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Me senté a esperar los testimonios de las 7 mil familias que supuestamente ha beneficiado Xifra Business Group en Puebla. Hasta les di un día más, por si necesitaban ir a ponerle saldo a sus teléfonos, para tener datos y escribirme.

Pensé, si son 7 mil familias mínimo mil personas me escribirán a mí, o al periódico o en los comentarios de la tan polémica columna sobre el fraude de este “fondo de inversión de criptomonedas”.

Eso sí, recibí algunos mensajes de su principal promotora en Puebla, Montserrat y su novio Mauricio, quienes, tal vez, por dejarse llevar, revelaron sus identidades y hasta promovieron en sus redes sociales personales el link de mi columna.

Puede ser que les deba a ellos las miles de visitas, puede ser. Por si las dudas, gracias.

De ahí recibimos unos tres o cuatro “testimonios” más de personas afiliadas a Xifra que son, según ellos, súper exitosos y multimillonarios. Algún despistado escribió por Whats, y  era de una cuenta empresarial vinculada a la empresa.

Lo que sí llenó mis notificaciones en todas las redes sociales fueron los mensajes de personas a quienes intentaron defraudar con esta inversión que promete altos rendimientos y de otros más a quienes, lamentablemente, sí les vieron la cara.

Cualquiera con dos dedos de frente, sobre todo tan exitosos y millonarios como se presume la pareja promotora del fraude, sabe que la vía para aclarar cualquier nota periodística es una “carta aclaratoria” conforme a la Ley de Derecho de Réplica, y no mensajes apurados y mal escritos en DM de las redes sociales.

Como evidentemente no lo sabían, se los hice saber. Pero la aclaración oficial tampoco llegó.

Lo que sí me sorprende es el nivel de adiestramiento de las personas que se dedican a este tipo de estructuras piramidales, calificadas de fraudulentas por autoridades y financieros reconocidos.

De verdad son fanáticos, semidioses enviados a la tierra a ayudar a los necesitados y multiplicar sus inversiones de una forma que ningún banco ha podido descubrir.

Antes, vendieron productos milagro en estructuras  también piramidales, como Inmunocal, e hicieron alguna Flor de la Abundancia.

Lo bueno, lo muy bueno de todo esto, es que las personas que con buenas intenciones caen en estas estafas tengan alguna forma de enterarse de qué se trata.

Que estos timadores, cuyos familiares ya han estado en la cárcel por fraude, no encuentren más víctimas.

Ellos argumentan que lo publicado por CENTRAL es una interpretación personal, pero no. No descubrí el hilo negro, obtuve información oficial sobre las denuncias formales que la semana pasada comenzaron a presentarse, y todo lo demás sobre la operación fraudulenta lo han publicado los medios nacionales.

Aquí les dejo algunas ligas.

Altos rendimientos, ¿fraude seguro?, El Financiero

“No existe dinero fácil”,  el Heraldo

Xifra, señalada de fraude, recibe de CNBV suspensión para captar al no ser financiera

La estafa de Xifra en la mira

Xifra, una supuesta empresa inversionista que opera con Bitcoin

El Fraude de Alta Servicios Financieros

10 focos rojos de una estafa

Cuidado  con los fraudes en redes y apps

Pronto, una vez que se integren las Carpetas de Investigación, seguramente  veremos caer a los operadores de Xifra en Puebla. Para cuando eso pase y lo nieguen, o argumenten que no sabían, ahí tengo unas cuantas capturas notariadas de sus conversaciones, bien convencidos de su “negocio”.

Guarden esta columna.

Al parecer en el Issstep han suspendido el fallo de la licitación para la “Adquisición de materiales y suministros médicos (desechables)”, de la que les hable la semana pasada, para hacer una exhaustiva revisión de las empresas que participaron y las que ya estaban palomeadas como proveedoras.

La tienen fácil, para descubrir la conexión de Hi-tec con el morenovallismo solo tienen que revisas cuántas licitaciones ganaron desde el 2010, por qué monto y comprobar que la mayoría fueron adjudicaciones directas.

