Luego de una serie de agresiones en contra de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Federal y de otras corporaciones locales, todo parece indicar que finalmente las autoridades decidieron hacer uso de la fuerza.
La primera dependencia federal en hacer pública su postura al respecto fue la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual, tras la agresión registrada en la comunidad de Apango, municipio de Acajete, Puebla, donde elementos del Ejército realizaron disparos al aire como medida disuasiva para ahuyentar a la turba, salió a establecer su postura.
Puntualizó que en caso de que personal del Ejército o de la Guardia Nacional sufra agresión alguna durante el desarrollo de sus funciones, actuará conforme a los principios del Uso de la fuerza y su gradualidad para proteger la vida e integridad física de los miembros de las fuerzas armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos.
La postura de la SEDENA se presenta luego de una serie de incidentes violentos en los estados de Michoacán, Ciudad de México, Querétaro y Puebla, y después de algunos meses de haber sido aprobada la Ley en la materia, que faculta a las instituciones de hacer uso legítimo de la fuerza para preservar el orden y la paz públicos.
Está claro que sólo con llamados a “portarse bien” o condenando la actividad criminal con un “fuchi” o con un “guácala”, no será suficiente para hacer frente a la problemática de inseguridad del país, que dicho sea de paso, lejos de ceder se ha incrementado.
Parafraseando al primer hombre que pisó la luna, el comunicado difundido por la Defensa Nacional con motivo de los hechos de Acajete, puede considerarse como un pequeño paso para las fuerzas del orden, pero un gran salto para el estado de derecho en el país.
Si el contenido del citado documento se aplica en toda su amplitud, los beneficios para Puebla y para México en general, podría significar la llegada de más inversionistas que buscan sitios donde desarrollar sus proyectos y en consecuencia generar riqueza y más empleos.
Al mismo tiempo, los ciudadanos y los turistas que visitan la entidad poblana gozarán de mejores niveles de seguridad y bienestar, haciendo más competitiva su participación en el contexto nacional e internacional.
Habrá que subrayar que por décadas el uso legítimo de la fuerza ha sido un tema complejo y de difícil aplicación por parte de las autoridades locales y federales, por el riesgo que implica caer en alguna acción que pudiera interpretarse como un acto de represión, sin embargo ya es hora de que el país avance en la dirección correcta, que no es más que la aplicación de la ley.
Hoy las cosas parecen ser distintas, sin embargo sigue siendo un reto determinar en qué momento se debe hacer uso gradual y proporcional de la fuerza; sin duda este será diferente para los estudiosos de los derechos humanos desde una cómoda oficina repleta de libros sobre el tema, otro será para los legisladores en turno, y uno más para los políticos gobernantes de acuerdo a sus intereses.
Pero el que considero más sensible y difícil de identificar es el que le toca determinar a los mandos operativos y los elementos policiales y militares en la línea de fuego.
Versión no contada. Hoy nadie se acuerda que para abrir el gasoducto que dará vida a la termoeléctrica de La Huexca, en el estado de Morelos, éste travesó por Puebla y requirió horas, semanas y meses de diálogo con los pobladores de las comunidades donde se construyó e incluso en algún momento se tuvo que recurrir al uso legítimo de la fuerza para garantizar el bien público.
En breve estas acciones se traducirán en una planta que dotará de electricidad a las comunidades e industrias del sur de dicha entidad, a eso se le llama estado de derecho.