Los pendientes que el Congreso de Puebla tiene para discutir en el 2023 son de suma importancia para la sociedad poblana. Entre ellos está votar por la despenalización del aborto, la Ley Monzón, la tipificación de la violencia ácida, así como la promulgación de la Ley de Amnistía y de Movilidad.
El pasado 15 de diciembre, la LXI Legislatura concluyó su Periodo Ordinario, tras votar el paquete económico 2023 del gobierno estatal y las Leyes de Ingresos de los ayuntamientos, que incorporan el cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP).
Sin embargo, los legisladores se irán de vacaciones sin discutir algunas de las reformas que llevan meses en la congeladora, sin ser discutidas en comisiones.
Si bien muchas de las iniciativas presentadas son importantes para la entidad poblana, existen algunas que tienen mayor relevancia social, cuya votación se espera pronto. A continuación, te mostramos algunos de los pendientes que el Congreso de Puebla deberá discutir en 2023.
Ley Monzón y aborto en Puebla
El principal pendiente del Congreso Local para 2023 es la despenalización del aborto en Puebla, que tiene ya cinco iniciativas en la congeladora. Tres de ellas elaboradas en la actual Legislatura. Cada una propone distintas formas jurídicas para lograr una interrupción legal y que el gobierno estatal asuma los servicios médicos para dicho procedimiento.
La reforma más reciente fue presentada en noviembre pasado por cinco diputados de Morena. Esta plantea que el sistema de salud estatal realice la intervención en un plazo no mayor a tres días. En casos de violación, sería inmediata.
No obstante, también propone una serie de mecanismos de educación sexual y paternidad responsable. Esto para prevenir los embarazos no deseados u orientar a quienes decidan ser padres en Puebla.
El entonces presidente del Legislativo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina insistió que en cualquier momento podría discutirse, aunque no ha querido adelantar alguna fecha estimada por “falta de consenso” entre los 41 diputados. Cabe mencionar que Céspedes Peregrina fue elegido gobernador sustituto tras la muerte de Miguel Barbosa.
En julio y octubre, fueron presentadas dos propuestas de la Ley Monzón, como se le conoce a la iniciativa para negar a feminicidas la custodia de los hijos que tuvo con la víctima. Para los casos donde las parejas son quienes cometen el asesinato.
Mónica Silva Ruíz —la primera diputada que la propuso— dijo que la iniciativa era en honor a Cecilia Monzón Pérez, la activista y abogada asesinada en mayo pasado en Puebla por orden de su expareja. Actualmente, la familia de la Cecilia Monzón busca la patria potestad de su hijo.
Violencia ácida
Cuatro diputados del PRI, PAN y de Morena presentaron distintas versiones para aumentar las penas por hasta treinta años por violencia ácida en Puebla. Así se le conocen a los ataques con sustancias corrosivas que sufren las mujeres por atentados machistas.
Tras foros y mesas de trabajo celebradas en octubre, los legisladores coincidieron en homologar estas propuestas en una sola, que contemple a este delito como una tentativa de feminicidio y no como agravante de lesiones, para aplicar una pena mayor y reducir el margen de impunidad.
El 10 de noviembre, la saxofonista María Elena Ríos consideró que en Puebla hay disposición para modificar el Código Penal.
Tanto ella como Carmen Sánchez —activista contra los ataques de ácido—, destacaron que la reforma debe incluir que el gobierno estatal apoye con los gastos quirúrgicos de las víctimas, mientras que los perpetradores pagarían una doble reparación del daño.
Ley de Amnistía y Movilidad
A dos años de haberse aprobado a nivel federal, el Congreso de Puebla está obligado a promulgar la Ley de Amnistía. Ya sea con una nueva iniciativa o con la que existe en la congeladora del presidente de la pasada Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla, presentada en 2020.
El 18 de noviembre, el actual presidente, Sergio Salomón Céspedes indicó que discutirán esta propuesta el próximo año, al estar obligados a ello. No obstante, destacó que priorizarán otras reformas.
Esta ley, busca la libertad de las personas detenidas por algún delito simple, cuya pena en prisión resulte excesiva para el agravio cometido. En Puebla, ya se brinda este apoyo a las mujeres presas por aborto.
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En cambio, la Ley de Movilidad está detenida por las consultas que el Poder Legislativo debe hacer a los sectores involucrados. Para ver si dicha propuesta va acorde a lo que necesitan y por si no se vulneran sus derechos.
No hay una fecha tentativa para la aplicación de las consultas, pues el Congreso de Puebla aún está definiendo la metodología y su aplicación. Ha sido un proceso nuevo y desconocido, por un requisito que recientemente implementó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según Sergio Salomón Céspedes.
La Ley de Movilidad contempla una reforma integral para dotar de más derechos a los peatones y usuarios de los métodos alternativos de traslado, como la bicicleta. Fomenta la construcción de vialidades incluyentes.
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