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Hoy se cumplen seis meses, desde aquél viernes 26 de septiembre cuando desaparecieran en Iguala a 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, con sede en Ayotzinapa, Guerrero. Había iniciado la redacción del presente artículo hace 1 mes, en el cumplimiento de los 5 meses, ahora la publico con la información más actualizada y con datos que serán de su interés. El título inicial de la columna era “México por primera vez ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU”, que abarca la primer parte de la columna, seguido por un breve resumen del estatus del caso y de la opinión del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comparecencia ante el Comité de Desapariciones Forzadas (CED en inglés) de la ONU, tuvo como objetivo evaluar el cumplimiento de México a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, habiendo un sinnúmero de aspectos en los que el estado mexicano está incumpliendo con lo redactado en la Convención y es la primera vez que comparece ante este mecanismo creado por la ONU para la protección contra este delito.
COMPARECENCIA, BASES DE DATOS AMBIGUAS
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó suinforme de 35 páginas, donde reconoce que el Estado Mexicano no sabe el número de desaparecidos que existen en el país y se reconoció el caos institucional que existe en las bases de datos y cifras de personas desaparecidas en México. “No existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y unaestadística confiable”, sostuvo.
Siendo la información insuficiente, no es posible especificar en cuántos de estos casos existen indicios de desaparición forzada con la participación o aquiescencia de servidores públicos, cuáles se atribuyen a delincuencia organizada y cuáles corresponden a personas no localizadas, además de que no existen los mecanismos para encontrarlas concluye el informe de CNDH. El documento tampoco acredita responsabilidad directa o indirecta de servidores públicos.
Hasta el momento, han sido 13 recomendaciones que ha emitido la CNDH por desaparición forzada y 37 víctimas se han visto involucradas en estas recomendaciones. Las recomendaciones han sido contra Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública Federal y PGR.
Por lo cual podemos concluir que México ha quedado expuesto como el país donde no existen garantías para el más básico de los Derechos Humanos, en el artículo 3o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el derecho a la vida. Estamos desprotegidos en nuestra integridad física, y un día como hoy, podemos desaparecer sin que haya los candados jurídicos o certeza en la investigación de que puedan dar con nuestro paradero. Hay que reconocer también, la cruenta guerra contra el marco en el sexenio de Calderon, que nos heredó una cifra sin precedentes en materia de muertes, desapariciones forzadas y violaciones a Derechos Humanos.
Cada dependencia tiene su base de datos, la CNDH, la PGR, Secretaria de Gobernación a través del Sistema Nacional de Seguridad Publica y todas con números que van a la alza y modifican constantemente. Así, las cifras oficiales que se han manejado de acuerdo con Reporte Índigo (en ninguna se especifica causa de la desaparición), son las siguientes:
-4,039 casos reportados como desaparecidos hasta diciembre de 2014 registrados en una de las bases de datos;
-24,809 desaparecidas con fecha de 1995 hasta diciembre de 2013 registrados en otra de las bases de datos;
-26,121 desaparecidos fue la cifra que dio el Gobierno Federal cuando comenzó el actual sexenio;
-18,955 desaparecidos fue la cifra que dio el mismo Gobierno Federal pocos meses después, después de una actualización;
-8,000 casos de personas desaparecidas dio la autoridad como cifra oficial el año pasado;
-23,271 personas desaparecidas fue la nueva cifra que se dio a conocer en octubre del año pasado.
Con el número de desaparecidos en losúltimos 10 años, podríamos comparar a México con la dictadura argentina de 1976 a 1983 que dejó30 mil desaparecidos, sólo que en México nunca dejamos de ser un “estado democrático”.
Instituciones sin Fuerza
Los órganos creados parallevar un registro de víctimas no tienen reglamentos, para que sean funcionales. De hecho, la debilidad institucional que enfrenta el gobierno mexicano se confirma con la promulgación en 2012 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que carece de reglamento o leyes secundarias para que el mecanismo funcione plenamente. Lo mismo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que funciona sin criterios o mecanismos eficientes para mantener actualizado y funcionando la base de datos con seguimiento de los casos.
