22 de Mayo del 2019

El modelo de Ciudad Juárez en materia de seguridad

Por Facundo Rosas / /

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La situación de violencia por la que atraviesa el país y el estado de Puebla en particular, obliga a revisar lo que ha sucedido en otras regiones del país y sobre todo la forma en que fue resuelta en un lapso relativamente corto. Precisa de nuevas formas de atención y trabajo coordinado entre sociedad civil organizada y autoridad, como la que tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

A la distancia lo más importante no es ver quién tiene más créditos o más amigos entre los juarenses, sino recuperar el aprendizaje de aquel gran laboratorio que con base en evidencia empírica podría aportar conocimiento para hacer frente a la situación por la que atraviesan algunas de las principales ciudades del país, y la capital poblana no es la excepción.

La experiencia vivida entre 2010-2012 en Ciudad Juárez indica que no se puede alcanzar y mantener la seguridad de la población sin antes garantizar las condiciones mínimas de gobernanza, ésta última entendida como la capacidad de la autoridad para medir el impacto de sus acciones y decidir qué hacer. La seguridad no llega por sí sola y tampoco podría llegar antes que la gobernanza.

En el caso de dicha ciudad fronteriza, devolver las condiciones de convivencia social y de desarrollo económico sólo fue posible cuando autoridad civil y sociedad entendieron que no hay seguridad sin gobernanza, que no se puede exigir nada si cada una de las partes incumplen con las reglas del juego y la normatividad vigente; que no se puede avanzar sin un acuerdo básico para impulsar acciones en un solo sentido, hacia mejores niveles de seguridad.

Entre los elementos clave de aquella intervención destaca la amplia participación ciudadana en un marco de estrecha coordinación con la autoridad, sin competir para ver si los ciudadanos organizados eran mejores que los funcionarios y sin que una de las partes se subordinara a la otra, como suele suceder cuando las organizaciones de la sociedad civil se dedican solo a criticar y otros únicamente a evadir su responsabilidad.

A esta nueva forma de trabajo le denominados “Mesa de Seguridad” y se caracterizó por la independencia de los representantes de la sociedad civil organizada respecto de los funcionarios de gobierno federal, estatal y municipal, es decir ningún ciudadano en lo individual o con representación de los sectores productivos, político, social, académico, médico e incluso defensores de derechos humanos, recibió instrucciones o recursos públicos para el desarrollo de sus actividades. La riqueza y alcance de sus decisiones radicó en la independencia de sus propuestas a la hora de aportar soluciones, así como la definición de indicadores cuantitativos, metas y dinámica para lograr un seguimiento efectivo.

Las primeras reuniones fueron diarias, conforme la metodología de seguimiento se fue consolidando, estas se modificaron hasta que la “Mesa de seguridad” llegó a sesionar en pleno una vez a la semana y después en forma mensual, sin que ello implicara el abandono de las responsabilidades de las Comisiones de trabajo.   

De esta forma se logró revertir una tendencia superior a los 285 homicidios dolosos mensuales en octubre del 2010 hasta menos de 30 casos a finales del 2012, una reducción cercana al 90%. En materia de secuestro los registros de los diversos sectores de la sociedad y de la autoridad se unificaron y terminaron coincidiendo en cero desde finales de 2011 y hasta 2012.

Hasta aquí los objetivos de la estrategia construidos entre autoridad y sociedad se habían alcanzados conforme a lo planeado, pero el cambio de administración federal, el consecuente ajuste en la estrategia estatal y el cambio de la autoridad municipal, trajeron consigo ajustes en las prioridades y junto con ello una gradual desintegración de la “Mesa de seguridad” y una sensible descomposición de las condiciones de seguridad y bienestar prevalecientes hasta ese momento. 

Desde ese entonces el modelo de “Mesa de seguridad” ha tratado de ser replicada por diversas organizaciones de la sociedad civil en por lo menos 25 ciudades país con resultados aún parciales, pero no por ello menos loables. De igual manera ha sido retomado por algunos gobiernos estatales y municipales, con premisas y objetivos diferentes a los que les dieron origen; algunos de estos esfuerzos son dirigidos por las propias autoridades y otros por parte de los denominados “Consejos de seguridad” que formalmente aún dependen de las instancias de gobierno, cuando la esencia del modelo radica en la independencia total de las organizaciones participantes. 

Conforme el tema de la seguridad se ha posicionado como el de mayor preocupación de la sociedad, han aparecido muchos “expertos” que se adjudican la solución de los problemas de seguridad por los que atravesó Ciudad Juárez en el 2010, cuando llegó a considerarse la urbe más violenta del mundo debido a la incidencia de homicidio doloso.

A ellos les recuerdo que no tuve la oportunidad de encontrarlos en alguna de las múltiples reuniones de planeación estratégica, seguimiento operativo y de coordinación con la sociedad civil organizada.

La actual coyuntura del país y en particular el estado de Puebla, requiere de nuevas fórmulas de atención y la sociedad civil organizada puede aportar algo más que lo realizado hasta ahora, como ya sucedió en Ciudad Juárez entre 2010 y 2012, solo es cuestión de escuchar, tomar nota, establecer prioridades en común y vigilar que los indicadores y metas se cumplan, además de que se den a conocer a los ciudadanos.

Todo parece indicar que primero es la gobernanza, es decir la atención de las causas y la gobernabilidad, y posteriormente la seguridad, sin embargo, la evidencia empírica sugiere que se construyen juntas.

Facundo Rosas, fue Comisionado General de la Policía Federal, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana del gobierno federal y Secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla

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