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La justicia podría alcanzar a más implicados en el caso del ex auditor, Francisco Romero Serrano, pues ahora investigarán a los auditores externos y alcaldes vinculados al entonces titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) cobrara moches.

Fuentes al interior de la ASE, informaron a CENTRAL que la investigación contra Romero Serrano –que llevó a su detención el pasado 25 de febrero— se extenderá a los auditores externos y a los presidentes municipales ligados al exauditor.   

La noche del 1 de marzo, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo en las oficinas de la ASE para resguardar material probatorio en contra de Romero Serrano y evitar que información importante sea destruida.

Los auditores externos se encuentran en la mira de las autoridades, pues varios despachos y los propios fiscalizadores supuestamente se prestaron para “limpiar” las cuentas públicas de los presidentes municipales a cambio de pagar millones de pesos.

CENTRAL publicó que, al menos cinco auditores externos fueron favorecidos por Romero Serrano. Ya que  fueron integrados al padrón sin cumplir con los requisitos indicados en la convocatoria, son personas cercanas al auditor recientemente suspendido de su cargo.

Los beneficiados fueron los quintanarroenses José Maximino Muñoz Lara y Miguel Ángel Castillo Castillo, así como Grupo Jus S.C., Maldonado Jurado Asociados S.C., y Soluciones Profesionales Modernas S.C.

Este medio de comunicación buscó en la Plataforma Nacional de Transparencia los contratos que recibieron los auditores externos favorecidos con su registro en el padrón y detectó un total de siete que suman 5 millones 151 mil pesos.

Los auditores externos son un grupo de profesionales autorizados por la ASE para auxiliar al órgano de fiscalización con las tareas que le competen, como la revisión de cuentas públicas. Por esta razón, se contratan sus servicios en municipios y órganos que reciben recursos públicos.

Auditores externos favorecidos por Francisco N. recibieron contratos por 5 mdp

Aunque no hay certeza de que sólo recibieran estos contratos desde que Francisco N. comenzó a ser auditor superior, en la Plataforma Nacional de Transparencia hay publicados un total de siete que suman 5 millones 151 mil pesos.

En el caso de Miguel Ángel Castillo Castillo, sólo hubo un contrato por un millón 2 mil 240 pesos para el servicio de auditoría externa durante 2020.

El despacho de Maldonado Jurado Asociados S.C., cuyo representante legal es Juan Manuel Maldonado Calderón, tiene tres contratos para auditoría externa, uno es para el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan en 2020 por un millón 440 mil pesos.

Los dos restantes se firmaron con el Ayuntamiento de Puebla a través del Sistema Municipal DIF, el del ejercicio fiscal 2020 tuvo un costo de 281 mil 400 pesos y el correspondiente a 2021 un precio de 234 mil pesos.

Soluciones Profesionales Modernas S.C., despacho a cargo Antonio Sánchez López, tiene tres contratos por el servicio de auditoría externa: para el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan con un millón 400 mil pesos, el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla con 155 mil pesos y el Poder Judicial con 899 mil pesos, todos se firmaron en 2021.

Un modus operandi a investigar

Para poder cobrar los moches a los entes fiscalizados, Francisco N. tenía a una persona de confianza, el ingeniero Fausto Díaz Abascal, quien organizaba y cobraba por las auditorías en municipios y organismos.

Fausto Díaz Abascal es director general de Corporativo de Asesoría Normativa y Construcciones S.A. de C.V., despacho autorizado para hacer auditorías externas. Uno de sus ex colaboradores narró a CENTRAL que desde esa empresa operaron cerca de 25 auditorías en 2020, por las que los presidentes municipales pagaron millones de pesos.

El ex colaborador explicó que, desde Corporativo de Asesoría Normativa y Construcciones S.A. de C.V., se hicieron las auditorías externas, pero muchas de éstas salieron a nombre de otros despachos y a cada uno se le dio el proporcional del pago.

“El ingeniero Fausto Díaz hace las auditorías, cobra y reparte”, es el supuesto modus operandi de una de las personas de confianza que tenía Francisco N.

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