Al parecer los morenistas y sus aliados en el Congreso son de memoria selectiva y se han convertido en aquello que juraban destruir. Alguien debería recordarles que, tanto en nuestro país como en nuestro Estado, transitamos de un régimen profundamente autoritario a uno democrático, gracias a las reformas en las que se establecieron reglas claras que permiten que las contiendas electorales sean equitativas, con el firme objetivo de evitar que el partido que se encuentre en el poder, no tenga las de ganar por el simple hecho de ser gobierno.
Con la reforma aprobada, Morena pretende minar la posibilidad de alternancia en el Congreso del Estado y presidencias municipales, evitando con ello, se establezcan los contrapesos que son esenciales para que exista una auténtica democracia y en su lugar, busca favorecer al partido oficial para así conservar la mayoría de los municipios y la mayoría en el Congreso del Estado, con la finalidad de mantenerlo sometido a la voluntad del ejecutivo estatal.
La mayoría de los poblanos esperaríamos que nuestros diputados, estuvieran generando un plan de acción para hacer frente a la crisis económica originada por la contingencia sanitaria y garantizar el apoyo de equipo médico al personal de salud, que día con día se enfrenta con múltiples carencias al COVID-19. Lamentablemente, como ha quedado demostrado, la prioridad para el gobierno de Puebla es ganar la elección de 2021 a toda costa.
Por tal razón, con esta reforma pretenden blindarse de un revés que parece inevitable en los próximos comicios, que tiene su origen en los pésimos resultados que colocan al Gobierno de Puebla como el peor calificado del país. Ante este escenario, Morena quiere por las malas establecer una elección de Estado, limitando la operación política electoral de los partidos y de sus candidatos, sin mencionar a aquellos que pretendan participar por la vía independiente con el objetivo de vulnerar la democracia y favorecer a sus candidatos.
¿Cómo vulnera esta reforma electoral la democracia de Puebla?
1.- Elimina la figura del “Gran Perdedor”
Eliminar la figura del Gran Perdedor, sin duda no favorece a la democracia, toda vez que el espacio que ocupaba el Gran Perdedor, ahora será ocupado por un plurinominal de una fuerza política con menor representación y legitimidad, que la que obtuvo el diputado que quedo en segundo lugar (en ocasiones con una votación superior a la que muchos diputados ganadores en otros distritos), es decir, se está privilegiando darle la posición a un partido con menos votos, justificando dicha decisión en brindar espacio a un mayor número de corrientes políticas minoritarias, que lo que verdaderamente esconde, es la intención de controlar mediante la presión del gobierno estatal a dicha fuerza política minoritaria.
Asimismo, eliminar la figura es una gran contradicción, ya que el autor de esta propuesta (Biestro) llegó a su curul por la vía plurinominal, es decir, NADIE lo eligió, mientras que el diputado que llegaba a través de la figura del “Gran Perdedor” si era votado por un número importante de ciudadanos, y consecuentemente la eliminación de esta figura, es contrario al principio que busca que la mayor cantidad de ciudadanos sean debidamente representados a través de los diputados.
2.- Eliminación de Propaganda
La propuesta se sustenta bajo la ya conocida austeridad republicana y bajo la victimización eterna de lo ocurrido en la elección de 2018, donde el gobernador Barbosa acusó desigualdad en la difusión de propaganda en relación con la exgobernadora del PAN Martha Erika Alonso. Bajo estos deficientes argumentos, la reforma impide que los candidatos de otros partidos puedan aparecer en propaganda en revistas, espectaculares, periódicos y en cualquier otra infraestructura urbana, lo que hace evidente la tramposa idea de colocar en desventaja a los candidatos de la oposición respecto a los candidatos de su partido.
Lo anterior, considerando que esta disposición niega el acceso a los candidatos de oposición a espacios legítimos que por ley podrían utilizar para promocionar su imagen frente a la ciudadanía, así como su intención de ser elegidos como sus representantes; mientras que los candidatos de Morena, utilizan la propaganda oficial y a su vez están montados sobre el caballo de la hacienda pública que a pesar de que lo nieguen, si coacciona la voluntad de un sector importante de los votantes que son beneficiarios de los programas sociales.
3.- Restringir las Coaliciones Parciales o Flexibles con Partidos de Nueva Creación
La reforma impide que los partidos políticos locales, puedan realizar coaliciones con los partidos nacionales, así como evitar que los partidos locales y nacionales de nueva creación puedan formar frentes, fusiones o postular candidaturas en común con partidos locales y nacionales existentes. Esto claramente pretende atomizar el voto entre las diferentes fuerzas políticas de oposición al electorado, con la finalidad de que el partido oficial mantenga su mayoría gracias a la base electoral construida a partir de los programas sociales y que la atomización del voto sea suficiente para ganar, aunque el apoyo de Morena se vea reducido.
4.- Vulnerar la Autonomía del Instituto Electoral del Estado (“IEE”)
A través de la reforma, se retira la facultad del IEE para proponer la terna para designar a su contralor interno, y ahora será el Congreso del Estado quien lo designe. Esta modificación, vulnera la autonomía del IEE, pues al ser el Congreso quien realizará este nombramiento, se presume un claro sometimiento de la voluntad del contralor al partido que domine el Congreso que en este caso sería Morena.
Frente a esta circunstancia, la persona designada por el Congreso protegería los intereses de Morena y fungirá como inquisidor del resto de los partidos a través de las auditorias, y en caso de ser necesario desde ahí cocinarían la elección de Estado, pues bajo la identificación de errores financieros, podrían buscar anular las elecciones en las que no resultaren vencedores.
5.- Candidaturas Independientes
Los diputados nuevamente al igual que ocurría en las administraciones anteriores, se negaron a reducir los requisitos para poder aspirar a ser candidato independiente, lo que demuestra un claro rechazo a la legitima exigencia de flexibilizar los requisitos para que los ciudadanos puedan encontrar una alternativa para participar y con ello ciudadanizar la política.
Por lo anteriormente expuesto, se demuestra que esta reforma tiene la firme intención de atacar la democracia de Puebla. El ejecutivo estatal es consciente del riesgo que existe de perder la elección y por ello, ha promovido, a través de sus lacayos en el Congreso, una reforma que vulnera la participación democrática e inclina la balanza en favor del partido oficial.
Hoy más que nunca, es de suma importancia que los partidos de oposición busquen una alianza real con la ciudadanía y que a su vez acudan a las instancias legales pertinentes para dar marcha atrás a las claras violaciones constitucionales que conlleva la aprobación de esta reforma electoral y con ello evitar que se materialice la imposición desde Casa Aguayo de una Elección de Estado.
