La reinserción social a nivel nacional enfrenta problemas de diversa índole aun sin existir sobrepoblación. En el caso de Puebla, los retos son mayores en virtud de que existen centros penitenciarios en los que la sobrepoblación rebasa el 100%, en particular los que están a cargo de los municipios.
De acuerdo al más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que evalúa aspectos como autogobierno, prevención y atención de incidentes violentos, sobrepoblación, cobros indebidos, insuficiencia de custodios, capacitación y actividades laborales, así como higiene en dormitorios, prevención de adicciones, educación y servicios de salud para internos, el penal de Tecamachalco obtuvo la más baja calificación de un total de 203 centros penitenciarios evaluados, siendo ésta de 4.73 puntos, pese a no registrar sobrepoblación.
El promedio estatal de los Centros de Reinserción Social de Puebla fue de 6.03 (la peor de los últimos 9 años), sólo mejor que Veracruz con 5.94, Guerrero con 5.92 y Tamaulipas con 5.42 puntos, todos ubicados por debajo de la media nacional de 6.75 puntos.
Por su parte INEGI en su Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2019 (con datos de 2018), reportó que los 3 penales estatales y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) de Puebla enfrentaban una sobrepoblación promedio del 27%, solo mejor que el Estado de México con 106%, Nayarit con 75% y Durango con 74%.
La media nacional de sobrepoblación según dicho Censo fue de -5.5%, lo cual indica que en México hay un excedente de espacios para internos, el problema es la heterogénea distribución de internos entre penales federales, estatales, regionales y municipales.
Basta decir que el centro penitenciario con mayor sobrepoblación en el país se encuentra en Puebla y está ubicado en el municipio de Tepeaca, con un 521%. En contraparte, el penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez tiene un 40% de espacios sin utilizar.
En síntesis, tanto el penal peor calificado por la CNDH como el más sobrepoblado del país se encuentran en Puebla.
Lo anterior sugiere que bastaría con no disponer del servicio de alimentación por un día para que en la mayoría de los Centros de Reinserción Social de Puebla se genere una crisis con consecuencias en los ámbitos de la seguridad y la política, no se diga si se eliminaran todas concesiones de tipo comercial y de servicios que funcionan en su interior.
Para resolver esta problemática y cumplir con los puntos en torno de los cuales gira la reinserción social desde 2008 (salud, capacitación, trabajo, deporte y educación), la actual administración poblana ha anunciado la construcción de 6 nuevos penales, 2 de ellos con recursos federales bajo la modalidad de entregas multianuales y otros 4 bajo la fórmula de Asociaciones Público-Privadas (APP), antes denominada coloquialmente PPS y que fue tan duramente criticada por la oposición.
De acuerdo con lo informado en días pasados, los 2 centros penitenciarios que serán construidos por el gobierno estatal estarán ubicados en la región centro de la entidad, sin precisar el sitio, mientras que los restantes 4, que serán construidos en la modalidad de APP, tendrán como sede los municipios de Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Huauchinango.
En el caso de Tehuacán, cabe subrayar que ya existe un CERESO Regional y éste registra una sobrepoblación moderada del 7%, además en el Diagnóstico de la CNDH obtuvo una calificación de 5.91 puntos.
En cuanto a Izúcar de Matamoros, ya opera un penal Distrital y registra una sobrepoblación superior al 100%.
En Teziutlán, también ya existe un centro penitenciario Distrital y cuenta con una sobrepoblación moderada de 3.5%.
Por lo que respecta a Huauchinango, ya opera un penal Regional, el cual no registra sobrepoblación alguna sino un 37% de espacios sin ocupar y en el Diagnóstico de la CNDH obtuvo una calificación de 5.51 puntos.
Sin duda que el proyecto es loable, solo que construir un nuevo centro penitenciario requiere muchos recursos económicos y tiempo, sin embargo, habría que tomar en cuenta que con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que ofrece salidas alternas basadas en el tipo de delito y la reparación del daño, el número de internos tiende a disminuir.
En razón de lo anterior, a menos de que con la reciente ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa se incremente el número de internos, habría que revisar el proyecto de construcción y dar prioridad a la propuesta de rahabilitar los CERESOs ya existentes, tomando en cuenta que la sobrepoblación actual es de 27% y la población penitenciara no crecerá en forma exponencial.
Además, habría que valorar el impacto negativo que implica la llegada de un centro penitenciario a los municipios antes citados, en particular en los aspectos ambiental, social, demográfico y hasta del paisaje rural o semiurbano.
En esto tiene razón el gobernador, no siempre es bienvenida una instalación de este tipo en las comunidades, si no lo creen, pregúntenle a los habitantes de la parte alta del municipio de Tepexi de Rodríguez, qué sucedió cuando se instaló el penal en la comunidad de Huajoyuca, cercana a Tula, Mariscala y Huejonapan, se contaminó el Río Carnero, se modificó la vocación agrícola de las parcelas contiguas y hasta la vista hacia los volcanes, además llegaron nuevos vecinos, con costumbres muy diferentes a las de la región, con su evidente afectación al tejido social.
Versión no contada. A principios de 2013 una de las mayores irregularidades al interior de los centros penitenciarios del estado de Puebla, era el uso intensivo de teléfonos celulares, desde los cuales se llegaron a realizar llamadas con fines de extorsión. La solución obvia era incrementar el rigor en los protocolos de revisión de los familiares que visitaban a los internos, lo cual podría violentar sus derechos humanos.
Una nueva categoría de análisis indicaba que había que ir más atrás en el proceso, para interrumpirlo antes de que se efectuara una llamada con la ayuda de un teléfono celular.
Cuando se indicó a las visitas que no podían entrar con pañales (debían dejar los que llevaban y se les otorgaría uno nuevo y gratuito) no le dieron mayor importancia, excepto aquellas que sabían que en el interior de los mismos llevaban ocultos chips para teléfonos celulares.
La otra parte de la historia se cuenta sola, sin un chip en manos de los internos de nada sirve disponer de la mayor cantidad de aparatos de telefonía celular en el interior del penal. Para problemas complejos, soluciones simples.