Desde hace ya varios años, mucho se ha hablado sobre la necesidad de replantear el pacto fiscal que rige la relación presupuestaria entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el objetivo de eliminar las cada vez más frecuentes fricciones entre los distintos niveles de gobierno.
Las tensiones señaladas, se han agudizado aún más en la administración que encabeza la autodenominada cuarta transformación, principalmente por el reclamo de un grupo cada vez más amplio de gobernadores que se ha denominado así mismo como la “Alianza Federalista” Los integrantes de la Alianza señalan que la asignación presupuestal es desproporcional y que la misma, está siendo utilizada por el actual régimen como una herramienta de presión y de control político para someter las voces que no coinciden con las decisiones políticas y económicas que se toman.
La creciente inconformidad descrita en párrafos anteriores demuestra que, en nuestro país, a pesar de que nos ostentamos como un régimen federal, este ha demostrado ser deficiente, siendo la centralización del sistema de coordinación fiscal la principal razón y de la cual, podemos señalar las siguientes problemáticas a resolver:
1.- La centralización en la recaudación de los recursos y falta de claridad de competencias entre los niveles de gobierno, así como la desproporción al momento de distribuir los recursos;
2.- La fragilidad de las finanzas públicas por la incapacidad de incrementar la base de recaudación y;
3.- La falta de una cultura democrática que mantiene al gobierno y a los ciudadanos desvinculados en la vigilancia y toma de decisiones en materia de ejercicio presupuestal.
Con base en lo anteriormente señalado y partiendo de lo planteado en el primer inciso, debemos de entender que el objetivo que persigue cualquier sistema federal es el de descentralizar el poder. Sin embargo, en el tema hacendario, México ha hecho todo lo contario, ya que, en un principio los gobiernos locales contaban con un buen número de las facultades recaudatorias, que con el paso de los años, gracias a reformas constitucionales y a sentencias emitidas por la autoridad judicial, esas mismas facultades también le fueron otorgadas a la Federación, generando un problema de fiscalización, ya que los ciudadanos, no sabemos qué nivel de gobierno es competente para prestar un determinado servicio por la falta de claridad cuando se trata de facultades concurrentes.
Como consecuencia de lo anterior, podemos observar que los gobiernos locales, han abandonado sus facultades recaudatorias dejando a la Federación la tarea de cobrar la mayor cantidad de impuestos, quien ha recaudado en promedio el 92% de los recursos en la última década, mientras que los gobiernos locales (estados y municipios conjuntamente) únicamente han recaudado el 8% de los mismos.
Para resolver esta primera problemática, es necesario llevar a cabo tres acciones: (i) reformular la forma a través de las cuales se asignan las participaciones y aportaciones federales; (ii) que los Estados y municipios, poco a poco comiencen a robustecer su propio sistema tributario y con ello, obtener mayor autonomía presupuestal para no ser dependientes del humor del gobierno federal en turno y; (iii) de igual manera, es necesario restructurar de fondo las facultades concurrentes entre los tres niveles de gobierno y únicamente mantener como facultades compartidas aquellas que sean estrictamente necesarias.
Tal y como señala nuestro segundo inciso, las finanzas públicas de nuestro país se encuentran sostenidas con alfileres, ya que, mientras en promedio los países de la OCDE recaudan sobre un 34.3% en relación con su producto interno bruto (PIB), en México apenas y recaudamos el 16.1%, situación que se agrava por el envejecimiento de nuestra población, la mala administración gubernamental y la falta de voluntad política para convocar a una convención fiscal que permita generar un sistema fiscal capaz de vincular a la Federación y a los gobiernos locales en la actividad recaudatoria.
Esta debilidad presupuestal, es en parte la causante de las fricciones entre los niveles de gobierno, ya que, por un lado, tenemos un gobierno federal que a través de actores formales e informales (superdelegados y siervos de la nación) pretende quedarse con recursos que antes se les entregaban a los gobiernos locales, quienes por esta decisión impuesta desde la Federación, argumentan tener problemas para cumplir con la prestación de ciertos servicios públicos.
Lo anterior ha propiciado la exigencia por parte de la Alianza Federalista, para que se dé una redistribución proporcional de la asignación de recursos en favor de sus Estados, con base en la aportación que cada Estado realiza a la Federación, aludiendo que, en caso de no ser escuchados, la consecuencia sería el rompimiento del pacto fiscal, situación que comprometería la prestación de servicios públicos para los Estados más rezados, acrecentando así la brecha de desigualdad que impera en nuestro país y dejando vulnerables a millones de personas.
Para evitar el rompimiento, es necesario convocar a una convención fiscal, con el objetivo de que se logren acuerdos que permitan lo siguiente: (i) crear un legislación fiscal amigable con el contribuyente para que este pueda pagar sus impuestos con facilidad y; (ii) conciliar sobre el ejercicio del gasto público y se acuerde una asignación de los recursos equitativa, que permita a cada Estado recibir lo justo, sin que esto implique condenar a ninguna entidad al rezago permanente; a su vez, la convención deberá fomentar que los gobiernos locales, desarrollen una estrategia para que tanto los Estados como los municipios de manera paulatina robustezcan su sistema recaudatorio.
Tomando en cuenta lo anterior, llegamos a nuestro tercer y último inciso, en nuestro país tenemos una fuerte desvinculación entre el gobierno y los ciudadanos. Esta lamentable situación, es en gran medida la culpable entre muchos otros males que nuestro sistema federal sea deficiente, ya que, a diferencia de otros países, en México no hemos fomentado de manera suficiente y oportuna la participación ciudadana; los mexicanos, no hemos querido involucrarnos en la vigilancia y toma de decisiones, y nos hemos conformado con una muy pobre participación al momento de salir a votar cada vez que se presenta el proceso electoral.
Por ello, y para dar una solución real al tema hacendario de nuestro país, tenemos que redefinir nuestra cultura democrática, los mexicanos debemos de ser conscientes que para que exista un pacto fiscal que funcione, este no debe únicamente consistir en la reasignación de recursos de un nivel de gobierno a otro. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de articularnos y desconcentrar las estructuras enquistadas, a través de las cuales un pequeño grupo de personas ha estado tomando las decisiones; hoy más que nunca debemos ser partícipes de la vigilancia presupuestal y de la rendición de cuentas.
Para lograr un verdadero pacto fiscal integral que no solo consista en reasignar los recursos, es necesario delimitar los ámbitos de competencia entre los niveles de gobierno definiendo las actividades que cada uno realizará, eliminar la discrecionalidad en la transferencia de recursos, crear sistemas tributarios locales que elimine la dependencia del gobierno federal y facilitar los espacios que permitan que los ciudadanos participemos en la construcción de presupuestos participativos para acceder mejores servicios públicos.