Los contratos rebasan los 500 millones de pesos otorgados para el servicio integral de abasto y mantenimiento de inventarios de materiales y suministros médicos desechables; accesorios y suministros médicos (material de curación) para los servicios de salud, entre otros.

La empresa ha sabido mantener de su lado a directivos y responsables de realizar los depósitos a tiempo, pues muchas beneficiadas con licitaciones sufren para poder cobrar.

Así trascendieron de la administración de Rafael Moreno Valle, a la de Tony Gali y hasta con el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido.

El director del Issstep, Antonio Fernández, en el 2020 fue uno de los encargados de operar a favor de la empresa y en la Secretaría de Finanzas lo hizo Lorena Leyva, quien se encargó de que los pagos salieran a tiempo.

Algo que ha empezado a saltar en las revisiones que hace la Auditoría Superior del Estado es que, de acuerdo con las bitácoras, la empresa solo ha surtido el 70% de los materiales prometidos en el contrato. El 30%, digamos, se lo ahorran, por no decir que se lo roban.

La revisión que se hace en este momento de la licitación va a contrareloj por el cierre de año. Pero dicen por ahí que prefieren perderla que seguir beneficiando a un morenovallista, y qué morenovallista, si hablamos de Jorge Aguilar Chedraui.

Por cierto, después de la publicación de mi primera columna del tema, Jorge Aguilar me mandó un tuit para aclarar que no tiene relación alguna con Hi-tec… mmmm, ya veremos.

***
Este lunes muy temprano se ha convocado a la toma de protesta de Augusta Díaz de Rivera al frente del PAN. Casi al mismo tiempo, Genoveva Huerta ha anunciado que formalmente impugnará el proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),

Las causales enlistadas por la diputada federal son:

Que no se registraron el 30% de los paquetes electorales, que se perdió la cadena de custodia de la documentación del día de la votación, la publicación de acuerdos y lineamientos en los estrados electrónicos del partido, que supuestamente no fueron aprobados en sesiones del COE.

Genoveva Huerta sigue asegurando que la elección será anulada.

Tic, toc, tic, toc... En los próximos minutos se dará a conocer el fallo de la licitación del Issstep para la “Adquisición de materiales y suministros médicos (desechables)” y no será para nada una sorpresa las empresas que resultarán beneficiadas.

¿Por qué? Porque muchos dentro de la dependencia conocen muy bien a los ganadores, llevan más de una década beneficiándose de ellos. Digamos que son “agradecidos”, porque la gratitud también existe dentro de la corrupción, para poder delinquir más cómodamente.

Se trata, esta vez, porque tienen muchos nombres, de Hospitex, Sysmedbi y Hi-tec. Entre las tres, que son una misma, se dividirán la licitación GESAL-221-597/2021-A por 17 millones de pesos.

Las empresas forman parte de un conglomerado que fue creado desde el 2010 para el desvío de recursos públicos, en la era morenovallista.  Están supuestamente ligadas a Jorge Aguilar Chedraui, investigado por la actual administración por su gestión en la Secretaría de Salud.

Los morenovallistas crearon un modus operandi casi perfecto, tanto que fue replicado en varios estados, y que consistió en la creación de empresas a destajo para ganar licitaciones sin ser detectados, sin generar un patrón que los señalara.

Hi-tec Medical del Sur SA de CV, una de las más conocidas, ganó de 2009 a 2019 contratos por más de 24 mil millones de pesos. El 70% de ellos fueron por adjudicación directa y, el modelo que usó en Puebla, fue copiado para Oaxaca y Tlaxcala. Así logró la suma millonaria

La dirección que registra está en la Avenida 29 poniente en la Colonia Benito Juárez, de Puebla, y en la fachada se ve una obra en construcción con techo de lámina, bastante sencilla. Un aspecto que está muy lejano al que debería tener una empresa que ha facturado tal suma de dinero.

Hoy siguen enquistados en al Cuarta Transformación, lo logran, dicen, a través de jugosos sobornos a los funcionarios que se encargan del Almacén, Recursos Materiales y del área de Compras. Hacen casi casi hasta rifas navideñas para regalar autos a quienes les facilitan los procesos para ganar.

