Desde la cima de una colina, docenas de árboles cercenados figuran ocultos entre la espesa vegetación.
Hace semanas, era un espacio de frondosos encinos. Ahora, sólo quedan las ramas derribadas y la basura de los taladores clandestinos donde anteriormente la sombra de los arbustos cubría la hierba alta del bosque en el municipio de San Felipe Teotlalginco, en la zona del Izta-Popo.
El cálido sol de las 11:00 de la mañana se pierde de inmediato detrás de las altas ramas, en la entrada del bosque.
El calor que cobija a las comunidades aledañas cambia de manera drástica por un clima húmedo que ha favorecido, durante siglos, al crecimiento de los encinos y los árboles frutales, pero las sombras que las frondosas copas de los árboles brindaban, están dejando de existir. Donde había arbustos de más de cuatro metros de alto, ahora sólo quedan troncos enterrados en la tierra.
Por las noches, camiones suben por las pendientes repletas de pinos, morillos y encinos del Ejido de Teotlalcingo, a expensas de los miembros del Consejo de Vigilancia del bosque, quienes a veces no pueden llegar a la zona de la tala por la amplia distancia y la falta de comunicación en el área.
CENTRAL acudió a ocho zonas de esta región y corroboró que este bosque se ha convertido en un cementerio de árboles; estas regiones son Antonio, Rancho El Vaquero, Ocoyo, Santa Gertrudis, La Piedra, Coyotempilco y Tlapizahuiaya, todas pertenecientes a San Felipe Teotlalcingo.
Esta depredación ambiental ocurre en total impunidad, pese a que la zona afectada es considerada reserva protegida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que ha destinado apoyos federales para la preservación de la fauna y sus cultivos.
El pueblo y su esfuerzo por frenar el delito ambiental
Un espeso follaje distingue al húmedo espectáculo natural, coronado por los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, una región de difícil acceso para las personas. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para el lucro humano, que ha encontrado en este espacio una oportunidad única.
La vegetación se ha encargado de ocultar los vestigios más recientes de la tala ilegal, pero basta con hurgar para encontrar los troncos cercenados que dan muestra de este delito ambiental, en tramos que antes se caracterizaban por sus inmensos árboles, algunos de mayor antigüedad que los propios municipios.
La naturaleza se resiste al ecocidio. Hay árboles con marcas de motosierra, que pudieron mantenerse firmes por el grosor de los troncos y la imposibilidad de cortarlos fácilmente.
Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte. Si uno no pudo ser cortado, existen al menos otros diez que terminaron en algún aserradero o como materia prima para la producción de carbón, según los propios habitantes de San Felipe.
Algunos troncos quedaron tendidos sobre la tierra, impedidos para ser trasladados por los taladores clandestinos, debido a la intervención de los pobladores.
Los pobladores luchan por detener el delito
La comunidad de San Felipe ha luchado de diferentes maneras para frenar este delito. En mayo, el Consejo de Vigilancia logró recuperar diez troncos que recién habían sido cortados.
En septiembre pasado, en la zona de Coyotempilco, también recuperaron el mismo número de árboles. Durante ese mes, ocho ejemplares más de encino fueron talados, una cantidad que no se compara con todo lo que suelen extraer en una noche.
En cambio, en San Antonio fueron decomisados 100 troncos de morillo en octubre pasado, además de otro volumen similar en mayo, según los propios pobladores.
Derriban árboles para allanar su camino
No sólo derriban los árboles para venderlos en aserraderos. También lo hacen para allanar el camino y que pasen sus camiones.
En septiembre, estos taladores clandestinos derribaron docenas de árboles pequeños, “inservibles para su venta”, y los utilizaron para llenar una zanja que les impedía arribar a una zona donde estaban los arbustos que pretendían talar.
De acuerdo con los habitantes, los troncos son seccionados en medidas de dos metros para su venta: el tamaño comercial con el que con frecuencia se ofertan en aserraderos. Lo peor es que ninguna persona fue atrapada en flagrancia; lograron huir antes de que los pobladores arribaran a esta zona.
El pueblo considera que incluso hay malicia por parte de los taladores para frenar sus esfuerzos. En septiembre, se encontraron con un árbol de más de diez metros, derribado intencionalmente sobre un poste de luz en Rancho El Vaquero, lo que constituye un doble delito federal, tanto por la tala como por dañar infraestructura de la Federación.
Argumentan que no había razón para hacerlo, pues el tronco quedó en el área, sin uso, jalando los cables que alimentan de luz a una parte del municipio.
