Con los nuevos cambios, el esfuerzo por mejorar el sistema judicial de Puebla apenas va en su primera etapa. Pues pese a la aprobación, aún resta que los Cabildos avalen la modificación constitucional.
Con esto, deben hacerse reformas secundarias y definir los protocolos para la destitución de magistrados que incurran en conflictos de intereses, la reparación del daño, y demás candados contra el nepotismo y la corrupción.
El 6 de octubre, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Esta plantea la posible destitución de magistrados y jueces que incurran en conflictos de intereses y otras irregularidades en sus fallos, en perjuicio de las personas.
La llamada “gran reforma” de la LXI Legislatura también contempla que los poblanos afectados puedan acceder a una reparación del daño, cuando se impida su acceso a la justicia. Es un problema frecuente en el sistema judicial, expuesto por Miriam Vázquez, la madre que sufrió el abuso de jueces corruptos cuando buscaba proteger a sus hijas de su expareja.
Sin embargo, la aprobación solamente fue el primer paso, resta la entrada en vigor de los cambios al Sistema Judicial de Puebla. Los cuales podría retrasarse hasta mediados del 2023. Dependiendo la validación de los Cabildos y la creación de protocolos para proceder con la destitución y la vigilancia de funcionarios públicos, dentro del Poder Judicial.
Los pasos a seguir
La presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruíz indicó que el primer paso será enviar las reformas a los 217 ayuntamientos. Pues toda modificación a la constitución debe ser validada por los Cabildos.
En entrevista, indicó que se requiere el aval del 50% + 1, para que las modificaciones sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE) entren en vigor. Cabe destacar que la fecha de la publicación, dependerá de la celeridad de los Cabildos en aprobar los cambios al Sistema Judicial de Puebla.
Explicó que, a partir de entonces, iniciará un periodo 120 días para que el Poder Judicial elabore los manuales y protocolos para definir cómo proceder con las sanciones y destituciones de magistrados. Sumado a que podrían presentar reformas secundarias.
Posteriormente, conoceremos la Ley Orgánica, la ley de la Sala Constitucional, la ley del Consejo de la Judicatura, y vendrán aquellos procedimientos específicos donde podremos realmente conocer si es que esos procedimientos serán suficientes para que la ciudadanía obtenga justicia”, comentó.
Periodo servirá para definir qué funcionarios deben ser sancionados o destituidos
En el Séptimo artículo Transitorio de la reforma a la Constitución local, se establece que el Consejo de la Judicatura tendrá hasta 120 días posteriores a la aprobación para iniciar los procedimientos contra los servidores que cometan conflictos de interés.
El Consejo de la Judicatura tendrá un plazo máximo de ciento veinte días para instrumentar las medidas necesarias a fin de iniciar procedimientos de remoción a todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, que se encuentren impedidos para prestar sus servicios en la adscripción que tengan. Considerando cualquier vínculo o situación que comprometa o afecte una libre y transparente relación de trabajo, garantizando los derechos de audiencia y presunción de inocencia”, señala la modificación aprobada.
MANTENTE AL DÍA CON TODO LO ÚLTIMO EN NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
Dicho tiempo también servirá para que los funcionarios públicos del sistema judicial de Puebla entreguen una declaratoria pública de interés, en la que se compruebe que no tengan parentesco con otros funcionarios. Estas relaciones son constantes para manipular un juicio a favor de alguna de las partes.
A su vez, deben definir los protocolos para evitar que magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura se reúnan “con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales, para tratar los asuntos jurisdiccionales en los que participen”, como señala la reforma al artículo 86 de la Constitución estatal.
La reforma también abre la posibilidad de destituir al presidente del Poder Judicial. Este cargo actualmente lo ostenta Héctor Sánchez Sánchez, quien ha sido relacionado con el ex gobernador del PAN, Antonio Gali Fayad.
Al respecto, presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes, aseguró que la propuesta de Miguel Barbosa no está dedicada a Héctor Sánchez. “Esta gran iniciativa tiene una visión de justicia social”, comentó el 16 de octubre, día de la aprobación.
Te puede interesar:
dando clic en el periódico