En comisiones, los diputados del Congreso del Estado avalaron este martes la reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta para prohibir la construcción de asentamientos irregulares en Puebla, dentro de zonas de alto riesgo. Se castigaran con hasta 15 años de prisión a los funcionarios que autoricen u omitan estos hechos.
Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Procuración de Justicia, Protección Civil y Desarrollo Urbano, aprobaron una serie de modificaciones, para definir la competencia de autoridad sobre este tema.
La diputada de Morena, Yolanda Gámez Mendoza, expuso que la ocupación irregular es un fenómeno que en parte se debe a engaños de quienes ofrecieron estos espacios. También, que esta práctica es “herencia” de pasados gobiernos, que brindaban dichos lugares como premio político, pese a saber las peligrosas condiciones.
La propuesta busca modificar el artículo 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Para prohibir asentamientos en zonas donde haya infraestructura energética o en áreas federales, que sean catalogadas de alto riesgo. De esa forma, se evitarían siniestros como la explosión de San Pablo Xochimehuacán, provocada por una fuga en una toma clandestina de Gas LP.
Están prohibidos los asentamientos humanos de cualquier índole, en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales, así como en las zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño”, precisa la reforma.
A su vez, las autoridades no podrán dar licencias, factibilidades, permisos u otras autorizaciones para los asentamientos irregulares en Puebla, incluidas las construcciones junto a ríos y barrancas.
Actualmente, este artículo 111 solo permite edificar en zonas peligrosas, en tanto exista un estudio de prevención de riesgos.
En el artículo 214, se propone que por oficio, los municipios estén obligados a avisar “a la autoridad competente para denunciar el asentamiento humano irregular. Y en su caso, determinar las acciones correspondientes”.
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Quienes habiten cerca de estos asentamientos, podrán exigir la suspensión, demolición o modificación de las construcciones que se estén llevando a cabo.
Van contra funcionarios omisos
La reforma de Miguel Barbosa también propone una modificación al artículo 199 Ter del Código Penal del Estado. Para fincar una pena de cuatro a diez años de prisión, así como una multa de 80 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). Equivalente a un monto de 7 mil 697 a 48 mil 110 pesos, contra los funcionarios públicos que:
Realicen actos u omisiones para alentar, autorizar, aprobar, otorgar, conceder y/o permitir la fundación de asentamientos humanos irregulares y/o en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda”.
Por otra parte, el artículo 199 Quater establece que la pena aumentaría hasta en una mitad, quedando de seis a 15 años. Cuando la construcción sea en zonas protegidas o de preservación ecológica.
En el artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, se plantea que dicho cuerpo cuide que los ayuntamientos no autoricen estás construcciones. De ser necesario, notificarían a las autoridades competentes para desalojar el área.
También, el artículo 53 permite que Protección Civil haga inspecciones y tome otras medidas de seguridad, como denunciar a las autoridades que hayan sido omisas por los asentamientos irregulares en Puebla.
La iniciativa se turnó al Pleno, para su discusión el próximo 20 de octubre, en sesión ordinaria.
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