Tienen hasta adeptos en la Secretaría de Finanzas y Administración, saben que vienen del morenovallismo, pero todos callan porque les conviene.

La Secretaría de Salud y su titular han estado de lo más ocupados con la pandemia del coronavirus azotando el estado.

¿Sabrán que siguen beneficiando a empresas morenovallistas?

¿Tendrán idea del modus operandi, que ya usan muchos, de meter varias empresas a una misma licitación para ganar sin ser detectados?

Tal vez sea hora de revisar a detalle esta y otras licitaciones.

Algo lento, pero ahí la llevan, los diputados locales y federales de Morena se unieron en una campaña contra el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que pretende regularizar en sus leyes de ingresos que de por sí pagamos los poblanos de 133 municipios del estado.

Con la construcción del discurso de un “nuevo impuesto”, bastante popular, los legisladores federales intentan hacer creer a los ciudadanos que esto es un atentado a su economía, y a los legisladores locales de Morena que sí están a favor, de votar en contra en el Congreso local, bajo amenaza de que si lo avalan atentarán contra la plataforma electoral del partido.

CENTRAL publicó este 13 de diciembre que son justo 133 los municipios en donde se cobra el DAP desde hace décadas, solo que se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que encabeza Manuel Bartlett Díaz, exgobernador de Puebla.

Entre ellos está, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, Atlixco, Tecamachalco, ente otros… Puebla lo dejó de hacer al inicio de la administración de Claudia Rivera, por un tema meramente político y sufrió una reducción de 140 millones de pesos en sus ingresos.

El discurso de la reforma inconstitucional se cayó, pues ya han explicado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional realizar el cálculo del DAP con base en el consumo de la energía eléctrica, una atribución que solo le compete a la federación, pero no en contra del cobro del Derecho que además les corresponde a los ayuntamientos.

Agotado ello, los morenistas contra el DAP basan su campaña en cómo esto afectará los bolsillos de los poblanos.

El tema está ya completamente politizado. Los legisladores del grupo de Carlos Evangelista salieron en rueda de prensa a condenar este cobro y a pedir a los alcaldes que no acepten incluirlo en sus leyes de ingresos.

Todavía peor, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Eurípides Flores, quien se autonombra “abogado del obradorismo”, publicó un video en el que les advierte a los legisladores de Puebla que si avalan el DAP irán contra la plataforma electoral del partido aprobada en la entidad.

Pónganle que su discurso sea ignorante, pero el post con el que acompaña ese video tiene una clara intención política con miras al proceso electoral del 2024, y es que el video se postea con la leyenda: “Eduardo Rivera es un peligro para Puebla”.

Bien original el abogado, modificó una muy conocida frase que sirvió para la campaña contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que aún permanece en la memoria colectiva.

Es un mensaje dirigido al alcalde que quiere, seguramente, ser gobernador y que sería el rival más fuerte a vencer para Morena, apoyado además por la alianza del PRIAN.

Los morenistas no están preocupados por el bolsillo de los poblanos, están preocupados por la gubernatura, la gubernatura para un grupo en específico.

Por cierto, si estos 133 municipios en donde CFE cobra el DAP, deciden hacerse del poder de este derecho y quitárselo a la Comisión ¿cuántos ingresos perdería la dependencia que encabeza Manuel Bartlett?.

Por cierto, Bartlett, el padrino político de muchos, muuuuchos otros poblanos que hoy están en el poder.

¡Síganle echando ganas!

En México y el mundo la lucha es por la despenalización del aborto. No es un tema nada más del feminismo ni de las “radicales”, lo impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, recientemente, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) con una postura en contra de que las mujeres que aborten sean encarceladas.

Entre todo ello, también se ha luchado por evitar la estigmatización de la mujer y no promover roles de género machistas que nos colocan como vulnerables y con aptitudes específicas, ya saben:  cocineras, cuidadoras del hogar, buenas para las manualidades…

Con esa visión de avanzada, en el 2020 desapareció el Instituto Poblano de las Mujeres para dar paso a la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, que no solo incluyó a las mujeres sino que también promovió la diversidad sexual y la no discriminación.

