Durante las últimas semanas hemos acudido a distintas colonias de la ciudad de Puebla con el único objetivo de apoyar a los ciudadanos que así lo requieran con asesoría legal gratuita, y que a través de nuestra asesoría, las personas que no pueden costear un abogado puedan tener acceso a las herramientas legales para que puedan hacer valer sus derechos que el gobierno por ley tiene la obligación de garantizarles.
Esta semana regresamos con nuestros amigos en la zona de Analco y El Alto, en donde gracias a nuestra amiga Anita, hemos podido escuchar y ser testigos de las condiciones en las que viven cientos de familias poblanas que, frente a la contingencia sanitaria y la crisis económica ocasionada por la suspensión de actividades, no saben si lograrán tener solvencia para cubrir el pago de la renta, la luz y si tendrán suficiente para llevar los necesario a la mesa de sus familias.
En las vecindades que integran toda esta zona, además de las complicaciones económicas que la mayoría enfrenta, se suma el deterioro de las viviendas que, por la falta de mantenimiento, tienen en el caso menos grave filtraciones de agua en las losas y, en muchos otros casos más graves, se corre el riesgo de que se colapsen los techos acabando así con la vida de familias enteras.
En aquellas viviendas en donde los techos ya se han desplomado, ha ocasionado que los inmuebles sean abandonados, convirtiéndose en el escondite de delincuentes que ante la falta de una política pública integral de seguridad y de rescate y conservación de inmuebles, deja a su suerte a las personas que todos los días corren el riesgo de que les quiten lo poco que tienen para sobrevivir.
El brindar la asesoría jurídica nos ha hecho conscientes y de primera mano constatar las grandes brechas de desigualdad que existen en la capital poblana, donde por años, los gobiernos estatal y municipal han preferido ignorar la situación y negar la realidad que cientos de poblanos enfrentan.
Esta situación no ha cambiado, es insostenible y debe de ser remediada. Para lograrlo, es necesario generar un proyecto que permita realizar inversión pública para sacar adelante a nuestros barrios y con ello, garantizar los derechos que nuestra constitución consagra como lo son: el derecho a una vivienda digna y decorosa, acceso al agua, a un medio ambiente sano y que a través de la rehabilitación de aquellos inmuebles abandonados, se generen espacios de capacitación, recreación y de comercio para incentivar el desarrollo de los habitantes de esa zona y a su vez permita regresarle la vida a nuestros barrios.
Como sociedad no podemos permitir que una parte de nuestra población sea condenada al rezago, ya que, de no ejercer ninguna acción, estaremos aceptando ser un país que se mantendrá en el eterno subdesarrollo por ignorar a miles que piden a gritos les sean atendidas sus legítimas demandas.
Frente a los retos que enfrentamos como sociedad, no podemos darnos el lujo de tener gobiernos que prioricen subejercicios presupuestales y la polarización de nuestra sociedad, con el perverso objetivo de conservar el poder en la próxima elección.
Hoy más que nunca, tenemos que hacer barrio y generar condiciones de desarrollo para todas y todos.
