A más de año y medio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara la aplicación de consultas ciudadanas en Puebla para validar reformas, el Congreso del Estado iniciará a partir del 9 de enero los trabajos para aplicarlas, las cuales esperan concluir antes de julio.
La presidenta de la Comisión de Educación, Xel Hernández García indicó que las mesas de trabajo empezarán en las comunidades indígenas de San Felipe Otlaltepec, San Marcos Tlacoyalco y San Pablito Pahuatlán.
A estas reuniones, acudirán autoridades municipales y de las juntas auxiliares aledañas, pues aprobarán los protocolos de consulta indígena que se aplicarán durante los meses próximos “para ya tener resultados antes del mes de julio”.
La diputada de Morena precisó que, con las consultas ciudadanas, podrían presentar al Congreso de Puebla las reformas que fueron anuladas por la SCJN durante el Segundo Periodo Ordinario.
Para celebrar estas consultas ciudadanas de Puebla, subrayó que capacitarán a los operadores. También, el Legislativo ha tenido comunicación con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Poblano de Discapacidad.
Xel Hernández subrayó que esto es posible por los 11 millones de pesos que el Ejecutivo etiquetó al Congreso del Estado para la realización de las consultas ciudadanas pendientes. Calificó como un “proceso histórico” esta nueva etapa, donde el Legislativo debe socializar las reformas que involucran a determinados sectores.
Es un proceso histórico. No se ha hecho nunca antes en Puebla. También hay pocas experiencias en el plano nacional (…) Ha sido un esfuerzo de un equipo muy grande y de una movilización muy amplia”.
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¿Por qué habrá consultas ciudadanas en Puebla?
Esta aplicación fue ordenada por la SCJN en distintas reformas que realizó el Congreso del Estado, debido a que no consultaron las iniciativas con las poblaciones a las que iban enfocadas, evitando así que los involucrados decidieran qué tanto les beneficiaban.
Bajo esta línea, el 8 de junio del 2022, la Corte declaró como inconstitucional varios apartados de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se establecía la existencia del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
Los magistrados anularon la conformación de dicho órgano, aprobado por el Congreso del Estado en 2020, debido a que se pretendía incidir en estas comunidades de forma directa sin la aprobación de los grupos indígenas.
Por otra parte, el 25 de mayo del 2021, la SCJN anuló nueve artículos de la Ley de Educación, éstos se avalaron el 15 de mayo del 2020 por la LX Legislatura del Congreso.
Siendo una propuesta del exgobernador, Miguel Barbosa Huerta, que fue impugnada por 13 diputados de oposición y por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Dichos artículos iban enfocados a garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos de todas las personas y comunidades indígenas, migrantes y afromexicanas, pese a que no fueron consultados.
Quedan pendientes las consultas para validar artículos de la Ley de Salud Mental y la promulgación de la Ley de Movilidad en Puebla.
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