La zona del Izta-Popo en Puebla se ha convertido en un cementerio de árboles. CENTRAL publica hoy un reportaje hecho por nuestro compañero Bryan Rivera González que revela cómo la tala clandestina en el municipio de San Felipe Teotlalcingo ha acabado con los pinos, morrillos y encinos.
Este periódico digital recorrió ocho zonas de esta región, dentro del municipio: Antonio, Rancho El Vaquero, Ocoyo, Santa Gertrudis, La Piedra, Coyotempilco y Tlapizahuiaya. La tala ocurre en total impunidad.
La comunidad se ha visto sola en su lucha por detener el ecocidio, el Consejo de Vigilancia ha logrado recuperar troncos, pero ya talados, lo que pone un alto al negocio, pero no termina con el daño ambiental.
Los pobladores no tienen miedo de hablar del responsable, Uriviel N., alias “El Pichón”, quien ha reclutado a un número de jóvenes a quienes adiestra para cometer este delito.
Algo que debemos destacar del reportaje que presentamos este día es que a pesar de la situación San Felipe Teotlalcingo no figura en los registros oficiales de tala ilegal en Puebla, tanto en los decomisos de madera como en las inspecciones.
En cambio, el resto de la entidad poblana conserva números alarmantes sobre este delito ambiental. Desde 2017 y hasta el 21 de agosto del presente año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) registró el hallazgo de 28 mil 579 árboles talados en varios municipios, lo que representa a casi 158 hectáreas afectadas, según información recabada de las solicitudes de información, presentadas por varios ciudadanos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Surgen varias preguntas:
¿Por qué las autoridades no han reportado la tala en este municipio si es más que evidente?
¿Por qué no hay registro de que se persiga a los presuntos responsables, manifestaciones o movimientos sociales que lo detengan o alerten de ello?
Tal vez ya sea demasiado tarde para hacer algo por esta zona del Izta-Popo que, les repito, se ha convertido en un cementerio de árboles.
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Hasta hoy la Escuela Libre de Derecho de Puebla ha guardado silencio sobre la demanda que su profesor, Jorge Alberto Domínguez Martínez presentó contra la aún alumna Camila López Castelán por “daño moral”, luego de que ella lo denunciara en 2019 por acoso sexual.
El 28 de mayo del 2019, CENTRAL publicó que la alumna de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Camila López denunció a su profesor por acosarla frente a sus compañeros.
La semana pasada el director Alejandro Ramírez Guyot y Gustavo Hernández Téllez, director Administrativo, tuvieron una reunión de academia en la que determinaron no proceder de ninguna forma en contra de Domínguez Martínez, y eso que, dicen, saben que además tiene demandas por alimentos y violencia familiar.
¿Protección? ¿Por? Lo único que falta es que ahora empiece un acoso académico en contra de la alumna, quien apenas hace unos meses inició su maestría en esta institución, que no es la primera vez que está envuelta en un escándalo por acoso sexual o violencia por parte de sus profesores.
¿O ya empezaron? Pronto en CENTRAL tendremos una plática con la víctima quien en este proceso ha sufrido revictimización.