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Al ser una de las personas que más iniciativas elaboró en las últimas dos legislaturas, el Congreso de Puebla tiene algunas reformas de Miguel Barbosa Huerta pendientes que no han sido aprobadas. Entre ellas, destaca la regulación completa de los anexos, las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial y la Ley de Movilidad.

Algunas de las iniciativas fueron presentadas en noviembre y diciembre de este año, mientras que la Ley de Movilidad se remonta a junio pasado. En cambio, aún falta que lleguen al Congreso las tres reformas complementarias al Poder Judicial.

Los legisladores no han referido si aprobarán los dictámenes que ya tienen en sus manos, o si la Consejería Jurídica enviará los que dejó pendientes el titular del Ejecutivo.

A continuación, te mostramos cuáles son las reformas de Miguel Barbosa que quedaron pendientes tras su muerte, y que podrían votarse el próximo año.

El gobernador falleció el pasado 13 de diciembre en la Ciudad de México por causas naturales. Esa misma noche se trasladó a Puebla capital para ser velado por familiares y amigos.

El miércoles 14 de diciembre, realizaron homenajes a Miguel Barbosa en el Congreso del Estado, en el Poder Judicial y en Casa Puebla. En esta última sede estuvieron presentes diversos personajes de la izquierda mexicana, así como el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Poder Judicial, entre las reformas pendientes de Miguel Barbosa

Una de las principales reformas que Miguel Barbosa deja pendientes es la renovación del Poder Judicial. Tras la primera modificación que el Congreso aprobó en octubre, el mandatario sólo pudo entregar dos de las cinco reformas secundarias que planeó.

Una de las iniciativas presentadas, promulgaba una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que se definen los protocolos para vigilar a jueces y magistrados, así como destituir a quienes incurran en conflictos de intereses y otros actos de corrupción en los juicios.

La propuesta plantea que el Consejo de la Judicatura aplique mecanismos para prevenir faltas administrativas y corrupción. Ayudándose del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este órgano también daría seguimiento a la situación patrimonial de cada servidor público del Poder Judicial para medir el crecimiento de sus ingresos. Comparándolos con sus declaraciones patrimoniales.

El artículo 94 estipula que estos funcionarios serán sancionados de forma administrativa cuando actúen por consigna. Cuando presionen a otros trabajadores o realicen cualquier acción que afecte a la impartición de justicia. También, si abusan de su posición para la designación o contratación de familiares dentro del Poder Judicial.

La otra reforma, propone la creación de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que tiene como objetivo simplificar los trámites de este tipo de juicios, apoyándose del uso de las tecnologías.

Con eso, se plantea la aplicación de juicios en línea, que servirán para procedimientos contenciosos ordinarios; integrar y revisar expedientes, así como para la presentación de demandas, pruebas y promociones, en cualquier momento.

Incluye el “juicio de resolución exclusiva de fondo”, con el que examinarán los casos que requieran un análisis más profundo, evitando retrasos.

Estas iniciativas se aprobaron en comisiones el 13 de diciembre, cuando el mandatario poblano estaba grave de salud. Aún se desconoce si serán presentadas las otras tres reformas complementarias que tenía Miguel Barbosa pendientes.

Regulación de anexos y centros de salud mental

El 8 de diciembre, el Congreso del Estado sólo pudo regular a medias los anexos y centros de salud mental. De la propuesta de Miguel Barbosa, únicamente aprobaron una reforma al Código Penal para fincar una pena de uno a cuatro años de prisión contra los encargados de estos espacios que no tengan licencia de funcionamiento y no estén registrados en el Comité Nacional contra las Adicciones.

Esta solo era una de las reformas contempladas. El titular del Ejecutivo planeó una modificación integral, que obligaba a los cuidadores a dar un trato digno en estos espacios, debido a que varios pacientes de anexos han muerto por negligencia.

Para empezar, se proponía cambiar el concepto de “interno” por “paciente” en los anexos, para fomentar un trato digno. Cualquier acción contra los derechos humanos, sería castigada. El Centro Estatal de Salud Mental (Cesam) se encargaría de vigilar y capacitar al personal de todas las instituciones.

Sin embargo, el Congreso del Estado tuvo que frenar estas modificaciones, debido a que, primero, debían hacer una consulta con los sectores involucrados, para definir si las modificaciones propuestas son necesarias o si no vulneran los derechos humanos, pues así lo obliga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Antes de la muerte del mandatario poblano, el presidente del Legislativo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que avanzarían con esta parte el próximo año. Cuando realicen las consultas que tienen pendientes para esta y otras reformas. Sin embargo, esta es otra de las reformas que Miguel Barbosa deja pendientes.

Ley de Movilidad

Desde junio está detenida la Ley de Movilidad de Miguel Barbosa. Esta plantea la construcción de vialidades incluyentes y de políticas públicas que privilegien al peatón y el uso de medios alternativos de traslado, como la bicicleta.

En esta que es otra de las reformas que Miguel Barbosa deja pendientes, propuso la creación del Sistema Estatal de Información y Seguimiento de Movilidad. El cual se encargaría de vigilar las políticas en la materia que apliquen los municipios con mayor densidad poblacional.

La reforma no ha avanzado porque el Congreso del Estado debe hacer una consulta, como en la regulación de los anexos y centros de salud mental.

En noviembre, Sergio Salomón Céspedes reconoció que tienen complicaciones en su aplicación, junto a otras consultas enfocadas a comunidades indígenas. Y es que, señaló que no tienen un modelo a seguir para su implementación, por lo que la realizarán en algún punto del 2023.

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Congelan castigo contra policías no certificados

Tras el asesinato de un comandante en Tulcingo del Valle por su presunta colusión con el crimen organizado, Miguel Barbosa propuso en noviembre una reforma para castigar la contratación de policías que no tengan certificado de confianza.

La iniciativa modificaba el Código Penal para implementar una pena de tres meses a siete años de prisión, a quienes acepten un cargo como policía en alguna de las instituciones de seguridad pública de la entidad sin tener el Certificado Único Policial o sin haber aprobado los exámenes de confianza.

También, incluía una pena de seis meses a seis años contra la autoridad que proponga, contrate o designe como policía, a quien no tenga los certificados. La misma sanción aplicaba a los funcionarios que fueran omisos en contratar a personal que no cumpliera con estos requisitos.

Aunque el Congreso del Estado avanzó con celeridad dicha iniciativa, tuvieron que frenarla de último momento y retirar su votación de la sesión plenaria del 8 de diciembre. Sergio Salomón Céspedes explicó en tribuna que no podían aprobar porque actualmente existe un acuerdo de la Federación que otorga una prórroga a los cuerpos de seguridad para obtener sus certificados.

Esto hacía que la pena, en cuanto fuera aprobada, entrara en conflicto con lo señalado a nivel federal. Lo cual traería complicaciones pues el acuerdo culmina hasta el 31 de mayo del 2024.

Esta propuesta no podía ser aprobada, hasta que acabe dicho lapso. Por lo que es otra de las reformas que Miguel Barbosa deja pendientes.

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