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Las últimas reformas de Miguel Barbosa Huerta como gobernador de Puebla no tienen fecha de aprobación. No es por falta de interés, sino porque el Congreso del Estado debe llevar a cabo las consultas ciudadanas, cuya realización es incierta.

El mandatario poblano ya no pudo presenciar los cambios al Poder Judicial que el 20 de diciembre aprobó la LXI Legislatura, en una suerte de homenaje y compromiso que la bancada de Morena tenía con quien llaman su “mentor político”.

Estas modificaciones para lograr la destitución de jueces y magistrados por conflictos de intereses, fueron de las últimas reformas que Miguel Barbosa pudo entregar. Esto antes de su fallecimiento el 13 de diciembre.

Antes, el entonces mandatario logró la aprobación de otras iniciativas, cuya promulgación fue detenida por la obligatoriedad de hacer consultas ciudadanas. Esta establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La falta de protocolos sobre dichas consultas y el tiempo que implica su realización, dejó suspendida la aplicación de estas iniciativas y la aprobación de nuevas reformas. A pesar de que algunas son de gran relevancia, como la regulación de anexos; mejorar la atención a la salud mental en Puebla y la Ley de Movilidad.

En junio del 2022, la Corte tiró las modificaciones a la Ley de Salud Mental, propuestas por Miguel Barbosa, los cuales, habían sido aprobadas por el Congreso del Estado un año antes.

Estos cambios, plantearon un trato distinto a las personas con trastornos mentales, enfocándose en los derechos humanos. No obstante, también contemplaban que cualquier poblano fuera recluido en un hospital psiquiátrico, en contra de su voluntad.

La SCJN determinó que el Legislativo no podía aprobar esto, ya que primero, debían hacer una consulta con los sectores involucrados, para determinar si estaban a favor o no de estos cambios, por lo que dichas modificaciones fueron anuladas.

Las últimas reformas de Miguel Barbosa que están detenidas

Este mismo criterio se aplicó en la creación del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, que fue creado en 2020 para “definir, ejecutar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de sus derechos”.

Como ocurrió con la Ley de Salud Mental, la SCJN consideró que estas disposiciones afectaban a las comunidades. Pues dicho Instituto pretendía incidir en ellos de forma directa, sin haberlos consultado.

En el mismo estado están las otras modificaciones de Miguel Barbosa a la Ley de Educación que la Corte declaró como inconstitucionales. Las cuales, están enfocadas a ampliar los derechos educativos de las comunidades indígenas, migrantes y afromexicanas.

Para que todas estas reformas que presentó el exgobernador Miguel Barbosa tengan validez, el Congreso del Estado debe avanzar con las consultas.

Este proceso de consultas también tiene detenida a la Ley de Movilidad del exmandatario. Debido a que la SCJN ya había anulado las reformas anteriores, el Congreso del Estado frenó la discusión de esta ley. Esto hasta hasta que se lleven a cabo las consultas con los sectores involucrados.

De manera especial, los colectivos han insistido en dar velocidad a este proceso para la Ley de Movilidad. Tras los constantes accidentes viales y la falta de planificación de vialidades que prioricen al peatón y a métodos alternativos de traslado.

A su vez, el Legislativo solo pudo aprobar a medias la regulación de los anexos. Para la reforma integral que planeó Miguel Barbosa, los diputados deben consultar con el sector involucrado. Solo aprobaron aumentar las penas contra los establecimientos que no tengan permisos.

También, queda pendiente que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina envíe las últimas reformas de Miguel Barbosa, enfocadas al Poder Judicial. En cuanto el Congreso del Estado las reciba, darán velocidad a su discusión, según adelantó el presidente del Legislativo, Eduardo Castillo López.

Consultas, a paso lento y con dificultades en la aplicación

Desde que era presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes expuso las dificultades que tenían para aplicar este procedimiento, al ser la primera vez que la Corte se los ordenaba. Las consultas no se hicieron en 2022, por falta de presupuesto. Para este año, el Legislativo etiquetó 11 millones de pesos.

No obstante, esto no zanja las dificultades de su realización. Los diputados involucrados en cada una de las consultas, deben trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y federales.

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La Comisión de Educación ha sido la primera en iniciar los trabajos con las comunidades indígenas. Su presidenta, Xel Hernández García, expuso que ya estaban trabajando en las localidades de San Felipe Otlaltepec, San Marcos Tlacoyalco y San Pablito Pahuatlán, para sacar adelante la reforma a la Ley de Educación que propuso Miguel Barbosa.

El pasado 8 de enero, estimó que la consulta concluiría antes de julio, por lo que durante los meses restantes del 2023 podrían votar de nuevo las modificaciones a la Ley de Educación y finalmente aprobarlas.

Sin embargo, aún se desconocen los trabajos que han hecho el resto de las comisiones que tienen entre sus manos las últimas reformas de Miguel Barbosa.

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