El pasado martes, la Cámara de Diputados, tal y como ha sucedió en otros asuntos, se convirtió en oficialía de partes de la Presidencia de la República, aprobando la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual, fue avalada sin moverle una sola coma, cumpliendo así, la solicitud hecha por el presidente al enviar la iniciativa preferente.
Como es sabido, la política energética que pretende implementar la cuarta transformación está cargada de tintes ideológicos, en donde, bajo el falaz argumento de proteger la soberanía nacional, quieren modificar las condiciones del mercado eléctrico, para darle prioridad a la Energía de Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) aunque ésta sea más cara, contaminante e ineficiente.
La antesala de todo esto, tiene que ver con el excedente de combustóleo de Pemex, el cual, por ser altamente contaminante no puede ser colocado en el mercado extranjero y al mismo tiempo, ya no tiene capacidad para seguirlo almacenando.
Como consecuencia, en meses pasados la Secretaría de Energía encabezada por Rocío Nahle, emitió un decreto, con el objetivo de poner a funcionar las plantas de la CFE que operan con este combustible y generar electricidad a través de él, estableciendo que la energía que tendría prioridad para ser adquirida en el mercado eléctrico sería la producida por CFE.
Sin embargo, dicho decreto fue combatido por los privados que participan en el sector energético, quienes obtuvieron suspensiones contra el mismo, por lo que la única opción del gobierno de imponer sus condiciones es a través de una ley tramposa en donde la empresa productiva participa con condiciones preferentes, vulnerando así el Estado de Derecho y poniendo en entredicho, el prestigio del país, por no mantener reglas claras y justas.
Actualmente, la Ley establece que, la energía que se despacha con preferencia es la más barata de producir, es decir, esta condición, busca beneficiar al ciudadano, ya que, mientras más barata sea la luz de producir, el recibo será más económico, sin embargo, con la iniciativa se busca que sea la energía de CFE la que tenga preferencia, transmitiendo así el costo de la ineficiencia a los ciudadanos el cual se estima podría ser de 5 veces más al precio que actualmente se tiene.
Para evitar los incrementos, se necesitaría subsidiar aún más la energía eléctrica, costo que hoy ya asciende a 70 mil millones de pesos, lo que significaría, un despilfarro de recursos públicos, que podrían destinarse para mejorar servicios públicos como educación, salud, transporte, etcétera.
Asimismo, las consecuencias para la inversión extranjera y el medio ambiente serán garrafales, ya que, ante la falta de certeza del mercado y la inestabilidad jurídica, los extranjeros, se llevarán sus proyectos y con ello la oportunidad de generar más y mejores empleos para el país; y peor aún, con la reforma, se buscará simular la transición a energías limpias, emitiendo certificados de energías limpias a plantas que no cumplen con los requisitos dañando la salud de las y los mexicanos.
En nuestro país hemos sido víctimas de la falsa creencia de que todo se solucionará con leyes y buenas intenciones, la política pública debe ser planeada, integral y con visión a largo plazo, y no con dogmas ideológicos que lo único que generan son grandes costos para nuestro país.