La Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno del Estado de Puebla, lanzó una nueva licitación para adquirir 5 mil equipos de seguridad para las unidades del transporte público de Puebla. Esto como una primera etapa, luego de que las licitaciones pasadas se declararan desiertas como parte del programa de modernización y seguridad en las unidades.
La licitación publicada por la Secretaría de Administración contempla un servicio integral de suministro, instalación, configuración y operación de los equipos de seguridad que solamente serán empleados en el transporte público. Taxis y unidades de plataformas como Uber y DiDi quedarán para etapas posteriores.
Esta adquisición tiene el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la seguridad vial, la seguridad pública y generar información estadística de los recorridos del transporte público.
De acuerdo a la licitación, el servicio integral tendrá duración hasta el 31 de octubre de 2024 desde la formalización del contrato.
El carácter de esta licitación para la adquisición de equipos de seguridad para el transporte público, será de forma nacional además de que el origen de los recursos será del estado.
Los participantes deberán indicar la marca y/o nombre del fabricante, modelo, versión, país de procedencia y país de ubicación del equipamiento ofertado para la prestación del servicio.
El proveedor ganador de esta licitación tendrá que realizar la configuración e integración del equipamiento y software de seguridad. Éste tendrá que proveer de una cámara de videovigilancia con vista a la calle, otra que permita la visibilidad en el interior de la unidad del transporte público, una cámara de conteo de pasajeros y un botón de pánico.
Esto contempla la licitación para los equipos de seguridad
Las diferentes cámaras deberán estar configuradas desde la plataforma de monitoreo del transporte público concesionado y establecerán parámetros de operación y análisis de las diferentes rutas, horarios de operación y eficiencia de cada uno de los chóferes. Además de desviación de rutas pre definidas para la unidad.
La licitación contempla que los equipos de seguridad deberán tener la capacidad de almacenar la información de los trayectos durante al menos siete días de la operación del vehículo, o cuando se active el botón de pánico en cada una de las unidades.
Además, el proveedor que resulte ganador, se tendrá que hacer cargo de la instalación, configuración y puesta en marcha de este equipamiento de seguridad en las diferentes unidades del transporte. Deberá realizarlo al día siguiente hábil después de los 90 días naturales de la formalización del contrato, teniendo un plazo hasta el mes de abril de 2023.
La SMT contempla también que esta licitación pueda proveer de un servicio de Internet de 500 MB, mismos que serán utilizados para realizar la conexión de los equipos de seguridad en el sistema de la Secretaría y al C5 de la Secretaría de seguridad pública del Estado, esto durante la vigencia del contrato.
Los equipos de seguridad deberán transmitir en 3G y 4G, además de transmitir la latitud y longitud cada 10 segundos y compartir la información de número de placa, hora, fecha y velocidad de la unidad del transporte público.
Asimismo, los sistemas de videovigilancia deberán incluir una memoria de 124 GB o 256 GB de capacidad de almacenamiento. La empresa licitante deberá brindar la disponibilidad de la información de las grabaciones almacenadas hasta por 10 días, así como integrar una base de datos con un respaldo de esta información y de la ubicación de las unidades.
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Licitación viene desde administraciones pasadas
En septiembre, la SMT anunció que sería pronto la emisión de la licitación de 5 mil equipos de seguridad que serán instalados en camiones y combis del transporte público. Luego de que, en abril, la primera licitación que se emitió quedó desierta.
Sin embargo, se realizó un segundo intento y volvió a fallar, por lo que la modernización del transporte público aún se veía sin fecha.
Sin embargo, la falla en la modernización del transporte público viene desde el secretario de Movilidad, Guillermo Aréchiga quien implementó un programa de videovigilancia que nunca funcionó debido a que se trabajó a través de empresas fantasma.
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