A escasos días de haberse difundido las cifras de incidencia delictiva por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en las que el estado de Puebla registró un rebote de 11.8% y en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres (25 de noviembre), pasó casi inadvertido el inicio de los trabajos de revisión de armas, protocolos y los aspectos administrativos que rigen la función policial a nivel municipal por parte de autoridades estatales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla en voz de su titular se declaró lista para dicha revisión, asegurando que una de sus primeras acciones fue poner orden en la corporación desde que tomó posesión, sin embargo, su turno aún no llega.
La que no lo esperaba tan pronto fue la de San Martín Texmelucan, la cual fue revisada el lunes 25 de noviembre y no tuvo problemas para superar la auditoría, en virtud de que el 2 de mayo del 2018 ya había sido objeto de una intervención similar que dio como resultado la detención de varios de sus integrantes, incluidos sus mandos, la mayoría por cuestiones administrativas.
Como lo mencioné en este espacio el pasado 16 de octubre, esta medida tendría que abarcar a toda la entidad si en realidad se quiere sumar a las corporaciones municipales al esfuerzo estatal y nacional en materia de seguridad.
De paso permitiría reducir el incremento del 29% en la incidencia delictiva acumulada a nivel estatal en lo que va del 2019, así como hacer frente a eventos como el suscitado el día de ayer en la Colonia Minerales del Sur, en el que lamentablemente resultó muerto un policía municipal.
En aquella ocasión retomé el fraseo de la Secretaria de Gobernación federal en el sentido de que a nivel local “no habrá Policía Estatal que alcance, sin el fortalecimiento de las policías municipales”.
Lo realizado por el gobierno estatal tendría mayor sentido si uno de los criterios para la asignación de los casi 4 mil millones de pesos aprobados para el fortalecimiento de las policías locales del país (FORTASEG) fuera estar al corriente de sus obligaciones antes de canalizarlos, que dicho sea de paso, podrá ser utilizado para la certificación y profesionalización de su personal, así como para equipamiento, fortalecimiento tecnológico y mejora de la infraestructura policial.
Iniciar antes de que concluya el 2019 tal vez sea una buena medida, pero mejor sería haber comenzado desde el arribo de la actual administración, hace ya casi 4 meses.
Si el plan es empezar por los municipios con mayor concentración poblacional y ubicación estratégica, como Puebla, Tehuacán, San Andrés y San Pedro Cholula, Amozoc, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Acatlán, Tepeaca, Acatzingo, Ciudad Serdán, Teziutlán, Zacatlán, Chignahuapan, Xicotepec, Huauchinango y Zacapoaxtla, no estaría mal que otros criterios de revisión fueran la incidencia delictiva (medida en tasa por cada 100 mil habitantes) y aprovechando la reciente conmemoración de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, verificar las acciones emprendidas en los 50 municipios incluidos en la Alerta de Género decretada en abril del 2019.
Lo ideal sería concluir la revisión de los 217 municipios que conforman el estado de Puebla lo antes posible, sin embargo, esto se va a llevar algunos meses del 2020, por lo que la prioridad podría ser identificar los 60 que desde 2015 no han podido regularizarse en la Licencia Oficial Colectiva (LOC) y realizan sus labores de patrullaje desarmados o bien lo hacen armados pero cometen un delito
En este sentido vale la pena subrayar que no se puede combatir un delito cometiendo otro, aunque este parezca una falta administrativa que se deba dejar pasar por las autoridades estatales y federales.
Sigue siendo válida la máxima de que “a problemas complejos, soluciones sencillas”. Si los protocolos se homologan y son observados por todos los implicados, así sea un tema administrativo dará resultados concretos y en forma sostenida.
Versión no contada. Guardada la proporción, así como el policía municipal le pide al estatal que le “eche la mano” o le “brinde la atención” si lo encuentra armado y no cumple con lo que marca la Ley, así comenzó en su momento el secuestrador Daniel Arizmendi (a) “El Mochaorejas”, robando tapones y espejos como si de una travesura se tratara y sin que ninguna autoridad lo molestara.
Al no ser considerada como una actividad ilícita o acaso un delito menor, este siniestro personaje evolucionó robándose el vehículo completo y más tarde organizando su banda de robacoches, hasta convertirse en un secuestrador y ampliar su área de influencia en varias entidades de le Región centro del país.
Los resultados de esta metamorfosis delictiva pueden constatarse en los registros hemerográficos de fines de la década de los 90. No hay delito menor, lo que no hay es capacidad para hacer cumplir las normas desde su nivel administrativo para que no trasciendan al delictivo.