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El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado la reforma para mejorar el Sistema Judicial de Puebla como un traje a la medida para destituir al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, pues incluye la realización de un juicio ciudadano para aquellos funcionarios, magistrados o jueces que impidan el acceso a la justicia y ejerzan sus labores para beneficiarse.

El mandatario poblano anticipó esta propuesta desde el 23 de agosto, la cual lleva más de año y medio de elaboración. Fue presentada, ante casos como el de Miriam Vázquez, quien fue víctima de abusos y corrupción en el Poder Judicial.

Las diversas modificaciones al artículo 86 de la Constitución Política estatal, definen que el Poder Judicial debe regirse “por los principios de honestidad, imparcialidad, independencia, legalidad, publicidad, rendición de cuentas y transparencia”. Para su ejercicio, los órganos judiciales “deberán garantizar que la justicia sea accesible, pronta, completa, gratuita, intercultural y con perspectiva de género”.

Para evitar algún acto de corrupción, abuso o tráfico de influencias, los magistrados, consejeros de Judicatura y jueces, tendrán prohibido reunirse “con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales, para tratar los asuntos jurisdiccionales en los que participen”.

“Asimismo, la Ley preverá las reglas de contacto entre los magistrados y consejeros de la Judicatura o cualquier personal de los órganos jurisdiccionales y las partes, así como las condiciones de tiempo, lugar, modo y publicidad que regulen dichas reuniones”, señala la modificación.

A su vez, ellos serán responsables ante el Congreso del Estado por alguna negación de justicia e incumplimiento doloso de los supuestos de impedimento judicial. En caso de violar las reglas de conflicto de interés en algún juicio, el Legislativo “procederá a su destitución por mayoría calificada” de los diputados.

Estas acciones, podrán iniciarse por cualquier queja ciudadana de destitución, siendo independiente de un juicio político.

Prohíben que servidores del sistema judicial de Puebla beneficiar a allegados

Con una reforma judicial al artículo 91 también de la Constitución, se obliga a los servidores públicos del Poder Judicial y del TSJ a informar sus parentescos consanguíneos de hasta cuarto grado, que tengan con otros integrantes del mismo Poder, mediante una declaración pública de intereses. Esta acción, ayudaría a evitar conflictos de intereses y nepotismo en los juicios.

También, serán responsables por gestionar nombramientos o promociones para familiares o personas cercanas a ellos, toda vez que estarán obligados a presentar su declaración de situación patrimonial.

Nombramientos, promociones o gratificaciones cuando exista un interés personal, familiar, económico o de negocios en el caso. Asimismo, cuando sus actos u omisiones deriven en alguna ventaja o beneficio para él, su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”, detalla la reforma.

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Abren posibilidad para destituir a Héctor Sánchez

En el artículo 87 de la Carta Magna de Puebla, se plantea la reforma judicial para que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de la Sala Constitucional, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura, “podrán ser removidos de su cargo, mediante el mismo procedimiento”.

Es decir, que el actual presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez podría ser destituido, si se determina que cometió alguna de las fallas señaladas en los artículos anteriores. Por otra parte, la fracción 10 del artículo 12, plantea que, también los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se sujetarán a las reglas de remoción.

Por otra parte, el artículo 97 agrega que los consejeros de la Judicatura no podrán actuar como patrones, abogados o representantes, “ni intervenir o contratar bienes o servicios por sí o a través de terceros, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión del cargo”.

Esta reforma al Sistema Judicial de Puebla será turnada a la Mesa Directiva del Congreso el 22 de septiembre, para posteriormente ser enviada a las comisiones donde iniciará su análisis.

Esta reforma al sistema judicial fue propuesta e impulsada luego del caso de Miriam Vázquez de Huauchinango y de que el presidente del TSJ, Héctor Sánchez fue sorprendido en un restaurante con José Antonio Gali López, hijo del ex gobernador Tomy Gali, pues algunas versiones periodísticas señalaron que el magistrado presidente pertenece al grupo político del exmandatario.

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