En términos prácticos, se acabaron las clases de cocina y llegaron las de las infecciones por transmisión sexual, la bisexualidad, el lesbianismo…

La nueva administración llegó apenas el 15 de octubre y la priista Karina Romero Alcalá fue designada como titular de la dependencia. Es muy pronto para hablar de un retroceso, y tampoco una reunión desafortunada puede calificar la visión de una dependencia en su totalidad.

Lamentablemente, la noticia de esta dependencia que más polémica ha causado es la de la reunión que Karina Romero tuvo con la organización de ultraderecha, antiaborto y católica Vifac.

Karina Romero tiene razón cuando dice que todas las voces deben ser escuchadas, pero la funcionaria, pensemos que solo “por convivir”, se atrevió a calificar de loable el trabajo y la “lucha por las mujeres” que ellas hacen.

Esto es contrario a todo lo que existe en la prensa y en artículos documentados sobre Vida y Familia AC (Vifac).

La investigación más importante al respecto de esta y otras organizaciones de este mismo tipo  es la que publicó el diario internacional El País, apenas en octubre de este año, titulada “Las nuevas tácticas antiaborto de ultraderecha en América”.

En ella revela que los centros afiliados a la organización estadunidense Heartbeat International utilizan estrategias para convencer a mujeres vulnerables de que no interrumpan su embarazo con “albergues para embarazadas y promesas falsas de adopción”.

Según El País, cuando su reportera se acercó a Vifac, alegando que quería interrumpir su embarazo, ellos le ofrecieron “la cancelación del acta de nacimiento de su bebé”, un trámite que no existe. Además, de llevar a cabo proceso de adopción que está fuera de la ley, pues éstos solo pueden celebrarlos los gobiernos.

“Una vez que deciden quedarse en Vifac, le aseguraron a la reportera, las mujeres reciben un techo, alimentos, atención médica y acompañamiento, y, la “cereza”, como lo llamaron las coordinadoras, son talleres que supuestamente en un futuro las ayudarán a salir de su precaria situación económica. En las instalaciones, varias mujeres confeccionaban rosarios con cuentas de colores”, señala el artículo.

Hay información anterior ya de estas adopciones irregularidades, pes según El Informador en 2012 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por una presunta red de tráfico de niños en tres estados, en la cual estaba también involucrada Vifac.

En marzo del 2018, la senadora Angélica de la Peña Gómez manifestó su rechazo a que esta organización recibiera donaciones de recursos públicos.

Acusó que se trata de una organización antiabortista ligada a la Iglesia Católica, presuntamente implicada en tráfico internacional de menores a través de la adopción, según público el semanario Proceso.

En cuanto Karina Romero publicitó su reunión con Vifac, fue advertida por organizaciones y activistas de sus verdaderas prácticas en contra de la mujer.

Secretaria: Vifac es una organización que trabaja en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, le invitamos a conducirse bajo estándares constitucionales, convencionales y de derechos humanos. ¿Nos comparte a qué acuerdos llegaron?
¿Es esto el nuevo rumbo? https://t.co/LCGkkPdNz2

— Odesyr AC (@odesyr) December 1, 2021

Vifac es una organización fraudulenta y abiertamente violenta con los derechos reproductivos, presumir reunirse en el marco de los días de activismo es justamente una posición política rancia, ultraconservadora y distante de las exigencias de las mujeres organizadas de Puebla. https://t.co/dL1Kdm52u3

— Brahim Zamora (@elinterno16) December 1, 2021

Romero Alcalá aseguró en entrevista este 8 de diciembre que no había llegado a algún tipo de acuerdo con Vifac y que fue una reunión informal. Qué bueno, no vaya a ser que busquen financiarse con dinero público, como lo han hecho en otros estados, porque ese dinero público solo beneficiaría a un pensamiento, el de la ultraderecha.

La salida definitiva del profesor Jorge Alberto Domínguez de la Escuela Libre de Derecho de Puebla está todavía muy lejos de significar justicia para su víctima, la alumna Camila López Castelán.

