Puebla en el top ten de cifra negra de extorsión telefónica

Por Facundo Rosas / /
Puebla en el top ten de cifra negra de extorsión telefónica
Foto: Central

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Al cierre de septiembre del año en curso el estado de Puebla se ubicó en la posición 21 del ranking nacional en el delito de extorsión telefónica, donde 1 es peor y 32 mejor, de acuerdo con las denuncias reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)

La tasa acumulada entre enero y septiembre del 2019 ascendió a 2.4 casos por cada 100 mil habitantes y representó un incremento de 7% respecto de 2018.

Durante 2018 la entidad poblana ocupó la misma posición (21) con una tasa anualizada de 2.6 casos por cada 100 mil habitantes, que representó un incremento del 46% respecto de 2017.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) publicada por el INEGI el 24 de septiembre del año en curso, la tasa de percepción de ocurrencia del delito de extorsión (delitos que las víctimas registraron), Puebla se ubicó en la posición 12 del ranking nacional, con 4 mil 561 casos por cada 100 mil habitantes.

Lo anterior indica que de los 4 mil 561 casos de extorsión (casi 5 de cada 100 personas), únicamente 2.6 de ellos fueron denunciados ante el Ministerio Público.

Dicho de otra forma, durante 2018 un estimado de 282,782 poblanos fueron víctimas de extorsión telefónica y únicamente 168 denunciaron ante el Ministerio Público y se les abrió una Carpeta de Investigación, dejando en la impunidad un total de 282,814 delitos de este tipo, dato también conocido como cifra negra.

Un nuevo cálculo a partir de estos elementos indica que Puebla se ubicó en la posición 10 del ranking nacional de extorsiones telefónicas sin denunciar, con una cifra negra estimada de 99.94%

Las 9 entidades restantes fueron Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán con una cifra negra del 99.99% y Sinaloa con 99.97%, así como Guerrero y Coahuila con 99.96% de extorsiones telefónicas no denunciadas.

Las que mejor cifra negra registraron fueron Tabasco con 99.66%, Querétaro con 99.77 y Estado de México con 99.78, así como Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, estas últimas debido a que sus habitantes no consideraron a la extorsión como uno de los 3 delitos más frecuentes. La media nacional se ubicó en 99.82%

En todas las entidades donde la extorsión telefónica se ubicó entre los tres delitos de mayor ocurrencia, la cifra negra fue superior al 99.66%, lo que evidencia que este ilícito no se denuncia, aunque se pague. La misma ENVIPE indica que en el 7.1% de los casos la víctima aceptó haber pagado y menos del 1% haber denunciado.

Cabe precisar que, de acuerdo a la ENVIPE, durante 2018 se registraron 5.7 millones de casos de extorsión telefónica a nivel nacional, de los cuales el 5% se presentaron en Puebla.

Además, la cifra negra de todos los delitos en Puebla fue de 91.6%, marginalmente inferior a la media nacional de 93.2% y significativamente menor que la de la extorsión telefónica de 99.82%

Esta nueva categoría de análisis permite confirmar que la extorsión telefónica es el delito que de mayor impunidad goza y que para hacerle frente se requieren nuevas formas de prevención más allá del combate frontal, debido a que el extorsionador siempre permanece en el anonimato y detrás de un teléfono.

Como lo subrayé en mi columna del 24 de julio del 2019, está claro que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo, por lo que esta es la mejor oportunidad para romper paradigmas. La información está a la vista, lo que hace falta es una mejor interpretación del fenómeno y una mayor articulación de los esfuerzos de la ciudadanía.

Un ilícito asociado a la extorsión telefónica pero más complejo, dado que aún no se dispone de información suficiente, es el cobro de piso ya que es cometido por grupos de delincuencia organizada, los cuales cuentan mayor estructura y logística que aquellos dedicados a la extorsión telefónica. De este tema me ocuparé en entregas futuras.

Versión no contada. Estimaciones anteriores a la ENVIPE, elaboradas en el gobierno federal, señalan que entre 2008 y 2009 la cantidad de víctimas que terminaban realizando un pago por extorsión telefónica se ubicó en el 5% del total.

Un análisis retrospectivo permite ubicar los primeros casos de extorsión telefónica en el estado de Yucatán en 2001 y las víctimas fueron Presidentes Municipales, la mayoría de los cuales pagaron pero no denunciaron ante el Ministerio Público, con mayor razón después de contactar con los asesores en manejo de crisis y negociación en casos de secuestro y extorsión de la extinta AFI, por una simple y sencilla razón, les daba pena haber sido sorprendidos por presuntos delincuentes ubicados a cientos de kilómetros de distancia, que ellos creían que los estaban vigilando a las puertas del Palacio Municipal.

Posteriormente, esta modalidad delictiva avanzó hacia el Centro y Occidente del país, más tarde al Bajío y Noreste y no tardó mucho tiempo en que internos de penales sin protocolos de control comenzaron a imitarlos y obtener recursos de una manera relativamente fácil, primero con tarjetas de recarga para teléfonos celulares y más tarde a través de depósitos en tiendas de conveniencia y nacientes bancos.

En Puebla, el año con menores casos de extorsión telefónica fue 2014, después el fenómeno fue creciendo en forma sostenida hasta nuestros días. 

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