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Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la reforma al Sistema Judicial de Puebla del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la cual, busca la posible destitución de magistrados. Esto por incurrir en conflictos de intereses y obstruir el acceso a la justicia de los poblanos, con fallos en contra.

En sesión del Pleno de este jueves, cada bancada se manifestó a favor de la propuesta, misma que recibió 10 modificaciones del PRI y PAN, en su discusión en comisiones, del pasado 4 de octubre.

Durante el arranque de la sesión, la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, acudió al recinto legislativo para respaldar a su bancada en la votación a favor.

Expuso que el principal motivo de su sufragio, fue la apertura a cambiar algunas de las “múltiples” observaciones que se hicieron a la propuesta inicial de Miguel Barbosa.

A su vez, se manifestaron a favor de la reforma al Sistema Judicial de Puebla —con la que se busca la destitución de magistrados— los dirigentes del Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Pacto Social de Integración y del PRI.

En el Pleno, el diputado de Morena, Eduardo Castillo López, reconoció la disposición de la oposición a discutir la propuesta. Expuso que “hubo una apertura al diálogo”, la cual, fue pieza clave para sacar la aprobación.

Permite la posible destitución de magistrados y jueces

La reforma del mandatario poblano fue impulsada, ante el caso de Miriam Vázquez, la madre que sufrió del abuso por parte de jueces corruptos, cuando buscaba proteger a sus hijas de su expareja.

En el artículo 86 de la Constitución estatal, se plantea que para evitar abusos o tráfico de influencias, los magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura, tendrán prohibido reunirse “con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales, para tratar los asuntos jurisdiccionales en los que participen”.

Estos servidores públicos serán responsables ante el Congreso del Estado por incumplimiento doloso de los juicios. Si hay conflicto de intereses en sus fallos, el Legislativo “procederá a su destitución por mayoría calificada” de los diputados.

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La destitución también aplica para el presidente del Poder Judicial

La destitución también aplica para el presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, pues el artículo 87 permite que los presidentes del Poder Judicial, de la Sala Constitucional, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura, puedan “ser removidos de su cargo, mediante el mismo procedimiento”.

Aunque anteriormente se propuso que los castigos se generarían por denuncia ciudadana, una modificación hizo que el Consejo de la Judicatura sea el encargado de iniciar la sanción.

En el artículo 91, se obliga a los servidores públicos del Poder Judicial a informar sobre sus parentescos consanguíneos de hasta segundo grado, que tengan con otros trabajadores del mismo poder, para evitar conflictos de intereses y nepotismo en los juicios.

Para comprobar sus parentescos, cada trabajador entregará una declaratoria pública de interés, así como una declaratoria de situación patrimonial, con la cual, se revisaría que sus bienes correspondan con a ingresos.

También habrá reparación de daño, a favor de las personas que hayan tenido una indebida aplicación de la justicia, por los intereses de los jueces o magistrados.

Tras su aprobación, la reforma debe ser validada por los 217 ayuntamientos para su posterior entrada en vigor, a partir del próximo año.

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