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El gobernador Miguel Barbosa Huerta planea prohibir la construcción de asentamientos urbanos irregulares en Puebla, en zonas de alto riesgo. Los funcionarios que autoricen o sean omisos ante estás acciones, recibirían hasta 20 años de prisión.

Mediante una iniciativa presentada al Congreso del Estado, el mandatario poblano planteó una serie de reformas que precisan la competencia de cada autoridad en la materia.

Se propone modificar el artículo 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para prohibir asentamientos en zonas donde haya infraestructura energética o en áreas federales, que sean catalogadas de alto riesgo. Evitando así siniestros como la explosión de San Pablo Xochimehuacán, provocada por una fuga en una toma clandestina de Gas LP.

Están prohibidos los asentamientos humanos de cualquier índole, en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales, así́ como en las zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño”, indica la propuesta.

De igual manera, “ninguna autoridad podrá otorgar licencias, factibilidades, permisos o cualquier otra autorización relativa a la fundación de asentamientos humanos” en dichas vías, así como en ríos y barrancas.

Actualmente, el citado artículo solo permite construir en zonas peligrosas, en tanto exista un estudio de prevención de riesgos.

En el artículo 214 se plantea que, de manera oficiosa, los municipios tendrán la “obligación de dar aviso a la autoridad competente para denunciar el asentamiento humano irregular y, en su caso, determinar las acciones correspondientes”.

A su vez, quienes habiten cerca de los asentamientos urbanos irregulares en Puebla, podrán exigir la suspensión, demolición o modificación de las construcciones que se estén llevando a cabo.

Castigarán a funcionarios omisos

Para evitar que las autoridades municipales permitan la construcción de asentamientos urbanos irregulares en Puebla, Miguel Barbosa propuso modificar el artículo 199 Ter del Código Penal del Estado.

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Esto para imponer una pena de cuatro a 10 años de prisión, así como una multa de 80 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 7 mil 697 a 48 mil 110 pesos, contra los funcionarios públicos que:

Realicen actos u omisiones para alentar, autorizar, aprobar, otorgar, conceder y/o permitir la fundación de asentamientos humanos irregulares y/o en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda”.

En el artículo 199 Quater se define que la pena de prisión subiría hasta en una mitad, quedando de seis a 15 años, cuando la construcción sea en zonas protegidas, de reservación ecológica o en áreas no aptas para una vivienda.

Además, en el artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, se propone que dicho cuerpo vigile que los ayuntamiento no autoricen estás construcciones en zonas de riesgo. Y que, de ser el caso, notifiquen a las autoridades competentes para desalojar el área.

En el artículo 53, se propone que Protección Civil realice inspecciones, así como otras medidas de seguridad. También, denunciar ante las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de estos asentamientos urbanos irregulares en zonas de alto riesgo en Puebla.

La reforma de Miguel Barbosa fue presentada este jueves a la Mesa Directiva del Congreso, donde fue turnada a comisiones para su estudio.

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