Con una iniciativa presentada al Congreso del Estado, se busca castigar con hasta nueve años de prisión a trabajadores que filtren cualquier información del gobierno de Puebla. Incluyendo la que sea reservada, clasificada o confidencial.
El diputado del PT, Miguel Octaviano Huerta Rodríguez indicó en el dictamen de su reforma que los documentos del Ejecutivo corren riesgo de ser manejados por personas que podrían hacer un uso indebido por el acceso a las tecnologías.
Justificó que los datos que el gobierno de Puebla almacena deben ser más protegidos, ya que incluyen información reservada que afecta al debido proceso y a la persecución de un delito. También, porque esa información puede “comprometer” al Estado.
Expuso que solo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, existen 45 expedientes clasificados como reservados, mientras que el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene archivados otros cuatro.
Bajo esa línea, el diputado propuso una modificación al artículo 477 del Código Penal estatal, para fincar una pena de dos a cinco años de prisión por la sustracción, divulgación, modificación y pérdida de información contenida en computadoras del gobierno de Puebla.
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Las modificaciones a la Ley
Actualmente, este apartado solo estipula una pena de uno a dos años por la eliminación, modificación y pérdida de los documentos, por lo que incrementa el castigo para estas modalidades.
Sin embargo, la pena aumentará de tres a seis años contra la persona que, sin autorización, “copie, utilice o divulgue información” de las computadoras del gobierno de Puebla, que contengan datos sobre seguridad pública o que estén protegidos por un mecanismo. A ello, se sumará una multa de 300 a 600 UMAS, de 28 mil 866 a 57 mil 732 pesos.
Lo anterior también subiría hasta en una mitad “si la información es clasificada como reservada o confidencial”, por lo que la pena sería de cuatro años y medio a nueve.
De igual forma, en el artículo 478 se propone que, por el solo hecho de filtrar información oficial en materia de seguridad del Gobierno de Puebla, el funcionario pagará con dos a cinco años de prisión, aunque esta pena sería de tres a siete años y medio cuando sean datos confidenciales.
A ello, se suma que también sería inhabilitado para desempeñar un cargo similar por el mismo periodo.
La iniciativa de Miguel Octaviano Huerta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
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