La extracción es liderada por “El Pichón”
Los pobladores señalan con nombre y apellido a los responsables. La presunta cabecilla de la organización es Uriel V., conocido como “El Pichón”, quien lidera sobre todo a un grupo de jóvenes en las incursiones por la madera.
Esta persona habita presuntamente en San Juan Tlale, junta auxiliar incorporada a Teotlalcingo. Es decir, el responsable vive en la propia comunidad.
De acuerdo con los vecinos, “El Pichón” tiene varias rosticerías en distintas zonas aledañas al municipio, sirviéndose de una parte de la madera robada para utilizarla como leña. El resto, al parecer la distribuye en distintos aserraderos.
En octubre, tras algunos de los decomisos ya señalados, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGE) por el delito de tala clandestina. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido avances en la investigación.
Los habitantes indican que es una práctica heredada, pues la familia de “El Pichón” se ha encargado de extraer madera desde hace décadas, inculcando la práctica a las nuevas generaciones.
Según el portal informativo Puebla Roja, el 30 de septiembre, los guardias forestales de Teotlalcingo lo detuvieron en flagrancia, asegurando una camioneta con troncos. Fue trasladado a la comandancia y liberado por un grupo de mujeres –cercanas a él– que arribaron al sitio. El vehículo quedó a disposición de las autoridades ministeriales.
El modus operandi
De acuerdo con testimonios anónimos, la banda realiza alrededor de dos y tres viajes por semana a la región del Izta-Popo. Una caravana de entre dos y tres camionetas Chevrolet pick-up suben por las pendientes adaptadas con cajas cerradas para transportar la madera. Son custodiadas por dos motocicletas que fungen como “halcones”, vigilando con anticipación el camino.
En cada viaje, acuden hasta ocho personas a realizar la extracción; cuando las incursiones ocurren durante la noche, portan cascos con lámparas integradas. Mientras unos se dedican a talar los árboles con motosierras y demás equipo especializado, otros resguardar los troncos en los vehículos, cortados en medidas de dos metros, o los parten en pequeños bloques.
Los troncos de dos metros son trasladados a aserraderos locales, algunos ubicados en el municipio de San Salvador El Verde, localizado a 9.4 kilómetros de Rancho El Vaquero, donde inician las extracciones.
En cambio, los trozos pequeños de madera son distribuidos a distintas casas de Teotlalcingo y San Juan Tetla, donde son quemados en hornos para la producción de carbón.
Teotlalcingo no figura en el mapa de zonas afectadas
Pese a esta alarmante situación, el municipio de San Felipe Teotlalcingo no figura en los registros oficiales de tala ilegal en Puebla, tanto en los decomisos de madera como en las inspecciones.
En cambio, el resto de la entidad poblana conserva números alarmantes sobre este delito ambiental. Desde 2017 hasta el 21 de agosto del presente año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) registró el hallazgo de 28 mil 579 árboles talados en varios municipios, lo que representa a casi 158 hectáreas afectadas, según información recabada de las solicitudes de información, presentadas por varios ciudadanos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Estos daños ecológicos fueron identificados a través de 97 inspecciones realizadas a lo largo de los años. No obstante, esta vigilancia fue disminuyendo de manera progresiva.
En 2017, en Puebla se realizaron 32 inspecciones, mientras que en 2018 fueron 23; para 2019, las autoridades ambientales realizaron 20 recorridos, pero el año siguiente sólo hicieron 14.
Hasta el 31 de agosto pasado, sólo se habían realizado ocho inspecciones en zonas consideradas de mayor auge por este delito.
Son pocas las acciones que se han ejercido en contra la tala ilegal. A través de otra solicitud, la Profepa indicó durante el mismo periodo solo realizaron 122 multas, decomisos, amonestaciones o clausuras por la comisión de este delito. 2018 fue el año de mayores sanciones hubo, con 33 procedimientos; en 2019, sólo hubo 19.
Sin castigo por dañar al medio ambiente
Es desesperanzadora la justicia que puede haber para frenar esta actividad. Vía transparencia, el Poder Judicial del Estado informó que durante una década no se ha emitido ninguna sentencia en los juzgados tradicionales u orales sobre el delito de Deforestación de terrenos forestales arbolados, según lo recabado en varias solicitudes de información que fueron revisadas.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en una década, sólo han recibido 12 denuncias por esta actividad, hasta el 30 de junio del presente año. De estos procesos, sólo tres personas fueron detenidas y vinculadas a proceso. El resto de los casos permanecen impunes.
En Puebla, los delitos ambientales se castigan con dos a diez años de prisión y una multa de hasta 179 mil 240 pesos, que podría resultar insuficiente para el impacto y la ganancia obtenida por quienes se dedican a la extracción de madera.
