El presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, rechazó que la creación de una Sala Constitucional, planteada en la reforma al Sistema Judicial de Puebla, no busca evadir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en futuras acciones de inconstitucionalidad que se presenten.
En rueda de prensa, tras el Primer Informe de Actividades del diputado Eduardo Castillo López, destacó que uno de los principales ejes de la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, es la posibilidad de que el Legislativo pueda destituir a magistrados que incumplan con sus deberes.
Al calificar la reforma al Sistema Judicial de Puebla como de “justicia social”, Sergio Salomón subrayó que podrán ser indemnizadas aquellas personas que hayan sufrido procesos largos y tortuosos en sus juicios, cuando los funcionarios públicos hayan actuado en contra.
Sin embargo, con relación a la creación de la Sala Constitucional que planea resolver acciones de inconstitucionalidad que son atendidas por la SCJN, Sergio Salomón destacó que no es su intención brincar a dicho órgano, pues el objetivo es que la Sala funcione como una “vía paralela”.
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Y es que subrayó que este cuerpo podrá dirimir las reformas del Congreso del Estado y de los Cabildos que vayan en contra de la Constitución, funcionando como una primera instancia, debido a que los fallos de la Corte suelen demorar meses o años.
De entrada, no suple a la Corte. Es una instancia que tenemos a nivel estatal, que hace una primera revisión, pero que sigue salvaguardando el derecho de cualquiera de los quejosos o de los que busquen hacer señalamientos”.
El legislador morenista justificó que la Sala Constitucional es necesaria, debido a que anteriormente no había un órgano estatal que revisara las modificaciones de reglamentos o leyes del Congreso del Estado y de cada uno de los Cabildos.
Poder Judicial decidirá si algo es inconstitucional
La iniciativa de Miguel Barbosa plantea la creación de dicho órgano, el cual, tendría a cinco magistradas y magistrados, designados por el Congreso del Estado para un periodo de 15 años, siendo propuestos por el gobernador. Con esto, en una primera instancia, los magistrados afines al mandatario poblano decidirán qué sería inconstitucional.
En el artículo 87 de la Constitución local, se plantea que la Sala resolverá las acciones de inconstitucionalidad que presenten el titular del Ejecutivo; la Fiscalía General del Estado (FGE); la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla; el Instituto Electoral del Estado (IEE); el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (Itaipue), así como los partidos políticos.
De igual forma, el Congreso del Estado podrá promover estas acciones de inconstitucionalidad, si están de acuerdo el 33% de los 41 diputados locales. También, podrán solicitarlas el 1% de los poblanos inscritos en el listado nominal de electores.
Esta medida, permitiría que el Legislativo evada en una primera instancia a la SCJN, órgano que ha decretado varias acciones de inconstitucionalidad contra algunas de sus reformas, como no haber consultado a la población para la creación de la Ley de Movilidad y la modificación a la Ley Estatal de Salud, para mantener internados a pacientes en psiquiátricos en contra de su voluntad.
Principalmente, esta reforma al Sistema Judicial de Puebla busca reducir la impunidad y los abusos en los juicios, al promover la destitución de magistrados mediante denuncia ciudadana, así como evitar conflictos de intereses con parentescos entre funcionarios.
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