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El gobierno de Rafael Moreno Valle se ha encargado de acallar, acosar y hasta a condenar a la prensa crítica, opositora. Desde complots comerciales, informativos, hasta amenazas de denuncias por daño moral o sentencias millonarias sin derecho a que los periodistas se puedan defender. La libertad de expresión en Puebla está en vilo.
Hace unas horas el presidente del Tribunal de Justicia de Puebla, Roberto Toledano, confirmó que el Juzgado Segundo de lo Civil sentenció al periodista Alejandro Mondragón por daño moral contra la empresa Prosfer Corporation que ha sido beneficiada por la administración actual.
La denuncia fue presentada por la empresa, la cual argumentó que debido a las publicaciones del periodista, perdió contratos por hasta 2.5 millones de pesos. Misma (absurda) sanción que impuso la jueza contra el periodista.
Alejandro Mondragón publicó en su columna “Al portador” de Grupo Editorial Status que la empresa experta en comunicación visual ha obtenido campañas gubernamentales sin licitación de por medio y que además, fue creada 16 días después de que Moreno Valle asumiera la gubernatura en la entidad poblana.
El periodista no emitió otro tipo de señalamientos ni acusó a la empresa de algún delito. El periodista sólo enlistó los contratos obtenidos desde 2012 al 2013 y nada más.
Hoy por eso, el periodista —quien ni siquiera tuvo el derecho de defenderse de las imputaciones— goza de una condena absurda y estratosférica.
¿Si un medio comunicación publica los contratos que ha ganado una empresa con determinado gobierno, es objeto de una denuncia?
Es como si Grupo Higa pretendiera denunciar a Carmen Aristegui y compañía por publicar los beneficios que ha obtenido en el peñismo y por ser los propietarios de la dichosa Casa Blanca.