Hace mes y medio se anunció que para fortalecer la seguridad pública en la entidad serían incorporadas 1,000 patrullas nuevas, sin especificar si serían adquiridas o rentadas.
En semanas recientes el gobierno estatal dio a conocer que, ante la falta de recursos, las citadas patrullas serían rentadas por 28 meses (2 años y 4 meses). El monto estimado de 1,300 millones de pesos.
Además, dio a conocer las bases para la licitación y dejó entrever que serían pick up equipadas con lo último en tecnología policial. Precisó fechas sobre la junta de aclaraciones, recepción de propuestas, apertura de propuestas y fallo, el cual tendrá lugar el 30 de septiembre.
Dicho lo anterior cabe hacer las siguientes consideraciones:
De acuerdo con el estado de fuerza actual de la Policía Estatal de Puebla de 3,500 elementos (Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica, SNSP junio 2019), a cada turno le corresponderían 1,166 uniformados (bajo el esquema de 12 horas de trabajo por 24 de descanso), es decir menos de 2 elementos por patrulla, cuya capacidad es de 4 elementos si es pick up sencilla y 6 si es de doble cabina.
Por esta razón, es prioritario el reclutamiento y selección de nuevos elementos a razón de 1,532 nuevos elementos por año, pero sin que deserte o sea dado de baja uno solo, como lo referí en mi columna del 4 de septiembre pasado.
Las camionetas pick up son funcionales para áreas rurales, no así para zonas urbanas densamente pobladas, en particular en Unidades Habitacionales como las que se ubican en distintos puntos de la ciudad de Puebla y municipios conurbados, donde predominan andadores y calles estrechas.
Ejercicios administrativos como este han sido realizados en diferentes momentos y administraciones, sin que se disponga de datos que permitan comparar si es mejor adquirir o rentar patrullas, más allá del aspecto económico, me refiero a los resultados en términos de indicadores cuantitativos y baja en la incidencia delictiva.
En la Ciudad de México, en 2011 fueron rentadas 800 patrullas por un monto de 924 millones de pesos por 3 años y no se tiene evidencia suficiente que permita afirmar que la incidencia haya descendido. En la Policía Federal en 2018 fueron rentadas 1,500 patrullas por un monto de 4 mil 156 millones de pesos por 3 años y aún no se dispone de un avance de resultados. Finalmente, en la CDMX en agosto de 2019 fueron arrendadas mil 855 patrullas por 3,299 millones de pesos por 4 años, sin que se tenga reporte concreto alguno.
No estoy tan seguro de que la renta sea menos onerosa que la compra de patrullas, pero sí que es la más vistosa, por la cantidad de unidades vehiculares de que se dispone en el menor tiempo posible.
Habrá que tomar en cuenta que en el estado de Puebla aún existen por lo menos 300 patrullas operativas a nivel estatal, entre vehículos tipo sedán y camionetas pick up.
El reto es como transferir parte de las nuevas patrullas o las usadas a las policías municipales que carecen de ellas o disponen de una sola; seguramente habrá fórmulas y esta administración las encontrará en lo que son entregadas las nuevas unidades.
Sin duda alguna que la visión para adquirir nuevas unidades policiales e incorporar nuevos elementos a la Policía Estatal, así como para capacitar y adiestrar a los policías en activo es a largo plazo, lo que preocupa es que las patrullas serán rentadas sólo por 28 meses.
Versión no contada. Antes de que los años hagan mella en la memoria, habrá que recordar que el presupuesto total para la SSP de Puebla en 2014 era de mil 400 millones de pesos, apenas 100 millones menos que el monto que hoy se dispone para la renta de 1000 patrullas nuevas.
Para contrarrestar dicha austeridad hubo que adquirir motocicletas que permitieran al policía tener mayor movilidad para incursionar en las Unidades Habitacionales como La Margarita, San Bartolo y Agua Santa y así atender lo más rápido posible las denuncias de la ciudadanía.
A la distancia el estado de fuerza no ha crecido como si lo ha hecho la incidencia delictiva y el presupuesto, así es que no se puede presumir de austeridad a la hora de disponer recursos para la seguridad pública, que hoy son significativamente mejores que hace escasamente 6 años.