La concesión por 10 años de paraderos, puentes y pendones generó polémica entre el ayuntamiento de Puebla y el gobierno estatal. Mientras Eduardo Rivera dice que solo necesita la autorización del Cabildo, el gobernador Miguel Barbosa sustentó jurídicamente que necesita el aval del Congreso.
La polémica inició el pasado 28 de marzo, cuando se hizo pública la licitación para usufructuar diferentes espacios públicos para uso publicitario.
Se estipuló que la empresa ganadora atendería dicha labor por 10 años, en los que generaría 2.2 millones de pesos de manera anual, que es 1.2 millones más que el año anterior.
El gobernador rechazó la licitación únicamente por el periodo del contrato, al considerar que extender por tantos años un servicio con una misma empresa, era una forma de buscar controles políticos con el aprovechamiento de bienes de dominio público.
Este 29 de marzo, en su conferencia mañanera, Barbosa y su consejero Jurídico sustentaron por qué la concesión de los paraderos debe pasar por la aprobación del Congreso, mientras que la administración municipal insiste en que solo necesita el aval del Cabildo, situación que comenzó la polémica.
Barbosa pide reducir el periodo de la concesión para evitar disputa
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a la administración municipal a reducir el periodo de la concesión de la publicidad en los paraderos.
Esto con la finalidad de que abarque únicamente el tiempo que queda del ayuntamiento actual y máximo la mitad del siguiente, para que los gobiernos próximos tengan la oportunidad de revisar y renovar los contratos respectivos para la concesión en paraderos, sin generar una polémica.
Indicó que revisaría si el ayuntamiento tenía atribuciones para generar un contrato por una década, pues consideró que lo honorable es que las concesiones se otorguen por el tiempo que dure el periodo gubernamental.
Eso de 10 años son tres ayuntamientos, vamos a ver las atribuciones para ello, pero lo honorable para el poder público es por el tiempo que dure el periodo gubernamental, pero sí es más allá, no más del 50% el otro periodo, para que el siguiente gobierno pueda revisar la concesión”.
Barbosa acusó que desde las administraciones pasadas hubo irregularidades en la entrega de concesiones, pues había una empresa denominada Clear Channel, que fue contratada sin que nadie los conociera.
De ahí su petición para reducir la concesión de los paraderos y terminar con la polémica.
Había una concesión de esto de los Clear Channel. ¿Quién los conocía? Nadie los conocía, ahora capaz que van a entregarle a Clear Channel por otros 10 años”.
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Ante la insistencia por parte del gobierno de Lalo Rivera para que la concesión sea de 10 años, el 29 de marzo Barbosa sustentó jurídicamente, mediante el titular de la Consejería Jurídica del estado, Carlos Palafox Galeana, que el Poder Legislativo podía intervenir al tratarse de un contrato con una duración mayor al periodo para el cual fueron electos.
Para conservar ese interés colectivo esa propiedad común de los poblanos debe colegirse no solamente al interior del cabildo, sino también con la autorización del Congreso, toda vez que excede el periodo constitucional de los integrantes del cuerpo edilicio”.
Barbosa indicó que nunca el Código Fiscal de un municipio estará sobre la Constitución, ni sobre la Ley Orgánica, y anunció que presentará una reforma ante el Congreso para limitar el periodo de las concesiones en los municipios, y que éstas sólo puedan exceder la mitad de la siguiente administración.
Consideró que la intención del Ayuntamiento de Puebla es buscar controles políticos con el aprovechamiento de bienes de dominio público, prácticas que venían desde el gobierno estatal que encabezó Rafael Moreno Valle, donde hubo concesiones de 20 o 30 años, como sucedió con la publicidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). Contrató que le impidió colocar propaganda sobre su toma de protesta.
Incluso, el mandatario mandó un mensaje a Lalo Rivera, “¿No que íbamos a ser diferentes?”, pues al inició de la administración municipal, se comprometió a trabajar en coordinación con el estado, sin generar conflictos políticos.
Lo que están considerando es uso y aprovechamiento de espacios de dominio público para fines de publicidad, no privados, hay que ajustarnos a la ley, ¿no? ¿No íbamos a ser diferentes? He instruido al consejero jurídico qué pasa cuando la concesión es mayor al plazo de la autoridad que lo otorga, hay que regularlo”.
Lalo Rivera asegura tener facultades para concesionar los paraderos más allá de su trienio
El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez salió a refutar las declaraciones del gobernador. Dijo que la Constitución local como la Ley Orgánica Municipal, le otorga facultades al ayuntamiento para poder entregar concesiones de los espacios publicitarios por un período superior al del trienio que ejerce.
Lo anterior, de acuerdo al artículo 57 fracción VII de la Constitución, que otorga facultades al Congreso para aprobar la enajenación de bienes y los contratos con una duración mayor al periodo del ayuntamiento.
Asimismo, explicó que el marco normativo del municipio de Puebla, específicamente en el artículo 82 del Código Fiscal y Presupuestario, establece que la concesión constituye un acto administrativo de carácter discrecional y que se materializa una vez que es aprobado por el Cabildo.
Aseguró que el actuar del gobierno municipal siempre es con fundamento legal, pues hizo un análisis antes de tomar esta decisión por la figura jurídica que se tiene. Sin embargo, dijo estar dispuesto a platicar con los diputados para acordar que se mantenga la concesión de los espacios publicitarios por 10 años.
Sergio Salomón dice que la concesión de los paraderos debe pasar por el Congreso
A su vez, el presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicó que Rivera Pérez sí debe rendir cuentas al Legislativo sobre la concesión de 10 años de los espacios publicitarios en paraderos de Puebla capital, ya que la Ley establece que ellos deben aprobarlo.
Explicó que es “obligación” de los legisladores revisar el caso, ya que “se estaría nuevamente condenando a diferentes periodos y a diferentes ejercicios” por el tiempo que dura la concesión. Además, consideró que la interpretación de Eduardo Rivera a la Ley podría ser errónea.
Hay una serie de interpretaciones de la Ley, sin embargo, es muy importante apegarse al estado de derecho, generar máxima transparencia, y si es necesario que las concesiones vayan al Congreso para generar máxima transparencia, hay que hacerlo”.
Señaló que si la licitación es para beneficiar a la ciudadanía y mejorar los servicios, entonces el ayuntamiento no tendría conflicto en transparentar y en permitir que el Congreso haga una revisión sobre los espacios publicitarios en los paraderos de Puebla.
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