Es apenas la primera acción que debió suceder desde hace dos años, sino fuera por la complacencia de sus directivos, Alejandro Ramírez Guyot y Gustavo Hernández Téllez. Llegó tardísimo, pero llegó, y al menos el profesor ha perdido el espacio donde atacaba a sus alumnas con “acoso disfrazado de bromitas”.

Poco antes del medio día de este 6 de diciembre, la Escuela Libre de Derecho informó oficialmente la destitución del profesor. Minutos antes recibí la llamada de uno de los directivos de la escuela para informarme de la decisión que tomaban con la finalidad de desvincular a la institución, y dejar de proteger al acosador.

Prometieron apoyo académico a Camila López, quien después de la demanda en su contra sintió cierta presión por parte de la Escuela, en donde ahora estudia la maestría.

Cuando Camila se enteró de que por fin el profesor había perdido su puesto de poder, lo celebró como una muestra de que siempre habló con la verdad.

Pero, para la justicia, aún falta un largo camino.

La Fiscalía General del Estado tiene archivada la denuncia que Camila presentó en 2019 en contra de Jorge Alberto Domínguez, por “acoso sexual”. Una que minimizó porque la joven no presentó testigos, porque su voz, su testimonio fue insuficiente.

Además, este jueves 9 de diciembre, López Castelán debe enfrentar a Jorge Domínguez en la primera audiencia por la demanda que él interpuso en su contra por “daño moral”. ¡Parece broma!

No lo es… el profesor se atrevió a denunciar a su víctima como un acto de venganza por haberse atrevido a alzar la voz, por negarse a normalizar o ignorar el acoso del que fue víctima.

Camila no merece tener que confrontarlo de nuevo, necesita la paz que este profesor le robó desde hace dos años.

Jorge Domínguez, ahora ex profesor de la Libre, denunció a los medios de comunicación que difundieron el caso La Jornada de Oriente, Cambio, MTP Noticias y E-Consulta.

Me denunció a mí como periodista, por haber creído en Camila y por haber difundido su caso.

Perdió un coto de poder… pero la justicia aún no llega para su víctima… AÚN.

Siento que he escrito esto mil veces… son las mil veces que el tema del aborto ha sido “discutido” en el Congreso de Puebla, las mismas mil que lo han retrasado.

La pasada Legislatura ocupó los “foros de consulta” como  táctica dilatoria, y a pesar que les prometieron a las feministas que despenalizarían la interrupción del embarazo, para que desocuparan la sede, no lo hicieron.

Hoy parece que va a suceder lo mismo porque “no se ponen de acuerdo”.

La semana pasada la diputada local, Mónica Silva dijo que a principios del 2022 la despenalización sería aprobada.

Saltaron todos.

El presidente del Congreso, Sergio Salomón dijo que no podría haber una declaración definitiva, pues depende del consenso entre los legisladores.

El Arzobispo igual ya hecho pública su postura en contra.

Y apenas también el secretario de Salud en el estado, José Antonio Martínez adelantó una rebelión por parte de los médicos que podrían negarse a practicar un aborto en las instituciones de salud públicas.

“Yo estudié para salvar vidas”, dijo en una completa falacia. Pero bueno, no hablemos de retórica.

En Puebla aunque el gobernador ha dicho que ninguna mujer está detenida por este delito, abortar se castiga con una pena que va de los seis meses al año en prisión.

Una mujer solo puede abortar si sufrió una violación, está en riesgo su salud o existen malformaciones graves del feto.

La reforma busca legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y no solo eso, que las mujeres podamos ir a las instituciones de salud para hacerlo de forma segura y gratuita.

Sin causales de por medio, ninguna que pese más que la decisión propia.

Ahora…. ¿qué queda por discutir?

¿Cuál es el consenso que buscan alcanzar?

Nada, no existe nada a debate señores.

Hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde junio de este año. La Corte dice que es inconstitucional penalizar el aborto, tal como la establece el Código Penal en Puebla.

No se les está preguntando.

No necesitan llegar a consensos ni hacer más foros.

Acaten lo que dice la Corte y ya.

***
Desde este espacio quiero agradecer a las diputadas Mónica Silva, Nora Merino Escamilla y Xel Arianna Hernández, quienes desde el Congreso respaldaron a Camila López Castelán, la alumna de la Escuela Libre de Derecho que fue demandada por daño moral por parte de su profesor, Jorge Alberto Domínguez, a quien denunció hace dos años por acoso.

