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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en Puebla se ejercieron de forma irregular 617 millones 160 mil pesos durante 2020. Dichas anomalías ocurrieron desde instancias del gobierno estatal, la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla (BUAP), así como de los municipios de Puebla, Huauchinango y Ajalpan.

La ASF hizo la tercera entrega de los informes de fiscalización correspondientes a la cuenta pública 2020, en los que se analiza cómo se ejercieron los recursos ese año. Sólo por la tercera revisión se hallaron irregularidades por 410 millones 391 mil pesos. 

En el informe consolidado con las tres revisiones, se suma el monto de la última entrega con el de las dos primeras, por lo que la ASF determinó que se ejercieron de forma irregular un total de 617 millones 160 mil pesos a lo largo de 2020.  

El informe consolidado con las tres entregas de informes, destaca que, desde el Gobierno del Estado se debe aclarar el gasto de 415 millones 344 mil pesos ejercidos de forma irregular durante 2020, la mayoría de las observaciones fueron porque desde la administración se realizaron pagos fuera de los plazos establecidos por la ley y está pendiente evidencia del cumplimiento de contratos.  

Además, la BUAP no ha solventado las irregularidades por 177 millones 633 mil pesos correspondientes al 2020, estas fueron las observaciones que hizo la ASF en octubre del año pasado con motivo de la segunda entrega de los informes.

En los recursos de 2020, la ASF también halló anomalías por 12 millones 91 mil pesos a la administración de la morenista Claudia Rivera en la capital del estado; irregularidades por un millón 117 mil pesos en la administración del ex presidente municipal de Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera, también de Morena; y 6 millones 42 mil pesos sin aclarar desde el Ayuntamiento de Ajalpan, donde el edil del PAN, Ignacio Salvador se fugó tras ser vinculado al crimen organizado.

Más de 400 millones de pesos ejercidos de forma irregular en la administración estatal

La administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta se había mantenido con mínimas observaciones del ejercicio fiscal 2020, incluso, en la primera entrega de informes que hizo la ASF no hubo irregularidad alguna.

En la segunda entrega, la ASF detectó irregularidades por más de 13 millones en el ejercicio de recursos para seguridad y también para educación, lo único que se solventó fue la observación de 775 mil pesos que se hizo en la Universidad Tecnológica de Xicotepec, pues ya no aparece en el informe consolidado.

Para esta tercera entrega fueron más de 400 millones de pesos en irregularidades encontrados en el ejercicio de diferentes fondos, sobre todo, por el pago extemporáneo de obras y por la falta de evidencia de cumplimiento de contratos.

La ASF detalla que el rubro de participaciones es el que tiene el mayor monto por aclarar, con un total de 249 millones 144 mil 949 pesos en contratos que realizó la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Seguridad Pública y la Universidad Tecnológica de Puebla, en los que no se presentó evidencia de cumplimiento de contratos con la entrega de los bienes o servicios pagados.

El mayor monto por aclarar es del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) con 111 millones 914 mil 140 pesos, de los que 99 millones 423 mil 21 pesos se comprometieron y no se habían pagado antes del 31 de marzo de 2020, fecha límite para liquidar los pendientes con contratistas de obras y servicios.

Los 12 millones 491 mil 118 pesos restantes fueron porque en cuatro obras no se cumplieron las fechas de término contractuales y no se aplicaron penas convencionales por retraso, lo cual representa una irregularidad.

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) tuvo observaciones por 39 millones 562 mil 615 pesos, también porque al ejecutar obras con estos recursos se comprometieron dentro de los plazos, pero no se pagaron antes del 31 de marzo, fecha máxima en que debían liquidarse.

Además, la administración estatal debe aclarar el uso de 7 millones 173 mil 701 pesos destinados al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.

La ASF determinó que se pagaron en exceso los salarios de médicos generales y auxiliares de enfermería, por lo que se presume un daño patrimonial de 4 millones 853 mil 78 pesos; sumado a 2 millones 320 mil 622 pesos, porque se pagaron en dos ocasiones servicios de impermeabilización para los mismos Centros de Salud en un período de seis meses.

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