Puebla es el tercer estado a nivel nacional con más casos de agresiones letales contra activistas ambientales durante el 2022.
La entidad poblana resultó a la par de entidades federativas como Chihuahua y Oaxaca con el mismo número de casos. Esto de acuerdo a un estudio del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
A diferencia de estos dos estados, en los tres casos de agresión a activistas en Puebla se identificaron como probables ejecuciones extrajudiciales.
La situación es similar a Guerrero, el cual ocupó el primer lugar con siete agresiones, de las cuales, tres se presumieron como probables ejecuciones de este tipo.
En Puebla, la totalidad de registros se identificaron como probables ejecuciones extrajudiciales, mientras que Oaxaca registró un evento de dicha categoría”.
De los 197 eventos de agresión en el país, que derivaron en 24 agresiones letales, tres ocurrieron específicamente en el municipio de Coyomeapan en Puebla.
Los tres defensores del patrimonio biocultural de la demarcación “fueron atacados y presuntamente ejecutados” por elementos de seguridad pública del Estado.
El CEMDA expuso que entre las principales luchas que se sostienen en Puebla y por las que han recibido agresiones los activistas y comunidades se encuentra:
- La deforestación
- Minería
- Desarrollos urbanos
- Contaminación de suelos por hidrocarburos
- Contaminación
- Extracción de agua
Marcelo, Teófilo y Omar, los activistas asesinados en Coyomeapan, Puebla durante 2022
El 9 de mayo del año pasado, al menos 20 policías del estado de Puebla se enfrentaron contra habitantes del municipio de Coyomeapan.
Según el informe que emitió la Base de Operaciones de Ajalpan, los uniformados transitaban en cinco patrullas con dirección a Coyolapa. Metros adelante un hombre los alertó de personas armadas que circulaban a bordo de una camioneta roja.
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A sólo 10 minutos de arribar al punto y encontrar un vehículo con las mismas características se suscitó un enfrentamiento. No obstante, en su momento las autoridades estatales no declararon sobre la existencia de víctimas mortales, sino sólo de heridos.
Por su parte, el CEMDA declaró que los defensores habían sido atacados junto con otras personas por elementos estatales cuando viajaban en una camioneta. Esto, a la altura de un paraje conocido como Cobatzalco.
Testimonios afirman que los elementos policiacos les cerraron el paso y abrieron fuego ocasionando que varios resultaron lesionados y los defensores perdieron la vida”.
El Centro Mexicano expuso que los tres defensores pertenecían a la comunidad indígena nahua en la demarcación. La cual vive un conflicto de violencia por la protección de sus recursos naturales.
La primera víctima mortal fue Marcelo Carrera Reyes de 45 años de edad, quien además de ser activista laboraba como albañil.
Seguido de Teófilo Barrera de 24 años, defensor comunitario que apoya en labores del campo y la agricultura. Y finalmente, Omar Herrera Raymundo, de 15 años de edad, también campesino.
Para el 25 de mayo del mismo año, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de nueve policías. Esto ocurrió por su presunta responsabilidad en la muerte de tres habitantes de Coyomeapan.
Días después de lo sucedido, la ONU-DH exhortó al Estado esclarecer los ataques y asesinatos contra los habitantes de Coyomeapan. Al tiempo que se dijo preocupada por “el uso excesivo de la fuerza” de la Policía del estado.
Este tipo de acciones no corresponde a una Policía Civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal”.
Asimismo, se informó que este mismo organismo había dialogado de cerca con los sobrevivientes de los ataques, así como con sus familiares.
Defensores del agua en Juan C. Bonilla también figuran en lista de agresiones
Los habitantes del municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla, fueron recordados por el CEMDA por la lucha que sostienen por la defensa del agua.
En el informe “Sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los Derechos Humanos”, expusieron la toma de la embotelladora Bonafont.
A Bonafont se le acusó por extraer millones de litros de agua para comercializar sus productos, provocando escasez y la debilitación de los suelos.
Esto, tras la instalación en la planta, que después se convirtió en “La casa de los pueblos Altepelmecalli” en marzo del 2021 para brindar diversos servicios. Entre ellos salud, educación, eventos culturales y de siembra.
En este espacio, la comunidad señaló que se resignificó el plantón y la toma de las instalaciones, que se reavivaron sus raíces ancestrales. Y demostraron que las protestas siguen siendo una herramienta de los pueblos para defender su dignidad, territorio y agua”.
La represión al sitio llegó la madrugada del 15 de febrero del 2022, a pocos días de que la toma pudiera cumplir un año. Cuando policías estatales y elementos de la Guardia Nacional (GN) desalojaron con uso excesivo de la fuerza a los guardias. No les permitieron sacar a sus animales ni objetos personales.
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