Y gracias a Mónica Silva por su intervención en la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que dieran acompañamiento sicológico a la víctima.

Y es que, a veces, pasa que las dependencias anteponen la exposición mediática a la  que podrían ser objeto al bienestar de las víctimas.

Por cierto, Gerardo Tejeda Fonserrada, presidente ejecutivo de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, ya tiene la gran encomienda de “operar” que el tema sea bajado de los medios de comunicación. Él, dicen, también ha sido uno de los encubridores de Jorge Alberto Domínguez.

A ver qué tal le va.

Gracias.

Este primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador llegó a la primera mitad de su administración en el primer gobierno de izquierda en la historia del país.

En Puebla, al menos, fue un fracaso.

No lo digo yo, lo dicen las estadísticas que publica el gobierno Federal a través de diversas mediciones y que hoy presentamos ampliamente en un #DandoData hecho por nuestra compañera, Elena Domínguez.

Empecemos por la incidencia delictiva. Si comparamos el último año del priista Enrique Peña Nieto con el primero de López Obrador, la inseguridad incrementó un 25%, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lo mismo pasa si contrastamos los primeros tres años de ambos gobiernos, el incremento fue del 14%.

El huachicol, que debe ser perseguido por la Federación, tampoco se resolvió, hubo una reducción, pero se dispararon las tomas clandestinas de gas LP. En el 2019 habían 916 y para el 2020 ya sumaban mil 663.

En materia económica, empleo y desarrollo social ni se diga, pues si bien la pandemia del coronavirus ha empeorado la situación mundial, Puebla ya arrastraba pésimos números antes de que la covid llegara en marzo del 2020.

En el último año de Peña nieto, Puebla tenía 630 mil empleos formales y en el primero de López Obrador solo aumentaron 10 mil.  Para el cierre del 2020 ya la entidad había perdido 39 mil.

En desarrollo social, el panorama desolador es idéntico. De acuerdo con el Coneval en el 2018, con Enrique Peña Nieto, Puebla tenía 3 millones 756 mil 300 personas en situación de pobreza, el 58% de la población.

Para el 2020, con Andrés Manuel López Obrador el porcentaje aumentó a 62%, con 4 millones 136 mil personas en Puebla en situación de pobreza.

Las cifras parecen no importarles a los ciudadanos. Según lo publicado hace unas horas por Forbes, Andrés Manuel llega a la mitad del sexenio con el 71% de aprobación, según la encuesta De las Heras Demotecnia.

¿Estan ciegos? ¿Embelesados con un gobierno apoyado solo en el “dicho” de AMLO?

La revocación de mandato se acerca y estará muy bien operada para la ratificación del presidente… a pocos les importan las estadísticas.

La zona del Izta-Popo en Puebla se ha convertido en un cementerio de árboles. CENTRAL publica hoy un reportaje hecho por nuestro compañero Bryan Rivera González que revela cómo la tala clandestina en el municipio de San Felipe Teotlalcingo ha acabado con los pinos, morrillos y encinos.

Este periódico digital recorrió ocho zonas de esta región, dentro del municipio: Antonio, Rancho El Vaquero, Ocoyo, Santa Gertrudis, La Piedra, Coyotempilco y Tlapizahuiaya. La tala ocurre en total impunidad.

La comunidad se ha visto sola en su lucha por detener el ecocidio, el Consejo de Vigilancia ha logrado recuperar troncos, pero ya talados, lo que pone un alto al negocio, pero no termina con el daño ambiental.

Los pobladores no tienen miedo de hablar del responsable, Uriviel N., alias “El Pichón”, quien ha reclutado a un número de jóvenes a quienes adiestra para cometer este delito.

Algo que debemos destacar del reportaje que presentamos este día es que a pesar de la situación San Felipe Teotlalcingo no figura en los registros oficiales de tala ilegal en Puebla, tanto en los decomisos de madera como en las inspecciones.

