Puebla, 19 de octubre del 2021

Contrapesos Institucionales

Por Ricardo Gali / /

Desde que inició el sexenio, el titular del Ejecutivo Federal no se ha cansado de arremeter contra los Órganos Constitucionales Autónomos (“OCAs”) bajo el argumento sin sustento, que dice que su existencia es muy costosa, que replican funciones de las Secretarías de Estado y por tanto ha amenazado con desaparecerlos mediante una reforma administrativa para devolver dichas funciones a las Secretarías que según él (en su concepción centralista), serían competentes.

El argumento con el que el presidente busca ganar la discusión y fundamentar su propuesta, es que los OCAs son producto de la época neoliberal y que estos fueron creados, con el simple objetivo de simular transparencia y trabajar en favor de intereses privados y no en favor del pueblo, afirmación que tal y como sucede en casi todos los temas que toca en la mañanera, dan muestra que desconoce del tema o simplemente simula no entenderlo, siendo este una falta de respeto a los años de lucha que tuvieron que pasar para lograr la creación y autonomía de estos organismos.

Por la importancia que tienen los OCAs para nuestro país, he decidido dedicar esta columna para plantear de manera general y digerida la importancia de estos órganos, por lo que buscaremos dar respuesta si verdaderamente son tan costosos como señala el presidente (una afirmación que le debe ser muy difícil sostener al actual gobierno, cuando en plena contingencia sanitaria e incertidumbre económica invierte dinero en remodelar estadios de beisbol vinculados a su familia), y por último, profundizaremos un poco más sobre la importancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (el “INAI”), principalmente por la función que este juega en el combate a la corrupción y la contradicción del discurso presidencial al intentar desaparecerlo cuando su bandera es acabar con la corrupción.

¿Los OCAs realmente obstaculizan al gobierno? En cierto sentido el presidente tiene razón, sin embargo, la palabra correcta no es “obstaculizar”, más bien los OCAs impiden que impere el capricho. Los OCAs, responden a la función de la división de poderes que nuestra misma Constitución establece, con el objetivo de generar un sistema de pesos y contrapesos. Por lo mismo, los OCAs no pertenecen a ninguno de los tres poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo o judicial), ya que buscan despolitizar las decisiones en sectores estratégicos, para que las mismas sean tomadas con base en análisis de expertos en la materia que corresponda, y para ello se les dota de funciones que les permiten emitir normativas vinculantes a los participantes de dichos sectores, con el firme propósito de garantizar que no existan violaciones a los derechos humanos.

¿Son realmente tan costosos como dice el presidente? La respuesta es NO, la existencia de los OCAs, apenas y alcanza el 2.3% del gasto neto que tiene el Gobierno Federal del PEF de 2021, sin embargo, si revisamos la actuación de los OCAs, podemos afirmar que su trabajo si se traduce en beneficios de manera directa a la población, tal y como a continuación se señala: la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) evita concentraciones de mercado que ayuda a que los consumidores accedan a mejores y más opciones de productos (exceptuando telecomunicaciones y radiodifusión), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”), regula las tarifas en materia de telecomunicaciones permitiendo a la población conectarse con costos más accesibles, el Instituto Nacional Electoral (“INE”), garantiza la organización de elecciones imparciales y transparentes, Banco de México (“Banxico”), controla la política monetaria y de esta manera evita riesgos inflacionarios (Banxico opera con sus propios recursos) y el INAI del cual profundizaremos en los siguientes párrafos, protege nuestros datos personales y a su vez hace que la información pública sea transparente y accesible a cualquier ciudadano.

Como se mencionó en el párrafo anterior, el INAI tiene como función velar por dos derechos humanos: (i) el derecho a la privacidad a través de la protección de nuestros datos personales y (ii) el derecho a la transparencia a través de imponer la obligación a nuestros funcionarios a rendir cuentas sobre su gestión al frente de las dependencias de gobierno.

¿Pero, cómo funciona esto? ¿Cualquiera puede solicitar información? La respuesta es SI, cualquier ciudadano puede consultar la información o hacer solicitudes a cualquier dependencia, para tal efecto, se ha establecido un Sistema de Transparencia Nacional, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual funciona a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que se integra por 33 organismos garantes, 1 por cada entidad federativa más el INAI, esta estructura creada a partir de la legislación aplicable en materia de transparencia, permite realizar las solicitudes y consultas, obligando a cualquier dependencia a responder cualquier solicitud de información en un plazo de 20 días hábiles a partir de que se realizó.

Asimismo, las dependencias tienen la obligación de subir y actualizar la información relacionada con sueldos, convenios, contratos, prestaciones y resultados de manera trimestral, siendo el INAI quien se encarga de evaluar a cada una de las dependencias. Si permitimos que se pierda la autonomía del INAI o, que este desaparezca al ser absorbido por la Secretaría de la Función Pública como propone el presidente, implicaría limitar el acceso a la información, la cual, es esencial para que cualquier ciudadano participe en la vida pública de manera consciente e informada, y a su vez, impide que se saque a la luz posibles actos de corrupción de funcionarios que manejan recursos públicos, dificultando con ello, el ejercicio de la oposición política y cimentando aún más la posibilidad de que se instaure nuevamente en nuestro país un Estado autoritario.

Vale la pena recordar, que gracias a solicitudes al INAI se pudieron armar casos periodísticos, como el de la Estafa Maestra, la Casa Blanca y muchos otros que han permitido construir el discurso anticorrupción que encabeza la cuarta transformación, entonces ¿por qué pretenden centralizar y someter las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, que obedece de manera disciplinada al presidente?

La respuesta es sencilla, el actual gobierno pretende decidir de manera discrecional que información revelan y cual no, lo que es sumamente peligroso para cualquier democracia y demuestra que el combate a la corrupción es una vil mentira que pretenden vender como verdad. Como ciudadanos no debemos permitir esta embestida, sin duda, el INAI y los OCAs deben de mejorar, ser más eficientes, pero desaparecerlos no solucionará la falta de ingresos del gobierno, ni creará mejores condiciones de inversión, ni favorecerá el combate a la corrupción; al contrario, su desaparición simplemente permitirá que el Ejecutivo Federal vuelva a concentrar el poder como ocurría hace 30 años, debilitando así nuestra vida democrática y el ejercicio de nuestras libertades.

ANTERIORES

BUAP