La desaparición forzada en México está contemplada a nivel Federal y en algunos estados pero sin ajustarse a los estándares internacionales. La promulgación de la ley fue viejo compromiso ante Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México en el 2008. La desaparición forzada de Rosendo Radilla (cercano al EPR y Lúcio Cabañas en Guerrero), sin que se haya establecido paradero de la víctima ni encontrado sus restos, después de 33 años existió total impunidad ya que el Estado no sancionó penalmente a responsables, ni se aseguró reparación del daño a su familia.
Asimismo, queda incumplido el compromiso con el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, órgano con quien se comprometió en 2009 paraentregar base de datos de personas desaparecidas. El incumplimiento también incluye la falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas reciba y conozca denuncias individuales de mexicanos víctimas de ese delito de acuerdo a la convención internacional.
”Falta de tipificación adecuada del delito de desaparición forzada o la carencia de unaley general en la materia, y no existencia de protocolos de búsqueda con vida de los desaparecidos”. Hace la observación Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, presente en la audiencia. A lo que se propone crear una Ley general contra la desaparición forzada y que se admita la competencia del CED para recibir quejas individuales.
Ayotzinapa
La visita de los padres de algunos de los normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del año pasado a Ginebra, también revela ciertas inconsistencias del Estado mexicano para resolver la problemática.
“Hemos decidido venir aquí a este Comité para conseguir algo de apoyo y obtener realmente justicia, ya que nuestro gobierno es incapaz”, expuso Bernabé Abraján, padre de uno de los estudiantes, acompañado de representantes de organizaciones de Derechos Humanos en México como el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan y el de Michel Agustín Pro Juárez, que solicitaron a la CED a no cerrar el caso de 43 estudiantes desaparecidos.
Asimismo exigieron que elcomité intervenga para que investigue a los elementos del 27 batallón de infantería en Iguala. Pues militares estuvieron involucrados en desaparición después de que el celular de uno de los estudiantes estuviera en dicha base militar. Consideraron necesario además, abrir una línea de investigación contra el Ejército y el ex gobernador. Al tiempo que con los anuncios del procurador Murillo Karam, y el carpetazo al caso, buscan que no se criminalice a normalistas y que no se les vincule con el grupo criminal conocido como Los Rojos, además de que el caso se tipifique como desaparición forzada.
Santiago Corcuera Cabezut, experto mexicano independienteintegrante del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU sostiene que el gobierno mexicanono puede dar por muertos a normalistas, pues de acuerdo con estándares internacionales contenidos en convenciones sobre desaparición forzada, éste es un crimen de carácter continuo, inicia con el acto de detención y culmina con el esclarecimiento de la suerte o el paradero de la víctima: “la determinación, más allá de toda duda, de la localización de la persona, si es que está viva; y la comprobación, de que está viva, corroborada por los familiares”.
Señaló que los padres pueden ampararse bajo el argumento de violación a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que forma parte del bloque de constitucionalidad mexicano, de acuerdo a resolución 293 de la SCJN.
En el caso de que la víctima estuviera muerta, la confirmación de ello puede hacerse con la existencia del cadáver, o con una prueba de que existen sus restos, identificados por estudios científicos, como ADN, pero “mientras no haya esa certezano se pueden declarar muertas a las víctimas, y se entiende que la desaparición forzadase sigue cometiendo.”
Como (primera) conclusión a este triste episodio de nuestra historia, cito a una entrevista que mantuvieran el extitular de Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo hace dos años con Antonio Navalón de Reporte Índigo, en la cual adelantó lo que ahora se pone sobre la ONU en motivo de la comparecencia de México en rubro de Derechos Humanos: “la única forma de solucionar el problema de los desaparecidos sería cuando el Estado colapsara”.
Y vaya que lo está haciendo.
6 MESES DESPUÉS
Al día de hoy, jueves 26 de Marzo, el recuerdo de los 43 reactiva protestas en México y el extranjero. Sus padres, organizaciones sociales y sindicales, así como estudiantes y ciudadanía en general organizaron una serie de marchas y mítines en Guerrero, el país y el extranjero.
La protesta de descontento social lleva como consignas la presentación con vida de los normalistas, castigo a los responsables y cancelación de los próximos comicios electorales.
“Mientras la investigación sobre la desaparición de los estudiantes continúa, llamamos al gobierno mexicano que dé su completo apoyo a la labor del recientemente constituido Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” expone un documento firmado por Amnistía Internacional, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y el robert F. Kennedy Human Rights, entre otros organismos.
