28 de Marzo del 2024

No al cheque en blanco

Por Ricardo Gali / /
El presidente López Obrador está desesperado, sabe que las cosas no van bien y como consecuencia de su gigantesco ego y necedad que le caracterizan, es incapaz de rectificar el camino. Tenemos un presidente con un nulo interés en el conocimiento y la técnica, quien cegado por sus obsesiones ideológicas y frente a la inminente baja de su popularidad, pretende a través de una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (la “Ley Hacendaria”) preparar el terreno para mantener plenos poderes en caso de perder la Cámara de Diputados en 2021, situación que pone en riesgo nuestro orden democrático.

El Gobierno Federal en turno ha demostrado un manejo deficiente en las finanzas públicas, se ha gastado el dinero en caprichos, cancelando proyectos viables como el Aeropuerto de Texcoco, erogando grandes cantidades de dinero en indemnizaciones y, a su vez, ha dirigido una infinidad de recursos a proyectos sin viabilidad técnica y económica como el Tren Maya, Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el rescate de Pemex, los cuales son considerados como “proyectos prioritarios” por el presidente, quien se niega a reprogramar la ejecución de los mismos. Por ello, necesita hacerse de recursos y generar los mecanismos que le permitan continuar con dichos proyectos, blindándose de cualquier freno presupuestal que pudiera gestarse, a partir de un posible revés en la arena electoral del año entrante.

El objetivo de la reforma es claro. El presidente busca a como dé lugar concentrar todo el poder económico y silenciar cualquier voz que se oponga a sus caprichos. Para ello, ha enviado al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Hacendaria y prácticamente girar en su favor un cheque en blanco que le permita reorientar y manejar a su antojo todos los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (el “PEF”) incluyendo los recursos que le correspondan a los organismos autónomos y a otros poderes, ya que, la propuesta hace alusión a la totalidad del PEF, en lugar de limitarlo únicamente a las entidades de la Administración Pública Federal.

La reforma propuesta pretende autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en caso de emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el PEF con la finalidad de que estos sean destinados a la ejecución de los proyectos y acciones que sean consideradas prioritarias por la Administración Pública Federal, es decir, lo que disponga el presidente, pues no establece límites, ni cuales serían considerados los rubros prioritarios a los que deberían dirigirse dichos recursos, dejando al arbitrio del Poder Ejecutivo el destino de los mismos.

Lo anterior vulnera la división de poderes, cuyo objetivo es que el presupuesto sea aprobado, ejercido y en su caso modificado de manera democrática, por lo que en caso de aprobarse la reforma debería ser considerada inconstitucional y como consecuencia impugnada por la oposición por ser contraria a lo que establece nuestra Constitución en su Artículo 74, que faculta expresamente a la Cámara de Diputados para llevar a cabo el examen, discusión y en su caso modificación del PEF.

Quitarle este candado a la modificación del presupuesto desvirtúa completamente la función de la Cámara de Diputados, pues su principal función implica aprobar en qué se gasta y cómo se recauda, destruyendo así el principio de división de poderes y del control presupuestal.

La iniciativa es tramposa, pues si bien se menciona que esta facultad será en caso de emergencia económica, dentro del proyecto de reforma se señala que se considerará como emergencia económica cuando: la tasa de crecimiento que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refleje un resultado negativo en al menos 1% del PIB en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo que de acuerdo con las previsiones de todas las instituciones financieras nacionales e internacionales será de esa forma.

Por tanto, bajo las circunstancias actuales y las pésimas decisiones del gobierno, muy probablemente vivamos el resto del sexenio en una interminable crisis económica, por lo que dará igual cómo se apruebe el PEF en la Cámara de Diputados, ya que, al encontrarnos bajo el supuesto de crisis económica que señalaría la Ley Hacendaria, el PEF podría ser modificado como le venga en gana al presidente, convirtiendo a la Cámara de Diputados en un simple florero, ya que, de forma unilateral y sin una estricta obligación de rendir cuentas el presidente podría modificar lo aprobado por los diputados.

Es decir, el presidente con ayuda de sus diputados pretende desvirtuar al poder legislativo y fomentar aún más la opacidad en el manejo de los recursos, pues no debemos olvidar que, al aprobarse la Ley de Austeridad Republicana, también se modificó la Ley Hacendaria para que el presidente pudiera por decreto decidir dónde destinar los recursos que se hubieren ahorrado.

Lo anterior, claramente es la antesala para preparar el terreno ante una posible pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados en las siguientes elecciones, pues al encontrarse bajo el supuesto de “crisis económica”, controlaría el presupuesto discrecionalmente, sin cuestionamiento que valga bajo el marco normativo vigente.

Si de por sí el gobierno gasta muy distinto a lo presupuestado, es evidente que, con el otorgamiento de facultades unilaterales al presidente, la problemática de uniformidad entre el PEF y la cuenta pública se agravará, y será el presidente el único que decidirá en qué se gaste y cómo. Los Diputados de Morena deben de recordar que legislan para México, no para su partido, ni para el presidente y en caso de aprobar la reforma estarán traicionando a todo el pueblo de México, pues le otorgarán un cheque en blanco al presidente para que haga lo que quiera con el dinero de todos los mexicanos.

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