En cambio, el resto de la entidad poblana conserva números alarmantes sobre este delito ambiental. Desde 2017 y hasta el 21 de agosto del presente año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) registró el hallazgo de 28 mil 579 árboles talados en varios municipios, lo que representa a casi 158 hectáreas afectadas, según información recabada de las solicitudes de información, presentadas por varios ciudadanos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Surgen varias preguntas:

¿Por qué las autoridades no han reportado la tala en este municipio si es más que evidente?

¿Por qué no hay registro de que se persiga a los presuntos responsables, manifestaciones o movimientos sociales que lo detengan o alerten de ello?

Tal vez ya sea demasiado tarde para hacer algo por esta zona del Izta-Popo que, les repito, se ha convertido en un cementerio de árboles.

***
Hasta hoy la Escuela Libre de Derecho de Puebla ha guardado silencio sobre la demanda que su profesor, Jorge Alberto Domínguez Martínez presentó contra la aún alumna Camila López Castelán por “daño moral”, luego de que ella lo denunciara en 2019 por acoso sexual.

El 28 de mayo del 2019, CENTRAL publicó que la alumna de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Camila López denunció a su profesor por acosarla frente a sus compañeros.

La semana pasada el director Alejandro Ramírez Guyot y Gustavo Hernández Téllez, director Administrativo, tuvieron una reunión de academia en la que determinaron no proceder de ninguna forma en contra de Domínguez Martínez, y eso que, dicen, saben que además tiene demandas por alimentos y violencia familiar.

¿Protección? ¿Por? Lo único que falta es que ahora empiece un acoso académico en contra de la alumna, quien apenas hace unos meses inició su maestría en esta institución, que no es la primera vez que está envuelta en un escándalo por acoso sexual o violencia por parte de sus profesores.

¿O ya empezaron? Pronto en CENTRAL tendremos una plática con la víctima quien en este proceso ha sufrido revictimización.

Cooperar y no rivalizar, pedía Rubén Furlong Martínez en su primer discurso como presidente de Coparmex Puebla, un discurso que duró apenas unos cuantos minutos, porque poco después, a gritos, como verduleras, los empresarios increparon al gobernador Miguel Barbosa.

El evento, suntuoso como todos los que realizan este sector empresarial, empezó con un discurso de trabajo coordinado que en algún momento sonó a reclamo por el “cierre de canales de comunicación”.

Barbosa se levantó para tomar su turno en el micrófono y empezó haciéndoles notar a los hombres de dinero de Puebla que no donaron un solo peso para atender la contingencia del coronavirus que azota el estado desde marzo del 2020.

Enseguida, los empresarios desde sus lugares y a gritos le exigieron que termine la toma de la Universidad de las Américas Puebla, y que les regrese el ISN.

El ex presidente de Coparmex, Fernando Treviño se levantó de su lugar, barbero, ya saben,  fue a donde Barbosa estaba dando su discurso y pidió respeto para el mandatario estatal.

Por un momento pareció que le quiso quitar el micrófono, pero el mandatario siguió hablando. 

“Les propongo diálogo abierto, diálogo correcto, respetuoso, yo no amenazo, como les hacían antes a ustedes, yo no advierto pero sí reacciono, la forma de dialogar debe ser aquella que implique un acuerdo (…) cuando me vaya yo, no habrá escándalos de corrupción”.

Algunos empresarios siguieron gritando y  Barbosa dijo:

“No vine a debatir, a mí no me van a impresionar, ya sabía que esto podía pasar y estoy aquí, porque claro que ustedes tienen ideología, no es cierto que sean apartidistas, estamos nosotros muy claros de los objetivos”.

El gobernador de Puebla explicó que el tema de la UDLAP es judicial y que el ISN lo dejó comprometido el gobierno morenovallista, que ellos mismos aplaudieron.

Cuando otro empresario lo interrumpió para gritar “transparencia”, Barbosa le preguntó que “¿Cuántas solicitudes de información había presentado?”. Se quedó callado.

 Y así quebraron el inició de una relación entre esta cámara empresarial y Barbosa, una que estaba lastimada por los señalamientos de su expresidente, el morenovallista, Fernando Treviño.

En minutos tiraron todo por la borda.