Siento que he escrito esto mil veces… son las mil veces que el tema del aborto ha sido “discutido” en el Congreso de Puebla, las mismas mil que lo han retrasado.
La pasada Legislatura ocupó los “foros de consulta” como táctica dilatoria, y a pesar que les prometieron a las feministas que despenalizarían la interrupción del embarazo, para que desocuparan la sede, no lo hicieron.
Hoy parece que va a suceder lo mismo porque “no se ponen de acuerdo”.
La semana pasada la diputada local, Mónica Silva dijo que a principios del 2022 la despenalización sería aprobada.
Saltaron todos.
El presidente del Congreso, Sergio Salomón dijo que no podría haber una declaración definitiva, pues depende del consenso entre los legisladores.
El Arzobispo igual ya hecho pública su postura en contra.
Y apenas también el secretario de Salud en el estado, José Antonio Martínez adelantó una rebelión por parte de los médicos que podrían negarse a practicar un aborto en las instituciones de salud públicas.
“Yo estudié para salvar vidas”, dijo en una completa falacia. Pero bueno, no hablemos de retórica.
En Puebla aunque el gobernador ha dicho que ninguna mujer está detenida por este delito, abortar se castiga con una pena que va de los seis meses al año en prisión.
Una mujer solo puede abortar si sufrió una violación, está en riesgo su salud o existen malformaciones graves del feto.
La reforma busca legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y no solo eso, que las mujeres podamos ir a las instituciones de salud para hacerlo de forma segura y gratuita.
Sin causales de por medio, ninguna que pese más que la decisión propia.
Ahora…. ¿qué queda por discutir?
¿Cuál es el consenso que buscan alcanzar?
Nada, no existe nada a debate señores.
Hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde junio de este año. La Corte dice que es inconstitucional penalizar el aborto, tal como la establece el Código Penal en Puebla.
No se les está preguntando.
No necesitan llegar a consensos ni hacer más foros.
Acaten lo que dice la Corte y ya.
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Desde este espacio quiero agradecer a las diputadas Mónica Silva, Nora Merino Escamilla y Xel Arianna Hernández, quienes desde el Congreso respaldaron a Camila López Castelán, la alumna de la Escuela Libre de Derecho que fue demandada por daño moral por parte de su profesor, Jorge Alberto Domínguez, a quien denunció hace dos años por acoso.
Y gracias a Mónica Silva por su intervención en la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que dieran acompañamiento sicológico a la víctima.
Y es que, a veces, pasa que las dependencias anteponen la exposición mediática a la que podrían ser objeto al bienestar de las víctimas.
Por cierto, Gerardo Tejeda Fonserrada, presidente ejecutivo de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, ya tiene la gran encomienda de “operar” que el tema sea bajado de los medios de comunicación. Él, dicen, también ha sido uno de los encubridores de Jorge Alberto Domínguez.
A ver qué tal le va.
Gracias.