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La nueva reforma al Sistema Judicial de Puebla del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, plantea distintos mecanismos para destituir al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez. Así como a jueces que incurran en conflictos de intereses y obstruyan el acceso a la justicia de las víctimas.  

Se trata de una robusta modificación a diversos ordenamientos de la Constitución Política estatal. Que plantean como eje rector del Poder Judicial el respeto a “los principios de honestidad, imparcialidad, independencia, legalidad, publicidad, rendición de cuentas y transparencia”.  

El presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que esta iniciativa marcará un antes y después en la impartición de justicia. Por ello, la calificó como la reforma más importante de la LXI Legislatura.  

En cambio, el coordinador de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, adelantó que presentarán varias propuestas modificatorias, para evitar que los magistrados y jueces sean objetos de alguna represalia política.  

Mientras es analizada en comisiones para su posterior votación en el Pleno. En CENTRAL te damos los puntos clave de la reforma al Sistema Judicial de Puebla.  

Candados para evitar actos de corrupción  

En el artículo 86 de la Constitución estatal, plantea que para evitar abusos o tráfico de influencias, los magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura, tendrán prohibido reunirse “con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales, para tratar los asuntos jurisdiccionales en los que participen”.  

Para impedir que haya acuerdos en lo oscuro entre servidores públicos y que los veredictos no sean manipulados. En la reforma al sistema judicial de Puebla se establece que la citada ley podrá fijar reglas de contacto entre dichos actores “o cualquier personal de los órganos jurisdiccionales”, definiendo la hora y lugar de las reuniones.  

Los magistrados, consejeros y jueces serán responsables ante el Congreso del Estado por incumplimiento doloso de los juicios. Si hay conflicto de intereses en sus fallos, el Legislativo “procederá a su destitución por mayoría calificada” de los diputados.  

Mostrarán parentescos dentro del Sistema Judicial de Puebla  

En el artículo 91, se obliga a los servidores públicos del Poder Judicial a informar sobre sus parentescos consanguíneos de hasta segundo grado que tengan con otros trabajadores del mismo poder. Esto ayudaría a evitar conflictos de intereses y nepotismo en los juicios.  

Si gestionan nombramientos o promociones para familiares o allegados, o cuando exista algún interés económico, la reforma sistema judicial de Puebla dice que podrían ser destituidos.  

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Para comprobar sus parentescos, los servidores entregarán una declaratoria pública de interés. Así como una declaratoria de situación patrimonial, con la cual, se revisaría que sus bienes correspondan con sus ingresos.  

Más parcialidad en los juicios  

El artículo 12 plantea que el Tribunal de Justicia Administrativa pasará de siete a nueve magistrados. Siendo presidido por uno de ellos por un periodo de cuatro años, como actualmente se establece, agregando que no habrá reelección.  

En palabras del coordinador panista, Eduardo Alcántara, la ampliación de magistrados que plantea la reforma sistema judicial de Puebla, permitirá que distintos criterios puedan revisar un solo litigio. Y también que la revisión tenga un mayor contrapeso.  

Tienden la cama a Héctor Sánchez  

Por otra parte, el artículo 87 de la citada Constitución permite que los presidentes del Poder Judicial, de la Sala Constitucional, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura, puedan “ser removidos de su cargo, mediante el mismo procedimiento”. 

Con ello, el Congreso del Estado podría destituir al actual presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez. Si se determina que cometió alguna de las fallas señaladas en los artículos anteriores.  

Como con el resto de los magistrados y jueces, la destitución podrá iniciar con alguna queja ciudadana, siendo independiente de un juicio político.  

Esto ocurre, luego de que a Héctor Sánchez lo sorprendieron en un restaurante con José Antonio Gali López, hijo del ex gobernador, Tony Gali. Versiones periodísticas señalaron que pertenece al grupo político del exmandatario  

Iniciarán con salida de servidores no aptos  

En el Séptimo artículo Transitorio, se establece que el Consejo de la Judicatura tendrá hasta 120 días posteriores a la aprobación, para iniciar procedimientos contra los servidores que tengan conflictos de interés. 

El Consejo de la Judicatura tendrá un plazo máximo de ciento veinte días para instrumentar las medidas necesarias a fin de iniciar procedimientos de remoción a todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, que se encuentren impedidos para prestar sus servicios en la adscripción que tengan. Considerando cualquier vínculo o situación que comprometa o afecte una libre y transparente relación de trabajo, garantizando los derechos de audiencia y presunción de inocencia”. 

El gobernador designará un comité de implementación, el cual vigilará que todos los cambios se lleven a cabo y enviará un informe al Congreso del Estado, sobre los avances. 

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