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De último minuto, el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes sacó de la Orden del Día la iniciativa del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, para castigar con hasta siete años de prisión la contratación de policías sin certificado en Puebla. Debido a que existe un acuerdo para que los gobiernos municipales cumplan con los certificados hasta marzo del 2024. 

Este jueves, el también coordinador de la bancada de Morena subió a tribuna para retirar este punto, el cual, había sido votado en fast-track en comisiones. 

Sergio Salomón Céspedes expuso que esta acción fue porque, actualmente, hay un acuerdo de la Federación para que los cuerpos de seguridad obtengan el Certificado Único Policial hasta 31 de mayo del 2024. 

Esto hace que, de un acuerdo que se firmó en la Conaco, que amplía el periodo que le da a nivel nacional para que puedan tener los certificados”. 

La aprobación de la iniciativa iría en contracorriente a este acuerdo. Pues la reforma del mandatario poblano planteaba penas de prisión que serían efectivas a los 90 días de la aprobación. 

El diputado del PAN, Rafael Micalco Méndez aplaudió esta decisión, ya que habría “consecuencias muy severas en los municipios”. También, que es una “buena oportunidad” para corregir el dictamen y dar tiempo a ayuntamientos de preparar a sus policías sin certificado en Puebla. 

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La iniciativa regresó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde recibirá un mayor análisis. 

¿Qué proponía la reforma por falta de certificación de policías? 

La modificación al artículo 418 del Código Penal estatal planteaba una pena de tres meses a siete años de prisión. Así como una multa de una a diez Unidades de Medida y Actualización (UMAS). Equivalente a un monto de 96 a 962 pesos, a quienes acepten un cargo como policía en alguna de las instituciones de seguridad pública de la entidad sin tener el Certificado Único Policial o sin haber aprobado los exámenes de confianza. 

En cambio, en el artículo 419 se propone una pena de seis meses a seis años contra la autoridad que proponga, contrate o designe como policía, a quien no tenga los certificados. 

La misma sanción aplicaría contra el funcionario que sea omiso al contratar a personal que no cumplan con los exámenes de confianza. 

Esta propuesta, derivó del hallazgo sin vida de un comandante en Tulcingo del Valle el 20 de noviembre. Quien fue señalado de asesinar a cuatro personas en Guerrero. Dicho elemento, carecía de un examen de confianza que pudiera anticipar su colusión con el crimen organizado. 

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