio el pasado 13 de mayo, devolver las condiciones de convivencia social, desarrollo económico, bienestar y seguridad solo fue posible hasta que autoridades y sociedad juarense entendieron que cualquier esfuerzo individual sería insuficiente para revertir la escalada de violencia de hasta 20 homicidios dolosos al día y 10 secuestros al mes.
Dicho de otra forma, para atender las causas de la violencia y la delincuencia se requiere reconstituir el tejido social e impulsar el desarrollo económico y eso no se consigue solo con policías y patrullas, sino con programas de salud, educación, inversión, empleo, deporte y cultura debidamente acompañadas por una autoridad sensible que escuche, hable con claridad y resuelva los problemas de la ciudadanía. Solo habrá que tomar en cuenta que sus resultados son a mediano plazo y es necesario contar con instrumentos de medición.
Así fue como en Ciudad Juárez nació el modelo de participación ciudadana conocido como “Mesa de Seguridad”, en el cual confluyeron representantes de todos los sectores productivos y sociales, además de las autoridades de los tres niveles de gobierno coordinadas por el gobierno federal.
Lo anterior permitió que en tan solo 2 años el homicidio doloso se redujera en 85% y el secuestro en 100%, por citar algunos ejemplos.
Otra experiencia de articulación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, tres poderes de la unión y la sociedad civil organizada fue el denominado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado el 21 de agosto del 2008 en Palacio Nacional con la participación activa del empresario Alejandro Martí y el hoy canciller Marcelo Ebrard.
Como resultado de este ejercicio interinstitucional surgieron las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) que hoy siguen vigentes y seguramente en el corto plazo podrían estar dando mejores resultados en una entidad como Puebla que registra un incremento del 58% en este delito.
Otro logro fue la homologación de los Grupos de Coordinación Estatal en materia de seguridad en las 32 entidades federativas que desde entonces son encabezados por los gobernadores y cuyos secretarios técnicos eran los Delegados del CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En síntesis, el anuncio del gobierno estatal parece no empezar de cero, es más la meta de reducir el 11.5% la incidencia delictiva entre 2019-2024 parece no ser tan ambiciosa si se toma en cuenta que entre 2013 y 2015 el descenso fue de 11%, pero cada año.
Versión no contada. Aunque se les cambie de nombre, los esfuerzos en el rubro de seguridad a nivel estatal siguen convocando a las mismas dependencias, con la salvedad de que ahora son 5 veces a la semana, que no diarias y aunque acudan los gobernadores, la incidencia de homicidio doloso no baja.
No hay nada nuevo bajo el sol, si acaso un eufemismo más para nombrar a los “Grupos de Coordinación Estatal”, ahora denominados “Mesas de Seguridad o Coordinación para la Construcción de la Paz”, una mezcla de “Mesa de Seguridad” como las de Ciudad Juárez de 2010 y de los “Grupos de Coordinación Estatal” ratificados en 2008, pero creados en 1994 ante la necesidad de dar respuesta a las expresiones de violencia que afectaban regiones completas del país, entre ellas Puebla.
Lo anterior deja en claro que se repite la historia, solo cambia el actor. En algunas veces ni siquiera el actor.