Se reconoció además que la nueva procuradora, Arely Gómez, se reuniera con el GIEI a quienes aseguró que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se mantenía abierto (a diferencia del carpetazo que le quería dar el cansado Murillo Karam).
Otro factor preocupante señalan, son los recientes intentos del gobierno mexicanos por deslegitimar y no tomar en cuenta las recomendaciones y observaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como los informes del Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Entre las recomendaciones, indican que se busca ampliar el uso de imágenes satelitales registradas en las noches del 26 y 27 de septiembre, hasta instar al Congreso a aprobar legislación sobre desaparición forzada basada en estándares de Derecho Internacional de los derechos humanos.
Peticiones:
1- Continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos;
2- que el caso sea tratado como un caso dedesaparición forzada;
3- asegurar la preservación de la evidencia;
4- que el gobierno otorgue asistencia médica a las personas afectadas por el crimen, incluyendo a familiares de los víctimas y a Aldo Gutiérrez, quien continúa en coma por lesiones del ataque de septiembre;
5- garantizar que el Grupo tenga acceso a la información que se necesite, copia digital del expediente judicial y una entrevista con militares del 27o batallón del Ejército (en Iguala, Guerrero).
A esto último, quiero remembrar el pronunciamiento que hicieron los empresarios por conducto del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, quien sostuvo: “Tengo mucha pena por lo que les pasó pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más íntima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el ejército” (supersic, citando las notas del maestro Jalife). También recuerdan cuando EPN visitó Lóndres, recibiendo el espaldarazo de la Reina Isabel (poderoso capital mundial, judío y extranjero) como diciendo coloquial: “no hay pex, tú sigue violando derechos humanos, desapareciendo gente, pues veo que has cumplido cabalmente con las reformas neoliberales para meter a nuestro capital y transnacionales en tu país”, digamos es algo similar.
Así la burguesía, aquella empoderada clase empresarial y el ejército cerraban filas en torno al caso. Podemos decir de esta forma, que estamos ante un estado cuasi-fascista/oficialista, en el que las fuerzas armadas salvaguardan los intereses de una cúpula en el poder y no del interés nacional o de la ciudadanía, a quién cínicamente la tropa se dirije como civilones. Evidente resulta, que cuando también se meten contra su brazo armado, la mafia en el poder o cartel de los empresarios, han de declarar a que no se metan en donde está la esencia de la nación, las entrañas del poder, las vísceras de la impunidad, las prácticas perpetuadas por el gobierno por más de 90 años, los intestinos del oficialismo, los pilares de un estado que se sostiene sobre mentiras, desapariciones, violaciones a derechos humanos y asesinatos políticos.
Asimismo, los padres acompañados de cientos de personas dejaron un documento al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdova el presidente del consejo, para exponer los motivos por los cuales no deben realizarse los comicios electorales. Lo mismo ocurrió en Guerrero y Michoacán, donde se manifestaron enfrente de diversos institutos electorales y en algunos tomaron instalaciones y bloquearon accesos.
Para cerrar, el mundo ya es lejano testigo de la realidad de México, ya se hizo notoria la impunidad, la ignominia, la desprotección jurídica y física en la que vivimos. Se siguen creando a su vez,antecedentes en Derecho Internacional y precedentes en forma de exhortos para la creación y mejoramiento de los marcos jurídicos. De no actuar el estado mexicano, estaría incurriendo ante un caso de omisión y no actuación frente a un claro caso dedesaparición forzada y de ignorar una realidad tormentosa en el país, por lo que después podría ser sujeto de investigación en tribunales internacionales, inclusive hasta por crímenes de lesa humanidad.
Por último, como pie de foto de la imagen superior, me gustaría agregar que es la protesta hoy 26 de marzo de 2015 en la embajada de México en La Haya, Países Bajos; sede de laCorte Internacional de Justicia, donde comparecerán autoridades que se mantuvieron por uso de la fuerza y en constante violación de derechos humanos, siguiendo el cabal cumplimiento de las medidas dictadas desde Washington, de nuestra inserción y papel aquél sistema que vivimos que se llama Neoliberalismo. (tuve la oportunidad de estar en La Haya en 2010 y representar a México en un Modelo de Naciones Unidas en la supramencionada ICJ, a la embajada solo fui por tamales)