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El gobernador Miguel Barbosa Huerta entregó al Congreso del Estado las reformas secundarias para cumplir con la renovación del Poder Judicial de Puebla. En ellas, se precisan los procedimientos para vigilar y destituir a magistrados y jueces que cometan actos de corrupción y conflictos de intereses en los juicios.

El mandatario poblano planteó la promulgación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que contempla 150 artículos, en contraste a los 251 que tiene la actual ley que se pretende erogar. En lo general, precisa y da orden jurídico a las reformas a este sistema, aprobadas en octubre por el Legislativo.

De esa forma, el dictamen señala que la intención es generar condiciones para que las autoridades impartan justicia con “objetividad, integridad, honestidad, transparencia, eficacia y eficiencia”, sancionando a los magistrados y jueces que no cumplan con estos principios.

En el artículo 20, se propone que los presidentes de las distintas salas del Poder Judicial de Puebla serán electos por mayoría del Pleno al que correspondan, para una gestión que no sea mayor a cuatro años, sin posibilidad de reelección.

A su vez, el 84 precisa la creación del Centro de Justicia Alternativa. Un órgano desconcentrado del Tribunal de Poder de Justicia que ofrecerá medidas alternativas para resolver juicios. Entre sus funciones, está una orientación jurídica, psicológica y social a los denunciantes. Su titular será nombrado por el Consejo de la Judicatura, para un periodo de seis años sin reelección.

Vigilarán conflictos de intereses en funcionarios del Poder Judicial de Puebla 

El artículo 91 de la nueva Ley Orgánica incrementa las facultades del Consejo de la Judicatura. Dicho cuerpo, tendrá entre sus manos la aplicación de mecanismos para prevenir faltas administrativas y actos de corrupción, coordinándose con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a quienes informarán de los avances.

También, darán seguimiento a la situación patrimonial de cada servidor público del Poder Judicial de Puebla, para medir el crecimiento de sus ingresos. Los cuales, compararán con las declaraciones fiscales.

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El artículo 94, señala que estos servidores públicos serán sancionados de forma administrativa cuando actúen por consigna; realicen “presiones, encargos o omisiones, o cualquier otra acción que genere o implique una subordinación indebida respecto a alguna persona”.

Serán castigados por acoso u hostigamiento, cuando aprovechen su posición jerárquica para obtener favores sexuales o cuando procedan sin consentimiento. 

De igual forma, si usan de su posición para influir en la designación o contratación dentro del Poder Judicial de algún familiar de hasta cuarto grado de parentesco. 

Sancionarán cuando alguna de las partes o representantes se reúnan fuera de los recintos judiciales para tratar asuntos jurisdiccionales. Ya que esta práctica es frecuente en actos de corrupción.

Para evitar un enriquecimiento ilícito, el artículo 95 obliga a los servidores públicos a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en los casos. 

El artículo 100, propone que las faltas administrativas no graves serán castigadas con alguna amonestación pública o privada; con la suspensión en el cargo por hasta treinta días naturales. Así como por la inhabilitación para desempeñar empleos similares por un periodo de tres meses a un año, o hasta con la destitución. Cumpliéndose así la promesa de Miguel Barbosa de separar a magistrados y jueces corruptos.

La iniciativa se turno a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su primera revisión.

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