La reciente detención de Francisco Romero Serrano, ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, ha sido el desenlace de una serie de irregularidades cometidas durante su cargo, como son lo revelado por CENTRAL sobre el cobro de moches en auditorías externas, la inscripción de allegados al padrón de despachos avalados, el rezago en la revisión de cuentas públicas y la denuncia por violencia familiar.
El pasado 25 de febrero, Romero Serrano fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras un cateo realizado en su domicilio en La Vista Country Club, fraccionamiento ubicado en San Andrés Cholula.
Fue aprehendido por el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita, sin que las autoridades detallaran el tipo de actividad que realizó. Su detención fue por este delito, pese a que ya existía una denuncia por violencia familiar.
Días antes, la detención de Romero Serrano figuraba como un hecho inevitable. En parte, por las indagatorias que había en su contra, así como por la vinculación a proceso que realizó un juez de control, razón por la que fue separado de su cargo en la Auditoría.
Su ejercicio como titular de la ASE, el máximo órgano que fiscaliza las cuentas públicas para detectar actos de corrupción en Puebla, quedó manchada por diversas irregularidades. Entre ellas, el cobro de moches por auditorías externas, inscribir a sus allegados en el padrón de despachos avalados para realizar dichos procesos, así como su retraso en la revisión de las cuentas públicas, que databan desde 2018.
Romero Serrano recibió moches e inscribió a cercanos como auditores externos
Además de que su designación no contó con el aval del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo. El primer señalamiento contra Romero Serrano fue el presunto cobro de moches en los trabajos de las auditorías externas.
Y es que el portal Milenio documentó que, de los 87 despachos externos autorizados por la ASE para ejecutar auditorías, nueve pudieron concretar contratos con 42 entes públicos para la revisión de sus cuentas públicas.
De acuerdo documentos de la propias Auditoría, estos entes públicos pagaron un total de 43 millones 173 mil pesos a los despachos contratados. De dicho monto, se debía pagar directamente el 20% a Romero Serrano, equivalente a 6 millones 834 mil pesos.
La autorización de auditores externos es una práctica no aceptada por David Colmenares, pues en febrero del 2020 dijo que no colaboraría con los homólogos estatales que contraten despachos privados, al considerar esto como una práctica que “echa a perder” las indagatorias sobre los entes públicos.
De igual forma, CENTRAL documentó que entre los despachos que trabajaron con Romero Serrano, cinco pertenecían a sus allegados y conocidos, quienes fueron inscritos en el padrón pese a no cumplir con los requisitos de la convocatoria.
Entre las personas beneficiadas estuvieron los quintanarroenses José Maximino Muñoz Lara y Miguel Ángel Castillo Castillo, amigos personales del titular de la ASE, y quienes además reportaron el mismo domicilio fiscal en Puebla, colocando como sus teléfonos números de Quintana Roo.
Las otras firmas beneficiadas fueron: Grupo Jus S.C., que tenía como representante legal a Diego Rodríguez Cruz; Maldonado Jurado Asociados S.C., cuyo representante legal es Juan Manuel Maldonado Calderón, así como Soluciones Profesionales Modernas S.C., a cargo de Antonio Sánchez López.
Para que en 2021 pudieran mantenerse en el registro, Romero Serrano modificó la convocatoria y quitó, como parte de los requisitos, que las firmas contaran con licencia de funcionamiento.
Rezago en revisión de cuentas públicas
El desempeño de Romero Serrano dentro de la ASE también quedó a deber por el rezago que tuvo en la revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos, ya que quedaban sin analizar 658 informes individuales de 2018 y 2019.
Estos trabajos debieron solventarse en 2020, ya que Romero Serrano ingresó como titular de la Auditoría en 2019.
En su momento, la presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, Olga Romero Garci Crespo, señaló que el retraso se debía a la falta de actividades presenciales y los contagios por el coronavirus dentro de la ASE: justificación que se mantuvo incluso durante 2021.
Fue hasta noviembre del año pasado cuando la Comisión Inspectora pudo aprobar la revisión de las cuentas públicas que envió Romero Serrano, quedando aún pendientes los informes sobre 2020 y 2021.
Denuncia por violencia familiar en contra de Romero Serrano
Una de las acusaciones que más pesan sobre Romero Serrano es la denuncia por el delito de violencia familiar. El 23 de octubre el 2021, policías de San Andrés Cholula recibieron una llamada de auxilio de la esposa de Romero Serrano, quien acusó que, en estado de ebriedad, su esposo la agredió a ella, a su hijo y a una nana.
Los efectivos se trasladaron al fraccionamiento La vista Country, uno de los de mayor plusvalía de la entidad. Según declararon los elementos de seguridad, la esposa del auditor señaló que “se había puesto muy violento con ella, su hijo que sufría de autismo y con la nana (…) que la había agredido verbal y físicamente y que los había sacado del domicilio (…) que además a Joseline (la esposa) la había correteado por la cuadra sin que pudiera alcanzarla y que cuando regresó al domicilio ya no la dejó entrar”.
CENTRAL dio a conocer en diciembre pasado que una Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente liberó una orden de aprehensión contra Romero Serrano. Sin embargo, el entonces auditor ya se había amparado para evitar la detención.
A la luz de los hechos,la pareja rechazó los señalamientos en un corto video, publicado en sus redes sociales.
Sin embargo, esto no evitó que, el 21 de febrero del presente año, un Juez de Control de la región judicial centro-poniente de Cholula emitiera medidas cautelares contra Romero Serrano, entre ellas,su suspensión provisional como titular de la ASE.
De esa forma, se designó al entonces auditor de Cumplimiento Financiero, Rubén Fuente Vélez, como encargado temporal del organismo. A los pocos días, el Congreso local decidió proceder conla destitución definitivade Romero Serrano, presentando una solicitud formal.
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